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El 18 de marzo de 2019, Laura* denunció en la Fiscalía los abusos que, asegura, sufrió mientras fue recepcionista en la Iglesia Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai en Bogotá y que calló por más de diez años. Aunque un peritaje médico que se le entregó a la fiscal del caso concluyó que Laura fue víctima de tortura psicológica, abusos sexuales y estrés laboral, la funcionaria le exigió más pruebas de sus acusaciones para iniciar una investigación. Luego vino la avalancha, porque ella no fue la única: otras nueve víctimas del pastor José Francisco Jamocó, fundador y jefe natural de esta iglesia, lo denunciaron formalmente; sin embargo, a la fecha, al hombre ni siquiera le han imputado cargos.
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Así lo revela un documento que hace parte de la tutela interpuesta por un grupo de posibles víctimas de Jamocó contra la Fiscalía por “demoras en la gestión” y que fue seleccionado para revisión de la Corte Constitucional hace un mes. La pelea se centra en que las mujeres que denuncian abusos de Jamocó, así como hijos de algunas víctimas más que ya fallecieron, le han pedido a la Fiscalía, a través de cartas y derechos de petición, que lleve las pesquisas como ordena el Protocolo de Investigación de Violencia Sexual de la propia Fiscalía. No obstante, al sentir que el ente investigador no ha contestado sus inquietudes, acudieron a la acción de tutela.
Laura, por ejemplo, trabajó nueve años como recepcionista en la iglesia. La mujer se casó con su pareja, quedó en embarazo y, mientras eso ocurría en su vida, cuenta que el líder religioso la violó por lo menos tres veces y otras tantas más abusó sexualmente de ella de otras maneras. Después de que Laura dejó de trabajar allí, siguió atendiendo con su familia al culto y, cuenta, Jamocó la siguió agrediendo. Todo esto se lo contó a la Fiscalía y su relato es muy similar al de otras nueve mujeres que también lo denunciaron.
De hecho, las denunciantes tienen más que estudiada la forma de actuar que le atribuyen a Jamocó. En una carta enviada a la Corte Constitucional para pedir que seleccionara la tutela, la organización Sisma Mujer describió así el modelo de agresión: “Sus víctimas son mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual; ofrece ayuda para superar este tipo de situaciones por medio de la consejería —en la que, según las mujeres, pide detalles explícitos—; genera manipulación y tortura psicológica, no solo por medio de los hechos victimizantes anteriores, sino por su posición de poder y por medio de la fe de estas personas”.
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A pesar de tener una decena de testimonios de víctimas y peritajes médicos, la Fiscalía no ha tomado decisiones sobre el pastor, lo que preocupa a las mujeres, pues dicen que Jamocó “se ufana de que no le ha pasado nada”, según la acción de tutela, y aseguran que el hombre les ha dicho que les va a “llegar el tatequieto”. Además, reprochan que lo único que han recibido del ente investigador son tratos revictimizantes. Laura asegura, por ejemplo, que la fiscal 219, quien lleva la investigación, le cuestionó que si era que su mamá no le había enseñado a cuidarse y a prevenir que ese tipo de cosas pasaran y puso en tela de juicio su cordura.
Por eso, el 23 de agosto del año pasado le enviaron un derecho de petición al fiscal general (e) de entonces, Fabio Espitia, pidiéndole cinco cosas en concreto: que acumule los procesos para agilizar la investigación, que conforme un equipo especializado en violencia de género para el caso, que centre el énfasis de las pesquisas en la tortura psicológica en contextos de secta religiosa; que se articule con otras autoridades de los países a los que viaja frecuentemente Jamocó, para verificar si hay denuncias similares en otras latitudes; y, por último, que les quite el expediente a los fiscales que llevan el caso y lo reasigne, tarea que le corresponde al fiscal general.
Sin embargo, la petición nunca llegó al despacho de Espitia, sino que fue respondida por otra dependencia. Las víctimas le enviaron el mismo documento al exfiscal otra vez y de nuevo terminó en manos de alguien más del ente investigador. Decidieron, entonces, cambiar el destinatario, le escribieron al coordinador de delitos sexuales, a la dirección de la Seccional Bogotá y a la de Derechos Humanos y luego comenzaron a enviarle derechos de petición a quien quedó a cargo de las pesquisas tras la denuncia de Laura: la fiscal 219 de delitos sexuales, quien ha adelantado algunos de los procesos de este caso en el marco del extinto Código Penal de 2000 utilizado para investigar hechos ocurridos antes de que se creara el Sistema Penal Acusatorio.
El último derecho de petición fue para pedir que se investigue el delito de tortura psicológica y solicitar, como víctimas, acceso al expediente. Otro, pidiendo lo mismo en otra denuncia contra Jamocó que llegó al despacho de esta funcionaria. Y una solicitud más para pedir que, de nuevo que investigue la tortura psicológica de la que las víctimas acusan al pastor. En este último caso, también le pidieron que lleve la investigación en el marco del sistema penal actual, pues consideran que este delito se extendió más allá de 2006 —cuando comenzó a regir el sistema penal acusatorio en todo el país—. Ninguno de estos recursos, aseguran las denunciantes, ha sido respondido.
Las mujeres acudieron, entonces, a la acción de tutela, pues consideran que les están vulnerando sus derechos fundamentales. La demanda fue negada en primera instancia por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Lucía Josefina Herrera. Según el fallo, como la Fiscalía sí respondió los derechos de petición no había vulneración alguna, pues no existe un derecho a una “respuesta positiva a las solicitudes presentadas”, sino el derecho a una “respuesta oportuna”. Además, consideró que ordenarle al ente investigador acceder a lo que piden las víctimas es socavar la autonomía de la Fiscalía.
En segunda instancia tampoco hubo suerte. La Sala Civil de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Octavio Augusto Tejeiro, confirmó lo dicho por el Tribunal y dejó otra vez la pelota en el campo del ente investigador. Según se lee en la sentencia, lo que pidieron las víctimas con la acción de tutela “debe ser requerido ante la entidad criticada —la Fiscalía— para que sea ella, dentro del marco de sus competencias, la que determine la viabilidad o no de lo demandado”. Así las cosas, a las víctimas solo les quedaba acudir a la Corte Constitucional.
En medio de este proceso y para velar por los derechos de las víctimas de abuso sexual en contextos de fe, las mujeres se unieron y formaron una organización: Metamorfosis ONG. Y, en una carta que le hicieron llegar a la Corte, les pidieron a los magistrados que revisen su tutela para que haya un precedente claro que le dé línea a la Fiscalía de cómo investigar estos casos. Y agregaron: “A la fecha, nuestro agresor sigue libre, no se le han imputado cargos y se reportó a la Fiscalía que en su nueva sede —de la iglesia El Shaddai— incluso había colocado una cama en su oficina, lo que eleva el riesgo de las mujeres y las niñas que aún están en dicha secta”.
A su petición se unieron Sisma Mujer, la Defensoría del Pueblo y la lideresa Ludirlena Pérez, sobreviviente de abuso sexual en el conflicto y elegida mujer Cafam en 2019. Ella, por ejemplo, se puso a la tarea de hablar con denunciantes de Jamocó y le detalló a la Corte en su petición los tratos a los que la Fiscalía ha sometido a este grupo de mujeres. “No tiene presentación que las autoridades invadan la privacidad de una víctima llamándola para preguntar por el paradero de su agresor (…) me sorprende que a una de las víctimas que vive en Estados Unidos se le exija viajar al país para ser entrevistada, negándose la utilización de medios tecnológicos”, dicen algunos apartes de la misiva.
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Todos estos tratos fueron reprochados también por la Defensoría del Pueblo. “Las actuaciones de la Fiscalía respecto a las denuncias penales constituyen una vulneración del derecho a una vida libre de violencias, en la medida que implican la revictimización de las mujeres denunciantes, puesto que se han visto sometidas a cuestionamientos indebidos y estigmatizantes, así como a un trato que evidencia la falta de sensibilidad y capacitación respecto a las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en que se encuentran las mujeres víctimas de violencia sexual”, se lee en la intervención que envió la entidad a la Corte.
Por todas estas razones, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará —tratado internacional que aboga por la eliminación de la violencia de género— instó a Colombia a cumplir sus obligaciones internacionales y darle celeridad al proceso. Las expertas expresaron en una comunicación abierta dirigida al Estado colombiano “su preocupación por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de mujeres y niñas víctimas de violencia en Colombia en el caso El Shaddai, y de manera especial por el principio de debida diligencia (o debido proceso) que debe ser reforzado en estos casos”.
Tras estudiar todo el caso, la Corte Constitucional concluyó que se trataba de un “asunto novedoso”, que existía la “urgencia de proteger derechos fundamentales”, y seleccionó el expediente para estudio, con lo que las denunciantes del pastor Jamocó tienen una nueva esperanza de justicia. El despacho de la magistrada Diana Fajardo ya estudia el expediente y tendrá la responsabilidad de zanjar si se trata, como han dicho las expertas internacionales, de un problema de violencia de género y debido proceso, o si es, como han dicho el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema, un asunto de competencia exclusiva de la Fiscalía en el que las víctimas solo pueden sentarse a esperar. Por su parte, el pastor Jamocó ha dicho abiertamente en su culto que las denuncias son falsas. Se defiende de las acusaciones hasta haciendo chistes y puso denuncias por injuria.
*Nombre cambiado para proteger a la víctima.
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