Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Ángel fue acusado en La Florida en 1991, luego fue declarado fugitivo y se canceló el reporte por falta de evidencia en enero de 1994. Según Estupefacientes, a mediados de 2005 volvió a figurar en la empresa Helicargo S.A. Hoy los certificados de la Cámara de Comercio de Medellín ya no mencionan su nombre.
Con base en antecedentes de este tipo, la Dirección de Estupefacientes dispuso que no requería una sentencia penal condenatoria, sino un informe debidamente fundamentado para proceder a anular el Certificado de Carencia de Antecedentes.
Las confesiones de “los doce del patíbulo”
Corría el año 1993. El gobierno de César Gaviria enfrentaba la segunda oleada narcoterrorista de Pablo Escobar Gaviria. Era necesario buscar colaboradores para acrecentar la lucha. Esas fueron las razones que dieron pie al Decreto 1833 de 1992, sustentado en la necesidad de obtener colaboración en la investigación de hechos de orden público.
De ese decreto se derivó el amparo para doce personas que con sus informaciones permitieron la desarticulación de la organización delincuencial. Micky Ramírez entregó la lista de los autores de los atentados. Armando Muñoz declaró sobre secuestro. Gustavo Tapias señaló a alias El Arete e informó sobre las conexiones en México. Eugenio García reveló dónde había estado secuestrado el senador Federico Estrada. Benito Maineiri confesó que compañías aéreas ayudaban a movilizar la droga hacía Miami. Guillermo Blandón lo hizo develando algunos embarques desde La Guajira y Barranquilla. Frank Cárdenas señaló a los cómplices de Pablo Escobar. Hernán Sepúlveda aceptó que parte de sus aeronaves eran del capo y Giovanni Caicedo asumió que habilitó pistas para el narcotráfico.
Gabriel Puerta Parra aceptó que fue intermediario para movilizar drogas a Estados Unidos. Pablo Agredo asumió que puso a disposición aviones para preservar las rutas y Luis Guillermo Ángel reiteró que trabajaba para el capo y que supo de varios casos de secuestro.
El certificado
El Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes fue creado con la Ley 30 de 1986, a fin de generar un control administrativo de carácter preventivo a ciertas actividades aéreas o marítimas y al uso de sustancias químicas controladas.
Con el paso de los años, la facultad de expedirlos pasó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que hoy puede negarlos con registros debidamente fundamentados del DAS, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional.
Conoce más