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El empalme fue este martes en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en Bogotá, en el marco de la comisión de expertos de la reforma a la justicia. El puesto fue entregado por Néstor Osuna, primer ministro de Justicia de un gobierno de izquierda, a Ángela María Buitrago, jurista de trayectoria, fiscal del caso Palacio de Justicia y recientemente candidata a fiscal general de la nación. El presidente Gustavo Petro confirmó el cambio el pasado lunes festivo, en medio de una seguidilla de renovaciones que, hasta ahora, tocan las cabezas de los ministerios del Interior, Justicia, Agricultura y Transporte. La llegada de Buitrago se da en un momento crucial para la cartera, dado que la mismísima reforma a la justicia será radicada en la próxima legislatura, ante un Congreso que Osuna ya había conciliado.
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“El trabajo más fuerte para Buitrago va a estar en el Congreso. Son mentiras los rumores de que Osuna que estaba cansado. De hecho, si hubiera sido por él, seguía en el puesto y con la misión de defender la reforma a la justicia ante los congresistas desde el próximo 20 de julio”, le dijo un alto funcionario del ministerio a El Espectador. De acuerdo con otros testimonios recogidos, el primer gran reto para la jurista Buitrago va a ser afinar sus capacidades de concertación en el legislativo. Sobre todo porque en poco más de dos semanas, el Ministerio de Justicia radicará 13 proyectos de ley que suman el primer paquete de reforma al sistema judicial. Las iniciativas incluyen cambios en justicia inclusiva, asuntos penales y penitenciarios, y reformas procesales y judiciales.
Las iniciativas de reforma a la justicia son el objetivo a corto plazo que se trazó el ministerio y, para ello, se ha reunido desde principio de año con, justamente, una comisión de expertos conformada por hasta 40 personas, y que incluye voces desde todas las orillas. Incluidas las altas cortes y la propia cabeza de la Fiscalía. Con la reforma al sistema judicial, Osuna se planteó, al menos desde la orilla penal, hacer de la justicia colombiana un sistema más parecido al estadounidense. Un modelo en el que los delincuentes y criminales tengan una expectativa de penas muy altas, pero con la posibilidad de ir negociando años de cárcel a medida que se comprometan a contar la verdad y de reparar a su víctima o víctimas. La idea de justicia restaurativa es transversal a los proyectos.
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Asimismo, la nueva ministra Buitrago deberá lograr que el Congreso apruebe en definitiva todas las leyes que conforman la Jurisdicción Agraria, el novedoso sistema de justicia enfocado en la Colombia rural, que era una deuda histórica desde hace décadas. El proyecto está dividido en tres. Aunque en 2023 se aprobó la reforma constitucional y en la pasada legislatura se concilió la reforma estatuaria, en la Comisión Primera del Senado se hundió la reforma ordinaria. Un baluarte del sistema, pues otorga el procedimiento general y las competencias de los jueces y tribunales agrarios. Según el viceministerio de Promoción de Justicia, este 20 de julio también se radicará el proyecto de ley ordinaria, esperando que logre ser discutido, aprobado y conciliado entre Senado y Cámara.
Otro de los retos es presentar la base jurídica de la denominada “Paz Total”. Mientras la Oficina del Alto Comisionado para la Paz avanza en conversaciones con grupos criminales con ideales políticos y no políticos, es preciso indicar que el sector justicia es el que debe ofrecer cambios normativos que permitan la legalidad a esos procesos de paz o sometimiento ante las autoridades. El equipo de Osuna confeccionó toda una ley de sometimiento a la justicia para grupos criminales como el Clan del Golfo, La Inmaculada de Tuluá o la Oficina de Envigado, pero el proyecto se hundió en el Congreso. Ahora, desde el alto gobierno consideran que pueden tener mayor éxito si presentan una modificación a la Ley de Justicia y Paz de 2005. La misma que desmovilizó a los paramilitares.
El viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, tocó un punto crucial en la despedida a Osuna en el edificio ministerial en el centro de Bogotá, este 2 de julio. “Pudo comunicar sobre aspectos muy difíciles de decir en una sociedad como la colombiana, como el consumo de drogas”, señaló. Buitrago deberá manejar una nueva visión de país con respecto a las drogas, pactada en la política nacional proyectada hacia 2030 y que tendrá una inversión de $21 billones, que en su mayoría saldrá de las rentas confiscadas a los narcos. En el marco rural y marítimo, el ministerio se comprometió a asestar duros golpes a los grandes criminales y a dejar de perseguir judicialmente a los campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito. Los aciertos se medirán en incautaciones.
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En el marco ciudadano, la nueva política de drogas ofrece una verdadera revolución. Desde tumbar la normatividad que permitía a la Policía sancionar a portadores de drogas, hasta lograr el efectivo cumplimiento del principio de la dosis personal. Asimismo, conectando con la reforma a la justicia, se espera que en lo que resta del gobierno se inicie el proyecto de justicia terapéutica, para ofrecer un trato diferencial a los delincuentes que demuestren haber cometido sus conductas padeciendo un uso problemático de drogas. La cartera de justicia también se comprometió crear centros de reducción de daños en las ciudades donde se atienda a usuarios de drogas para que tengan un consumo controlado y que, a la vez, le aporte información a las autoridades sobre el mercado de estupefacientes.
El ministro Osuna fue insistente en los últimos meses de su administración en que no dio el primer paso para una constituyente y que, si sobre algo ha querido llamar la atención el presidente Petro, es sobre un “poder constituyente”, lo que considera una discusión válida. En todo caso, quedó claro que esa primera piedra solo se pondrá con un proyecto de ley que pudiese nacer desde el ministerio. Una tarea que, en dado caso, le podría solicitar el presidente Petro a Buitrago, quien puede aclarar si tiene planeada la constituyente. Por ahora, la nueva ministra tiene reuniones de empalme y dejó ver su interés por la reforma a la justicia, asistiendo a esa comisión que también representa la capacidad de escucha que tuvo Osuna con los sectores de justicia. Quedan dos años de gobierno y los retos recién inician para Buitrago.
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