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Carlos Alberto Vargas Bautista, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y señalado por la Fiscalía de vender fallos en el pasado, se encuentra nuevamente en el banquillo de los acusados. Esta vez por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho. El nuevo capítulo de esta novela judicial vincula, como antes, a la abogada Kelly Eslava Montes, quien se convirtió no solo en su compañera sentimental sino en su más fiel escudera, entre 2007 y 2010, mientras se desempeñó como funcionaria de su despacho en el Tribunal. En ese escenario de expedientes y negocios, se materializaron intereses y sobornos millonarios que Eslava Montes le confesó a la justicia.
El Espectador conoció todos los detalles de este nuevo proceso que se remonta a 2010, cuando Eslava Montes renunció al Tribunal y empezó su carrera como litigante. Vargas Bautista les vendió un predio a Lucila Montes y Harry Eslava, padres de la mujer, para que ella abriera su oficina. Tiempo después, en junio de 2014, en representación de las empresas Macromed, Confacundi, y Caja de Compensación Familiar del Huila, la abogada radicó una demanda contra el Hospital Militar que llegó al despacho de su pareja y exjefe, el magistrado Vargas, quien le dio trámite y no se declaró impedido, aun cuando se conocía de su íntima relación con la mujer.
El expediente siguió su rumbo. Para enero de 2016, el magistrado Vargas realizó audiencia de práctica de pruebas en la que Eslava Montes participó como abogada de la parte demandante. La diligencia continuó sin que Vargas pusiera de presente que tenía una relación con la defensora que lo obligaba a apartarse. Finalmente, el 17 de febrero de ese año, Vargas Bautista, en calidad de magistrado ponente, sacó adelante una sentencia en la que condenó al Hospital Militar y a la Dirección de Sanidad Militar a pagar más de $25.000 millones. Es decir, le dio la razón a los clientes de la abogada que no solo fue su subalterna en ese despacho durante más de tres años, sino su “amiga íntima”, en palabras de la Fiscalía.
Para el ente acusador, Vargas Bautista, como magistrado del Tribunal de Cundinamarca, desplegó una conducta omisiva de manera consciente y voluntaria, pues conocía que debía declararse impedido en este caso. “Vargas Bautista quebrantó con su actuación el bien jurídico de la administración pública, pues no garantizó la imparcialidad con el fallo del que fue ponente dentro del trámite del proceso, porque de manera flagrante y grosera con tal comportamiento vulneró los imperativos legales y se parcializó en favor de una persona con la que sostenía una relación íntima”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación conocido por El Espectador.
Además, la Fiscalía recaudó evidencias de que, en junio de 2014, cuando Kelly Eslava Montes presentó la demanda contra el Hospital Militar, al parecer también se pactó con el magistrado Vargas la entrega del 25 % del valor de la sentencia fallada por el Tribunal de Cundinamarca. Es decir, unos $6.250 millones. “Tal pago, como se hace evidente, estaba supeditado a las resultas del proceso contencioso, el cual se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado, razón por la que no se han desembolsado los recursos ni a favor de la señora Eslava Montes ni en cabeza de Vargas Bautista”, sostuvo la Fiscalía.
Otro proceso que habría tenido la misma modalidad ocurrió en 2015, cuando Vargas Bautista le solicitó a Eslava Montes que asesorara al abogado Édgar Gaitán para estructurar varias demandas que debían radicar los empleados de la compañía Protag S.A.S. contra la Superintendencia de Sociedades. El actuar presuntamente ilícito del entonces magistrado salió a relucir de nuevo. Al parecer, el objetivo era que de esa lluvia de demandas alguna le correspondiera por sorteo a su despacho y que, una vez pasara esto, éstas se acumularan en un solo expediente. Para octubre de 2015, Vargas tenía el control del proceso y, según las pesquisas, le pidió a Eslava Montes que recibiera de manos de Gaitán dos bienes a fin de garantizar sus reclamos judiciales.
En efecto, en ese expediente el magistrado Vargas profirió dos fallos contra la Superintendencia de Sociedades. Uno por $29.890 millones en favor de los empleados de Protag S.A.S. y otro por $506 millones. Según la investigación, Eslava recibió como pago por los “servicios” de Vargas un carro Mercedez Benz Cabriolet con documentos para el trámite de traspaso en junio de 2018 y también un apartamento en un proyecto inmobiliario en Mosquera (Cundinamarca), inmueble que fue escriturado a nombre de un tercero cercano a la abogada. Con lo anterior, para la Fiscalía es claro que el exmagistrado realizó actuaciones contrarias a su rol como funcionario.
La génesis del tercer caso que indaga la Fiscalía es de agosto de 2004 y vincula a la empresa Ingenieros Constructores e Innovadores (Icein), que interpuso una demanda contra el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura. El proceso estuvo en el despacho de la magistrada Fabiola Orozco, pero luego pasó al del magistrado Vargas y, al llegar a su escritorio, en agosto de 2011, negó la práctica de pruebas que solicitó el INCO. Un año más tarde, en decisión de primera instancia, Vargas accedió parcialmente a las pretensiones de Icein y, para marzo de 2013, declaró improcedente un incidente de nulidad que puso la entidad estatal.
El expediente, sin embargo, llegó al Consejo de Estado, que revirtió las decisiones tomadas por el Tribunal de Cundinamarca. A pesar de este revés para la supuesta organización ilegal integrada por el exmagistrado y su entonces pareja, al parecer se trató de darle manejo al caso. Según la Fiscalía, el 30 de mayo de 2017 Eslava Montes recibió una llamada en la que los demandantes mostraban su preocupación por el “nuevo rumbo del proceso”. Ella, al parecer, dijo que le podían dar manejo con “varias alternativas fuera del escenario jurídico”. Después contactó a Vargas para pactar una salida jurídica que resultara favorable a esta empresa a cambio de dádivas.
Este presunto carrusel de fallos amañados a cambio de dineros y sobornos fue descubierto en su momento por los fiscales Daniel Cardona y Hernán Díaz. Este último es el que acaba de acusar al exmagistrado Vargas Bautista por estos tres nuevos procesos. Y aunque para desembolsar el pago por estos procesos manipulados siempre se les exigía a Vargas y a Eslava que el Consejo de Estado confirmara las decisiones en segunda instancia, los investigadores lograron determinar cómo operó esta organización ilegal durante años. Las confesiones de la propia Kelly Eslava Montes resultaron contundentes en estos casos.
El exmagistrado Vargas Bautista, además, está siendo procesado por otros dos casos. El primero afectó al Hospital de Ubaté (Cundinamarca), al que condenó a pagar $12.650 millones y, además, cuyas cuentas fueron embargadas. El segundo episodio se refiere al humedal Jaboque, en Bogotá. A pesar de múltiples irregularidades, el entonces magistrado reconoció como dueño del predio La Providencia, ubicado al interior del humedal, a un particular y ordenó al Distrito a pagarle más de $64 mil millones. Eslava Montes, también abogada de ese particular, habría negociado un 20% de comisión por ese fallo, algo así como $13 mil millones. Por estos hechos, en noviembre de 2019 fue cobijado con medida de aseguramiento.
Al margen de estas evidencias, Vargas Bautista ha declarado ser inocente.
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