Los ritmos de la yidispolítica

Con el berenjenal aún caliente de la interinidad en la Fiscalía, esta entidad profirió resolución de acusación contra los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio Betancourt, así como el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez Echeverry, al encontrar evidencias de su participación en lo que en su momento la Corte calificó como “la compra de conciencias” para aprobar el acto legislativo. Los exfuncionarios del gobierno Uribe serán juzgados por el delito de cohecho.

El tortuoso camino de un proceso judicial que ha tenido toda suerte de repercusiones políticas comenzó en la madrugada de junio de 2004, cuando fue aprobada en la Cámara de Representantes la reforma constitucional. A Yidis, se constató después, le ofrecieron por ‘voltiar’ su voto dos notarías en Barrancabermeja, un cargo en el Ministerio del Interior y una notaría en Bogotá. Pretelt y Diego Palacio, según concluyó la Corte, fueron los encargados de convencerla. Teodolindo Avendaño también colaboró al ausentarse de la votación.

Ese día pasó agónicamente con 18 votos un proyecto que estaba muerto apenas un día antes. Yidis Medina dijo entonces que había reconsiderado su postura súbitamente, pese a que el 2 de junio había expresado en una carta pública que no acompañaría el proyecto de reelección. De inmediato comenzaron las denuncias de la intervención del Gobierno, pero nada pudo constatarse, hasta que en abril de 2008 Yidis Medina le confesara a El Espectador que le habían incumplido y que sí hubo pactos bajo la mesa.

La Corte ordenó pronto su captura y el 27 de abril de 2008 se acogió a sentencia anticipada. En su declaración señaló que Teodolindo Avendaño —detenido el 16 de mayo de ese año— había recibido $200 millones para no asistir a la votación. Después vinieron las condenas de ambos y la solicitud a la Fiscalía para que investigara a todos a quienes Yidis Medina salpicó en sus denuncias. El escándalo subió cuando el presidente Uribe arremetió contra la Corte y sugirió la figura de un referendo para legitimar su mandato.

La Corte Constitucional intervino y determinó que la reelección había surtido su trámite legal. Aunque por estos hechos también fue procesado el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas —detenido por el expediente de las ‘chuzadas’—, la Fiscalía decretó la nulidad al considerar que debió ser escuchado en ampliación de indagatoria para garantizar su derecho a la defensa.

Ritmos diferentes

La celeridad con la que se adelantó el proceso contra los exrepresentantes, por haber vendido su voto, no fue la misma con la que avanzaron las pesquisas contra los funcionarios del gobierno Uribe que supuestamente ofrecieron las prebendas. Una cadena de situaciones dilató todo. La primera vino por cuenta de la cercanía entre el fiscal Mario Iguarán y Pretelt de la Vega, quien había sido su jefe en el Ministerio del Interior.

El caso pasó a manos del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. No obstante, en julio de 2009 asumió como fiscal interino mientras la Corte elegía al sucesor de Iguarán. El proceso recayó entonces en el vicefiscal Fernando Pareja, quien acusó a Pretelt en 2010 y decretó nuevas pesquisas en los procesos de Palacio y Velásquez. Con el arribo de Viviane Morales como jefa del ente acusador, su vicefiscal Juan Carlos Forero se declaró impedido para conocer del expediente porque había emitido un concepto tiempo atrás cuando se desempeñaba como abogado.

Para rematar la acusación contra Sabas Pretelt, ésta quedó en veremos luego de que la Corte declarara la nulidad porque debía ser el fiscal y no el vicefiscal quien estudiara la situación. El caso tuvo que rehacerse y ayer se formalizó la decisión de la Fiscalía de acusar a tres pesos pesados del pasado gobierno. Ahora quedaron en manos de la Corte Suprema de Justicia.