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“El 28 de septiembre de 2019 (el profesor) Julián Rendón Toro, quien había sido uno de mis alumnos más dilectos al punto de considerarlo como un hijo, se presentó a mi casa en Rionegro con su hija y su compañera. El motivo de la visita era determinar la fecha para que yo la apadrinara. Estando allí mi esposa Estela Zuluaga, quien se desempeñaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Medellín, le preguntó a Julián qué era lo que pasaba con el grado del senador Julián Bedoya, que si le habían realizado los exámenes, a lo que respondió que no se habían presentado ningunos exámenes, que Yolanda (Cossio), la secretaría de la facultad de Derecho, los puso a firmar actas en blanco y que ella se encargó de poner la nota final, pues le dijo que era un favor para el rector”. Así de contundente fue el testimonio que le dio a la Corte Suprema de Justicia el catedrático Néstor Raúl Posada Arboleda, uno de los profesores más respetados de esa institución educativa.
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Esta declaración, tomada por el alto tribunal en noviembre de 2020, hace parte de la montaña de evidencias que tiene la justicia contra el excongresista Julián Bedoya Pulgarín, investigado por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público y privado por cuenta de las presuntas irregularidades que cometió para obtener su título como abogado, otorgado en marzo de 2019 por la Universidad de Medellín. Hasta el 19 de julio pasado el expediente estuvo en la Corte Suprema, pero como Bedoya no volvió al Congreso en esta legislatura, su caso fue remitido por competencia a la Fiscalía. El Espectador conoció las intimidades de este proceso, las principales pruebas recaudadas, las explicaciones del excongresista en su indagatoria y las consideraciones parciales de la Corte sobre el expediente. Un caso que derivó en la renuncia y posterior sanción del exrector Néstor Hincapié, así como en la investigación contra exdirectivos y profesores que habrían ayudado a Bedoya a graduarse de forma irregular y que hoy están en juicio.
Bedoya Pulgarín es investigado como posible determinador de las actuaciones aparentemente ilegales de tres directivos y cuatro docentes de la Universidad de Medellín que entre octubre de 2018 y marzo de 2019 autorizaron su reingreso a la universidad y oficiaron como jurados de once exámenes de suficiencia en materias como Filosofía del Derecho, Derecho Procesal y Civil, Sociología Jurídica, Hacienda Pública, Responsabilidad Extracontractual, Legislación de Paz, Contratación Estatal, Sucesiones, Títulos Valores y Derecho de Familia; cuatro preparatorios en Penal, Civil I y II y Laboral; dos seminarios y un trabajo de grado. Todas estas asignaturas fueron aprobadas en tiempo récord: Bedoya Pulgarín presentó estas pruebas en apenas cuatro días en un lapso de tres meses y medio mientras se desempeñaba como senador y viajaba a Cancún (México) de vacaciones. Nadie en la historia de esa universidad había logrado tal hazaña, según documentó la Corte Suprema.
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Todo empezó en 2001, cuando Bedoya Pulgarín entró a la facultad de Derecho de la universidad. En 2003 se retiró, pero regresó en 2004. En mayo de 2007, cuando cursaba quinto año, solicitó la cancelación de la matrícula. En enero de 2008 reingresó, pero en octubre se volvió a ir. En enero de 2009 lo intentó de nuevo, pero, otra vez, en octubre de 2009 canceló la matrícula. Aunque en 2012 y 2015 hizo proceso de inscripción para terminar la carrera, solo se matriculó en 2018. Para la Corte, “existe abundante prueba documental a partir de la cual es posible establecer que transcurrieron nueve años entre el 14 de octubre de 2009, fecha del retiro voluntario del señor Julián Bedoya y el 22 de octubre de 2018, momento en que asentó la matrícula”. Los tiempos son cruciales porque el reglamento universitario estipula que si un estudiante se ha retirado del programa por cinco años o más a su reingreso estará sujeto a la evaluación del Consejo de Facultad. Aquí eso no pasó.
En contraste, la petición de reingreso de Julián Bedoya Pulgarín la resolvió supuestamente el Consejo Académico, otra instancia administrativa, y se le permitió al poderoso senador continuar con el plan de estudios antiguo que tenía la facultad a principios de siglo, a pesar de que en 2015 había sido renovado. La Corte documentó que la persona que avaló todas estas presuntas irregularidades fue Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la Universidad de Medellín. Con otra gravedad: Bedoya Pulgarín fue aceptado para su reingreso por el Consejo Académico a través del acta 1593 del 27 de septiembre de 2018. El lío es que el senador solo presentó formalmente su petición el 8 de octubre siguiente. ¿Cómo podía resolverse una petición que no se había presentado?, cuestionó la Corte Suprema en sus hallazgos. Para el denunciante José León Jaramillo, miembro del Consejo Superior de la universidad, la manipulación en este caso es así de burda.
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Con una perla más: tras revisar la trazabilidad de estos documentos quedó en evidencia que ni siquiera fue el Consejo Académico el que autorizó el reingreso de Bedoya, sino que lo hizo el subsecretario de la universidad Juan Felipe Hernández alegando que tenía esas facultades administrativas. En realidad, no tenía dichas facultades. “La Sala concluye que el subsecretario general de la Universidad de Medellín Juan Felipe Hernández, quien cumplía funciones secretariales ante el Consejo Académico, habría plasmado hechos contrarios a la verdad”, señaló la Corte en referencia al trámite de este reingreso. Hernández, de hecho, le dio tres respuestas a Bedoya Pulgarín para autorizar su retorno al alma máter y las contradicciones entre esos documentos emergieron con facilidad. Pero quizá lo más delicado ocurrió después, con los exámenes de suficiencia que presentó Bedoya, varios de los cuales fueron aprobados por el propio Hernández.
En varios de esos exámenes la Corte encontró que solo había la firma de un jurado en las actas, cuando siempre son necesarios dos jurados para la aprobación. Aquí cobra relevancia lo dicho por el profesor y también fiscal delegado ante el Tribunal de Antioquia Néstor Raúl Posada, quien contó que el también profesor Julián Rendón Toro le confesó que no hubo exámenes ni preparatorios en el caso de Julián Bedoya, que lo que ocurrió fue que la secretaria de la facultad de Derecho Yolanda Cossio les había hecho firmar actas en blanco que después se acomodaron para darle apariencia de legalidad a esas pruebas. Es más, según el profesor Posada, Rendón Toro le dijo que fue Cossio la que al final le puso las notas aprobatorias al senador Bedoya para hacerle un favor al entonces rector Néstor Hincapié. En documentos del expediente aparece que el profesor Rendón Toro, por ejemplo, valoró a Bedoya en el examen de las materias de Sucesiones y Derecho de Familia.
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Posada reveló cosas aún más graves. A la Corte le dijo que el profesor Rendón Toro le contó por qué la universidad le había regalado el título a Bedoya. Según su relato, hubo un supuesto pacto entre Bedoya y el rector Hincapié que consistía en que Bedoya en las elecciones locales de 2019 le ponía 6.000 votos a la concejal liberal de Medellín Aura Marleny Arcila, quien era muy cercana de Hincapié. De acuerdo con ese testimonio, para esa época Arcila ya no contaba con el respaldo del senador Iván Agudelo por diferencias con Hincapié y era muy fácil anticipar que se iba a quemar. Esa fue la razón –añadió Posada–, del porqué Bedoya “fue titulado en tiempo récord, reubicado en un pénsum que no le correspondía, permitirle presentar 11 exámenes en un mismo día, colocarle profesores serviles que no tuvieron ninguna repugnancia ética de certificar que hicieron exámenes cuando realmente no fue así y de evaluar asignaturas que no conocían o que no eran de su competencia”.
La esposa del profesor Posada, Estela Zuluaga Castaño, miembro de la consiliatura o del Consejo Superior de la universidad, ratificó esa versión. “Estelita, la verdad es que se firmaron actas en blanco y la nota la colocó Yolanda para hacerle un favor al rector”, recuerda que le confesó en esa ocasión en su casa el profesor Julián Rendón Toro. Según ella, el senador Julián Bedoya contactó en su momento al profesor John Mario Ferrer para que le ayudara a graduarse y éste supuestamente lo llevó a hablar con el rector Néstor Hincapié. “Lo que nos dijo Julián (Rendón) es que se llegó a un acuerdo: que la concejal Arcila iba a ser ayudada por el senador Bedoya con votos y a cambio irreglamentariamente se iba a titular a Bedoya. Quedé totalmente decepcionada. Tengo dos hijos egresados de la facultad de Derecho y sé lo que cuesta ganar un preparatorio en la universidad y cumplir todos los requisitos. Me parece inaudito que se fueran a hacer ese tipo de negociaciones”.
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Manuela Garzón Arroyave, pareja de uno de los hijos de los Posada Zuluaga, también corroboró los términos del encuentro que hubo entre ellos y el profesor Julián Rendón Toro en su casa ubicada en Rionegro el 28 de septiembre de 2019. “Lo que yo me acuerdo es que Estela le dijo (a Julián Rendón) que eso era muy grave, que por qué habían permitido eso, y el señor Julián Rendón le dijo que lo habían hecho para facilitar que el senador se graduara porque él no iba a poderse graduar nunca, pues no tenía el intelecto suficiente”. La Corte encontró más testimonios comprometedores. Por ejemplo, Paola Andrea Cataño, coordinadora del Centro de Investigaciones de la institución confirmó otros procedimientos irregulares. “Sí creo que hay corrupción (en la universidad) porque he visto prácticas desordenadas. Hay personas que se han graduado sin que yo les dé el paz y salvo del trabajo de grado (…) o estudiantes que van mal y terminan con las materias ganadas”.
En noviembre de 2021 la Corte Suprema interrogó a la exsecretaría académica Yolanda Cossio Rincón, quien reconoció que en algunos de los exámenes aprobados por Julián Bedoya se designó solo a un profesor. Según ella, eso ocurrió porque “había materias que ya habían salido del plan de formación”. “¿Y eso qué tiene que ver si el reglamento exige que sean dos los evaluadores?”, le preguntó la Corte. “No, pues había materias que solo las evaluaba un solo profesor”, contestó Cossio Rincón sin saber qué más decir. No es todo. Los jurados de esos exámenes que presentó Julián Bedoya ni siquiera eran catedráticos de las áreas que evaluaron. Juan Felipe Hernández no era profesor de Sociología Jurídica o Filosofía del Derecho y, sin embargo, aprobó al senador Bedoya. Lo mismo pasó con el profesor Juan Carlos Hoyos, experto en asuntos penales, pero pasó a Bedoya en los exámenes de Hacienda Pública, Contratación Estatal y Responsabilidad Extracontractual.
Toda esta cadena de irregularidades, que incluía que en cuatro actas de exámenes de suficiencia no se pusiera la firma de la secretaria académica Yolanda Cossio, le permitieron llegar a la Corte Suprema a la siguiente conclusión: “Sin remisión a duda, para la Sala el procedimiento expedito, preferencial y al margen del reglamento aplicado al procesado en lo atinente a la solicitud pago, programación, designación de jurados y la realización de 11 exámenes de suficiencia y uno especial permite inferir de manera razonable el interés o móvil que tuvo Bedoya Pulgarín para determinar la presunta comisión de conductas antijurídicas en quienes tenían la facultad de facilitar la titulación exprés finalmente otorgada. Hechos indicadores debidamente acreditados por la Sala a partir de los cuales se deduce también el carácter apócrifo de las actas que registran la presentación de los exámenes y las notas todas aprobatorias del estudiante y hoy senador”.
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Como si fuera poco, al revisar el orden cronológico de las ‘gabelas’ que tuvo Bedoya se estableció que la Universidad le permitió “presentar exámenes preparatorios sin haber cursado y aprobado el plan de formación para entonces pendiente de 11 exámenes de suficiencia y uno especial”. Y añadió la Corte: “En evidencia de la selección amañada de docentes jurados realizada por la secretaria académica Yolanda Cossio, también obra en el expediente el testimonio de la entonces coordinadora del Centro de Investigaciones Paola Andrea Cataño”. En efecto, Cataño señaló que en el segundo semestre de 2019, cuando ya el caso Julián Bedoya era un escándalo nacional, Yolanda Cossio reunió a todos los profesores para que firmaran un comunicado apoyando a Bedoya y al rector Hincapié. Como ella no firmó ese comunicado, “en represalia la secretaria Yolanda Cossio empezó a ponernos más trabajo, más entrevistas por hacer, más exámenes para vigilar”.
Y algo más. La Corte hizo un seguimiento detallado desde que Bedoya pidió regresar a la universidad hasta que se graduó para dimensionar la gesta académica del entonces senador. El 8 de octubre presentó la petición oficial de reingreso. El 11 se la aceptaron. El 22 de octubre pagó la matrícula. Entre el 23, 24 y 25 de octubre asistió a los debates de proyectos de ley en el Capitolio. Al día siguiente, el 26, viajó a Medellín y presentó cuatro exámenes de suficiencia. El 8 de noviembre, según los registros de Migración, viajó a Cancún, donde permaneció hasta el 15 de ese mes. El 18 de noviembre Bedoya presentó las Pruebas Saber Pro. Los días 19, 20 y 21 de noviembre asistió al Congreso y el 23 viajó otra vez a Medellín para presentar y aprobar cuatro evaluaciones más. Regresó a Bogotá, legisló ese mes de diciembre y el 22 de enero de 2019 aprobó tres exámenes más y en menos de una semana culminó el curso de protocolo empresarial.
El sorprendente desempeño académico de Julián Bedoya es único. Es más, la Universidad de Medellín le certificó a la Corte que no ha existido un caso igual en toda la historia de ese plantel educativo en el que un alumno presente cuatro exámenes de suficiencia y tres preparatorios en un mismo día. “De conformidad con las pruebas se puede inferir a la luz de la lógica y la sana crítica que es poco creíble, por resultar inusual o casi un imposible físico que un estudiante surta tantos exámenes en tan poco tiempo, máxime cuando en esas fechas previas se hallaba desarrollando otras actividades que van desde un viaje internacional hasta el desarrollo de sus funciones congresuales, las cuales implican un desgaste por la labor que debe adelantar en los debates de proyectos legislativos”, sostuvo la Corte en un extenso documento de 170 páginas en el cual le resolvió la situación jurídica a Julián Bedoya Pulgarín.
Como si fuera poco se le convalidó el requisito del Consultorio Jurídico, que todo estudiante de Derecho debe aprobar, con su labor como parlamentario y además no se le exigió la obligación de acreditar conocimientos mínimos en inglés para obtener su título como abogado. Capítulo aparte merece el profesor John Mario Ferrer Murillo, quien no solo fue jurado de Bedoya en cuatro áreas que no dominaba, sino que además lo incluyó en un grupo académico que le permitió cumplir en tiempo récord su proyecto de investigación. Según le contó el profesor Ferrer a la justicia, fue él quien le propuso a Bedoya ingresar a su proyecto que tenía como fin la publicación de un libro sobre libertad de expresión. En ese sentido, la labor de Bedoya para graduarse consistió en analizar diez sentencias sobre la materia. “Realicé todo el análisis y todas las fichas bibliográficas y en enero (de 2019) entregué el producto al investigador John Mario Ferrer”, declaró Bedoya.
El problema, según las evidencias en poder de la justicia, es que cuando Bedoya apareció con su “investigación” ese proyecto ya estaba terminado. Amalia María Cano, jefe del sello editorial de la Universidad de Medellín, así se lo expresó a la Corte Suprema. Según ella, el proceso de publicación del libro “Sistemas Jurídicos” del profesor Ferrer empezó en junio de 2016. Los evaluadores recomendaron la publicación del libro, pero con algunas correcciones y finalmente la última versión del proceso de edición se envió en junio de 2018, es decir, tres meses antes de que Bedoya Pulgarín reingresara al plantel educativo. Cuando la Corte le preguntó a Amalia María Cano como directora editorial de la universidad si había algún registro que certificara que el excongresista liberal había colaborado en la elaboración del libro del profesor John Mario Ferrer, ella contestó sencillamente que no. Otra evidencia más en la cadena de anomalías de este expediente.
A pesar de todos estos hallazgos, la Sala de Instrucción de la Corte no pudo terminar la investigación, pues Bedoya Pulgarín perdió su fuero como senador. Por esta razón todo el expediente fue enviado en agosto pasado a la Fiscalía. Justamente esta semana inició el juicio contra los exdirectivos y exdocentes de la Universidad de Medellín, entre los que aparecen el exrector Hincapié y el profesor Ferrer. Una investigación de Vorágine estableció que el profesor Ferrer una vez fue retirado de la Universidad de Medellín por estos hechos terminó con contratos en la alcaldía de Daniel Quintero. Además de los procesos en la Corte y la Fiscalía, la Universidad de Medellín le pidió al Consejo de Estado que anule el título que le otorgó a Julián Bedoya. De hecho, la institución trató de anularlo internamente, pero Bedoya interpuso una tutela y la Corte Constitucional le dio la razón. En esencia, advirtió el fallo, la entidad educativa no podía revocarle un título a un egresado.
En junio pasado, el Ministerio de Educación sancionó con cinco años de inhabilidad al exrector Néstor Hincapié y a dos exdirectivos más al constatar todas estas irregularidades administrativas. El Espectador consultó al profesor y actual fiscal delegado Néstor Raúl Posada, uno de los denunciantes, quien señaló sobre Julián Bedoya: “Él era muy mal estudiante y evitó ver conmigo Penal General porque sabía de la exigencia académica y él estaba por pasar de manera fácil. El daño a la universidad por este caso fue muy grande por la discriminación que han sufrido nuestros egresados, muchos de los cuales tuvieron problemas para vincularse profesionalmente porque eran de una universidad en la que le regalaron un título a este exsenador”. Y añadió con vehemencia: “El exrector Néstor Hincapié era un dictador en la Universidad de Medellín al punto de canjear títulos por votos”.
En contraste el exfiscal Jorge Perdomo, apoderado del actual excongresista, reivindicó la inocencia de su cliente. Señaló que todavía no le han notificado a qué fiscal le corresponderá continuar la investigación contra Bedoya Pulgarín y concluyó: “Estos son temas de interpretación de reglamentos, no de comisión de delitos. No hay ninguna prueba en el proceso que evidencie que Julián Bedoya determinó a personas para cometer delitos. La Corte dice que esos supuestos delitos los cometieron los profesores y los directivos y que Bedoya los determinó, pero no hay ninguna prueba de ello. Al contrario, hay pruebas que desvirtúan cada una de esas hipótesis que hasta ahora ha tenido la Corte”. Sobre los demás procesos adelantados de forma paralela por este caso, Perdomo se abstuvo de pronunciarse porque dijo que no los conoce. Entre tanto, según se oye en Medellín, Julián Bedoya estaría pensando en lanzarse para la gobernación de Antioquia.
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