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El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), nacido con el Acuerdo de Paz entre las extintas FARC y el Estado, en 2016, está llegando a su última etapa. La Junta de Direccionamiento Estratégico de la iniciativa presentó lo que será el cierre de una de las apuestas de paz más ambiciosas en los últimos años en los territorios. Además, para escribir el punto final, atenderá alrededor de 99.000 familias cultivadoras y no cultivadoras de hoja de coca, con el objetivo de que sustituyan voluntariamente las plantaciones de uso ilícito de sus regiones. El evento donde se anunció el futuro de la sustitución y una inversión de hasta $1 billón tuvo lugar en el hotel El Dorado en Bogotá y estuvieron presentes delegados del Gobierno Nacional, representantes del Acuerdo Final de Paz, y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), dirigida por Gloria Miranda, exdirectora de Política de Drogas. También asistieron los ministerios de Justicia, Ambiente y Defensa.
El plan de cierre contempla una nueva ruta de implementación —acordada por el Gobierno y firmantes de paz—, que permitirá que 82.242 familias cultivadoras y no cultivadoras de hoja de coca cuenten con asistencia técnica y los insumos necesarios para el desarrollo de proyectos productivos, priorizando modelos de sostenimiento agrario. Asimismo, se incluyen a 16.855 recolectores de coca, de ese mismo escenario de 99.000 familias beneficiarias, que serán atendidos a través de ofertas laborales asociadas a la transformación de sus proyectos de vida. El universo de 99.000 familias se refiere a quienes ya tienen firmados acuerdos de sustitución con el Estado. De acuerdo con la directora del DSCI, Gloria Miranda, esta nueva ruta priorizará la transformación estructural de los territorios afectados por la desigualdad y las violencias, atado a los objetivos de la Reforma Rural Integral.
El gobierno tiene como objetivo poder cumplir con los objetivos del PNIS y darle un cierre al programa, “al menos en el componente familiar individual más o menos en unos 10 meses”, apuntó la directora Miranda. Este componente se desarrolla con los Planes de Atención Inmediata (PAI), e incluye los incentivos económicos que se le darán a las familias por las actividades de sustitución. La nueva ruta tendrá una inversión que asciende a $1 billón, que serán ejecutados en 14 departamentos. Del total de esta inversión, $271.000 millones corresponden a contratos que estaban en manos de operarios bajo acuerdos de tercerización de servicios y que vienen de la administración de Iván Duque.
Las fallas de la antigua ruta del PNIS
De acuerdo con la nueva administración del PNIS, la mayor falencia que tuvo la ruta anterior se debe a, justamente, la tercerización de servicios para atender a las comunidades. Miranda entregó una alerta por al menos 28 contratos suscritos por más de $951.000 millones. “Cuando nosotros llegamos había una ejecución de solo el 10% de esos contratos, por lo cual nosotros procedimos a la liquidación. Ya hemos liquidado seis de esos contratos, otros siete están pendientes de firma de liquidación, y 14 están en proceso final de liquidación”, aseguró la directora.
Según las cifras presentadas por el actual gobierno, la tercerización terminó generando sobrecostos en los activos productivos, como maquinaria, semillas, insumos agrarios que eran entregados a los campesinos para poder generar otros modelos de negocios. Entregas de insumos en mal estado, ganado enfermo, maquinaria inservible sin garantía de cambio, fueron algunos de estos inconvenientes, que se esperan solucionar al eliminar a los intermediarios, y que sean los propios campesinos quienes escojan los proveedores locales, habilitados por el Banco de Proveedores de la DSCI. Sin embargo, para que el cierre del PNIS pueda darse cumpliendo sus objetivos, es necesario que los campesinos tengan un acompañamiento integral durante el proceso, es decir que los insumos agrarios sean entregados, y que por parte del PNIS haya un seguimiento del proceso de los campesinos para la sustitución de los cultivos.
Sobre la antigua ruta del PNIS, el historiador Salomón Majbub, quien ha trabajado como investigador en la línea de política de drogas, conflicto armado y construcción de paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mencionó que el programa se “quedó corto en lo que proponía”, pues aunque este tenía un objetivo integral, “solo se concentró la ejecución de un PAI, que fue ese plan de atención inmediata, que es lo que nosotros conocemos hoy como PNIS, que son ese paquete de ayudas asistenciales que sumaban $36 millones por familia. El PNIS era algo mucho más grande, más estructural. Tenía que ver mucho con la implementación y los ritmos que fueran marcando el punto uno del Acuerdo de Paz, el avance en materia de los alivios judiciales a los pequeños productores de hoja de coca, marihuana y amapolas”.
Por su parte, esta semana la Defensoría alertó por 38 eventos de conflictividad que ha dejado en toda Colombia los incumplimientos del gobierno Petro con el programa de sustitución. Los tres departamentos donde más se registran hechos de esa naturaleza con Nariño, Córdoba y Norte de Santander. Según Julio Balanta, defensor del Pueblo encargado, los incumplimientos se demuestran en la “ineficacia de las instituciones responsables del desarrollo rural, descoordinación entre niveles de gobierno para brindar una oferta sostenible, inseguridad alimentaria y nutricional y presencia de estructuras armadas ilegales”.
A pesar de lo dicho por la Defensoría, por el lado del gobierno se espera que un plazo de 10 meses el PNIS pueda otorgar al resto de las cerca de 99.000 familias cultivadoras y no cultivadoras, y recolectores, el dinero de los incentivos económicos para las actividades de sustitución. La nueva ruta que quieren implementar tiene como reto superar la desconfianza institucional que han manifestado los campesinos, y garantizar el acompañamiento integral que garantice los objetivos del programa para la superación de la marginalidad.
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