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De las miles de demandas que enfrenta Colombia y sus instituciones, hay una que es la más costosa de todas. Las fuentes del mundo judicial que conocen el expediente lo denominan “el caso del derrame de crudo en Coveñas”. Se trata de una acción de grupo firmada por más de 1.000 pobladores, pescadores, hoteleros y vendedores ambulantes quienes le reclaman al Estado colombiano hasta $28 billones por los perjuicios que, dicen, les ocasionó dos derrames de hidrocarburos, en 2014, cuya gestión era responsabilidad de las empresas Ocensa y Ecopetrol. La propagación del petróleo ocasionó el cierre preventivo de distintas playas del Golfo de Morrosquillo, ante el cual tuvieron pérdidas al parecer calculables en billones. El caso ha sido estudiado por una década, lo tiene el Tribunal Administrativo de Sucre y, según conoció El Espectador, habrá fallo en cualquier instante.
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El caso encabeza la lista de los 10 procesos judiciales activos más cuantiosos contra la Nación, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Una entidad de gobierno que, en este caso, asesora la defensa de Ecopetrol, Ocensa, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Para hacerse una idea, $28 billones corresponden al costo de todas las obras actuales de infraestructura vial a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). También son comparables con la inversión que Ecopetrol tiene pensada para funcionar en 2025, y mucho más de lo que se perdió por corrupción entre 2016 y 2022 en toda Colombia, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
El origen de la acción de grupo está en el 20 de julio de 2014. Entre las verdades sobre lo que pasó ese día en el Golfo de Morrosquillo está la actuación especial de fiscalización llevada a cabo por la Contraloría, cuyo propósito fue, seis meses después de lo sucedido, entregar un reporte independiente. Según el órgano de control, ese día ocurrió un “accidente” en una de las plataformas marítimas de la empresa de transporte de hidrocarburos Ocensa, a 11 millas náuticas de la costa de Coveñas. Ocensa reportó el derrame de 69 barriles de crudo que venían del campo Cusiana, uno de los tres grandes yacimientos del oriente del país y en cuya estación, en Casanare, se reciben 250.000 barriles diarios. El producto llegó a través de un oleoducto de 835 kilómetros subterráneos.
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Según la Contraloría, “fuertes vientos produjeron una abrupta y súbita tensión a los mecanismos de amarre del buque BT Eurochampion 2004, produciendo la fuga de una parte del crudo que se encontraba dentro en una de las mangueras de cargue”. Una densa mancha de petróleo se derramó en mar abierto. Y no solo eso, el ente de control fiscal halló información sobre otros derrames que, aunque no fueron incluidos en la demanda, sucedieron en la zona. El 10 de agosto de 2014, en el sector de la finca Buenos Aires, en Coveñas, terceros perforaron una tubería que terminó con el derrame de lo equivalente a 22 barriles de crudo. El 20 de agosto, a solo 60 metros de la reserva natural de la Ciénaga de La Caimanera, en Coveñas, el deterioro de tubos de Ecopetrol terminó en cuatro derrames de crudo del oleoducto Ayacucho – Coveñas.
Otro de los hechos que sí fue remarcado en la demanda ocurrió también el 20 de agosto, por el “vertimiento de aguas de lastre por problemas internos del buquetanque Energy Challenger”, que se encontraba cargando en el Terminal Coveñas, operado por Ecopetrol. De acuerdo con la Contraloría, “se estableció que por una fisura en el tanque donde almacenan los residuos, y que en ocasiones utilizan para llevar crudo, se derramó el hidrocarburo que contaminó el agua de lastre cuando esta era expulsada”. Según la Dirección General Marítima (Dimar), los buques suelen cargar agua de mar que utilizan como lastre para facilitar la estabilidad y mejorar la propulsión y la maniobrabilidad. Sin embargo, su vertimiento al mar generó “problemas ecológicos, económicos y de salud”.
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Ante tal cantidad de eventos, el entonces alcalde de Tolú, Ariel Alvarado Montes, expidió el 26 de agosto de 2014 un decreto con el que declaró calamidad pública en el Golfo de Morrosquillo. Además, ordenó el cierre de las playas de Guerrero, El Francés, Alegría y Guacamaya, los cuatro sectores turísticos más importantes de Tolú, durante un mes, prorrogables por otro periodo igual. La clausura de las playas y la declaratoria de calamidad pública afectó, de inmediato, a todos los que vivían del turismo y otras actividades relacionadas con el mar. “Eran miles de personas afectadas de Tolú, Coveñas y San Onofre. No solamente afectaron a los pescadores, sino también a los dueños de hoteles y a quienes tenían tiendas alrededor”, señaló Pablo Romero, apoderado del grupo demandante.
Pablo Romero y la abogada Ana Karina Pacheco reunieron las firmas y los poderes de todos los pobladores que señalaron sentirse afectados. Armaron un mamotreto con las cédulas escaneadas de todos ellos y presentaron la acción de grupo el 28 de agosto de 2014 y a los pocos días fue admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre. Como punto de partida, explicaron en la acción judicial que en Colombia se protege el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y del espacio público. Las empresas y entidades demandadas, agregaron, no cumplieron con el deber de proteger el equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Entre los derechos fundamentales invocados está también el de la dignidad humana.
Los demandantes explicaron con estas palabras los daños sufridos: “tocó cancelar reservaciones a los hoteleros; los pescadores tuvieron que parar sus labores de pesca; los dueños de restaurantes parar sus servicios de comidas; los lancheros vieron mermados sus viajes a las islas por falta de turistas; los vendedores ambulantes no pudieron seguir ejerciendo su labor por falta de clientes; los y las masajeadoras quedaron cesantes; están prestando el servicio a pérdida los transportadores, vendedores de comida rápida, droguerías, compraventas, licoreras y estancos, agencias de viajes, estaciones de gasolina, vendedores de abarrotes, almacenes de ropa, salsamentarias y toda la población en general que se beneficia de las playas”.
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Aparte, el abogado Pablo Romero agregó que las consecuencias de los derrames de hidrocarburos, 10 años después, todavía son evidentes. “La pesca en Tolú cambió. Se dice que, durante las faenas, las motonaves traían 30 o 40 kilos. Ahora, a veces se regresan con nada, o con solo un kilo. Este también es un problema de hambruna. Y ahora los pescadores tienen que irse más afuera, a mar abierto, a conseguir los peces, pero no están acostumbrados y puede ser riesgoso para ellos. Los derrames de hidrocarburos son una cuestión gravísima. Los corales se están muriendo. Las raíces que sostienen los manglares quedan contaminadas con residuos de petróleo. Eso está matando a los huevitos de los peces, a los alevinos”, explicó.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aunque los efectos de un derrame dependen del tipo de hidrocarburo y las características del ambiente, y en algunos casos el ecosistema pueda recuperarse rápidamente por sí solo, existe la posibilidad de que los efectos permanezcan por años. “El petróleo flota en el agua, se desplaza rápidamente con las corrientes contaminándola, al igual que a la fauna que vive o se alimenta en los cuerpos de agua y la vegetación cercana a la corriente. El petróleo puede contaminar algas, huevos de peces, larvas de ostras y camarones que son el alimento de peces pequeños, que a su vez son el alimento de peces más grandes y de otros seres como el hombre”, explica en su guía para la prevención de derrames.
Con ese contexto, la acción de grupo pidió condenar a las empresas y entidades demandadas al pago de una indemnización colectiva. Para ello, aportaron la información sobre los 850 hoteles y cabañas que, para 2014, presupuestaron que iban a tener pérdidas por un año, teniendo en cuenta que, en promedio, cobraban $80.000 por noche. Además, los demandantes dijeron que, entre pescadores, vendedores ambulantes y otro tipo de comerciantes, suman 15.000 personas, cuyos ingresos disminuyeron durante el tiempo de la emergencia. Por último, los demandantes incluyeron a las personas que, se supone, iban a disfrutar de las playas: 7.000 toludeños; 3.000 coveñeros; 50.000 sincelejanos; 20.000 de otros municipios de Sucre; 30.000 antioqueños y 10.000 de otras partes del país.
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Para defenderse de tamaña petición, Ocensa, señaló que los integrantes del grupo no presentaron prueba alguna para demostrar la existencia de los perjuicios alegados. Asimismo, la empresa presentó solicitudes a la justicia para desestimar la conformación del grupo, explicando que, entre otras cosas, la imposibilidad de realizar actividades de pesca en el Golfo de Morrosquillo, a partir de los derrames, no tiene “asidero probatorio”. Ocensa expuso que la demanda ni siquiera expresa de una manera clara los criterios para identificar y definir quiénes son los solicitantes y que, en la solicitud, no debió incluirse el monto de los $28 billones. Sin embargo, en noviembre de 2019, el Tribunal de Sucre negó la petición al considerar que lo expuesto por la empresa debe resolverse al momento de dictar sentencia.
Por su parte, Ecopetrol, en la contestación a la demanda, se opuso a todas las pretensiones dado que, en su consideración, los hechos expuestos carecen de soporte probatorio y jurídico. La entidad agregó que no se observa afectación alguna a los derechos de los demandantes y que, si bien existió una limitación de espacios en el Golfo de Morrosquillo, que son del pleno dominio del Estado, la restricción obedeció a motivos de utilidad pública e interés general. Además, Ecopetrol aseguró que las autoridades han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que los habitantes de esa zona pudieran ejercer sus actividades laboral. También explicó que la autoridad competente para realizar la investigación y adjudicar responsabilidad, al menos en primera instancia, es la Dimar.
“En cuanto al derrame de agua de lastre contaminada con petróleo que tuvo lugar el día 20 de agosto de 2014, si bien este hecho sí ocurrió en el Terminal Marítimo de Coveñas (TLU -1), operado por Ecopetrol, está plenamente comprobado, a través de las investigaciones, informes y actuaciones de las autoridades administrativas competentes, que mi representada cumplió con todas sus obligaciones en el procedimiento de precargue, cargue y contención de la emergencia. Asimismo, se encuentra plenamente probado que el hecho generador del presunto daño es imputable a las fallas estructurales del buque petrolero, configurando causa extraña, en específico, el hecho de un tercero”, explicó Ecopetrol en la contestación a la demanda.
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La demanda solicita $28 billones y, además, exige la reparación de perjuicios morales e indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante, es decir, todo el dinero que los afectados dejaron de recibir. Aunque la cifra es enorme, la justicia ya sabe resolver peticiones de estas características. Este año, por ejemplo, el Consejo de Estado les negó a los abogados Pablo Romero y Ana Karina Pacheco (los mismos que representan a los demandantes en esta acción de grupo) otro recurso de esta misma clase, pero por $47 billones, que buscaba indemnizar a todas aquellas personas que han sido multadas por la Oficina de Tránsito y Transporte de Sampués (Sucre). Esto debido a que, según la información aportada, la oficina no estaría legalmente constituida.
El abogado Romero concluye con varias ideas: “Solo una gota de crudo basta para contaminar cientos de litros de agua. Que no digan que no van a fallar en derecho porque es una demanda por una cantidad enorme y que eso va a afectar las arcas de la Nación. Tengan en cuenta que nosotros nos la pasamos reuniendo dinero de impuestos solo para que se pierdan, para que no hagan vías y para que no nos atiendan en salud. Vean todo lo que los políticos se roban. ¿Eso no es una cantidad enorme? Aquí el daño es grande y no podemos ser únicamente nosotros los que siempre paguemos”. Las partes ya presentaron los alegatos de conclusión y en cualquier momento el Tribunal Administrativo de Sucre entregará su veredicto para saber si los recursos de la Nación se derramarán sobre los pobladores del Golfo de Morrosquillo.
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