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El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana; son los protagonistas del más reciente escándalo político y judicial del país. El alto funcionario denunció públicamente un supuesto abuso de poder por parte de la togada, quien ordenó el allanamiento de una de sus propiedades, según él, sin tener la competencia para hacerlo. La denuncia es tan delicada y el lenguaje del ministro tan fuerte, que la propia Corte Suprema tuvo que pedir públicamente respeto por sus funcionarios, mientras se adelantan averiguaciones sobre lo que realmente ocurrió en la propiedad del alfil del gobierno de Gustavo Petro.
La pelea de Benedetti con la magistrada Lombana no es algo nuevo. Desde hace años, la togada viene siguiéndole la pista en varios procesos desde el alto tribunal. Sin embargo, los cambios de puesto de Benedetti en el gobierno han llevado sus expedientes a un constante paso entre la Corte Suprema y la Fiscalía General. En el alto tribunal, por ejemplo, Benedetti le ganó la partida a Lombana en algunos procesos, logrando apartarla de los casos mediante recusaciones por, supuestamente, no dar garantías de imparcialidad. Aun así, lo ocurrido este martes sigue sin tener respuestas de fondo sobre la labor de la magistrada, que adelanta cuatro procesos en contra del político relacionados con corrupción y enriquecimiento ilícito.
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Desde las nueve de la mañana del martes, funcionarios de la policía judicial adscritos a la Corte Suprema de Justicia llegaron hasta una propiedad de Benedetti en Barranquilla (Atlántico). En el allanamiento, según el alto funcionario, estuvo presente personalmente la magistrada Cristina Lombana. Su esposa, Adelina Guerrero, aseguró que la togada abusó de su poder y la maltrató. “Me quitó mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera ‘calladita’, amenazó con capturarme y me intimidó con funcionarios del grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado”, escribió la mujer en redes sociales.
El propio ministro no ahorró palabras contra la magistrada. “Se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder”, dijo. Agregó que hace tres años dejó de ser senador: “No puede investigarme. Está recusada dos veces porque se demostró que trataba de incriminarme, según sus intereses”. Sin embargo, lo dicho por el ministro no es del todo cierto, pues desde mayo del año pasado, la propia Corte Suprema determinó que algunos de los casos en su contra sí pueden ser llevados por la Sala de Instrucción, pues habrían tenido lugar cuando Benedetti fue congresista.
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Tanto así que actualmente hay vigentes siete procesos en su contra, de los cuales cuatro están en el despacho de Cristina Lombana. Específicamente los casos que tiene bajo su lupa la única mujer de la Sala de Instrucción son los de presunto tráfico de influencias en servidor público por supuestos actos de corrupción al interior de la Fiduprevisora, el de supuesto concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito por presuntos favorecimientos a la empresa Simetric S.A. de su amigo Euclides Torres. También están los procesos por presuntos actos de corrupción relacionados con la electrificadora del Meta y la supuesta compra de votos en Maicao (La Guajira).
Los señalamientos del político contra la magistrada no pasaron desapercibidos al interior de la Sala de Instrucción. Según conoció este diario a través de fuentes del alto tribunal, cuando el escándalo estalló en redes sociales y medios de comunicación, algunos de los magistrados estaban adelantando distintas diligencias y conocieron del allanamiento por las publicaciones del propio ministro, no porque la magistrada Lombana les hubiera informado sobre la acción. Inmediatamente, los togados se reunieron para aterrizar el asunto y evaluar la gravedad de los señalamientos, así como las medidas a las que pudiera haber lugar en medio de la polémica.
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Aun así, el alto tribunal solamente se pronunció en un comunicado: “la corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”. Asimismo, el presidente de la corte, el magistrado Augusto Tejeiro, resaltó que “en la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”.
El calibre de las palabras del ministro contra de la magistrada llevaron a personalidades de la esfera judicial a rechazarlas y pedirle a la Procuraduría General tomar acciones en su contra. Por ejemplo, el exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que suspenda al ministro Benedetti. Según Enciso, su petición se fundamenta en que lo hecho por Benedetti afecta la separación de poderes y es, a su parecer, “obstrucción a la justicia”. También argumentó que el alto funcionario utilizó expresiones “impropias de un servidor público, vulnerando el principio de independencia de la rama judicial y de colaboración armónica entre las ramas del poder público”.
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Este diario conoció que en el transcurso de esta semana la defensa del ministro Benedetti presentará ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra la magistrada Lombana para que sea investigada por el Legislativo. En ese documento, se espera que adjunten pruebas de los graves señalamientos hechos por el alto funcionario, como que “ella ha torturado testigos, los amenaza con cárcel, si no hablan de mí o si supuestamente, según ella, encubren algo de mí”, como aseguró Benedetti. Mientras tanto, en la Sala de Instrucción esperan la llegada de Lombana para tratar de esclarecer sus razones para adelantar un allanamiento que no era conocido por sus compañeros.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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