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Pasó más de un año desde que la Fiscalía anunció, en un escueto comunicado de prensa, que llamó a juicio, nuevamente, a Eduardo Dávila Armenta, dueño del club de fútbol profesional Unión Magdalena, quien ya había sido condenado a 34 años de prisión por un homicidio en 2007, en Santa Marta. El empresario de 74 años, señalado por las autoridades de haber sido aliado de los paramilitares Jorge Gnecco Cerchar y Hernán Giraldo, ahora afronta un juicio por su presunta participación en el asesinato del juez Javier Cotes Laurens, quien lo había condenado en los años 90, tras comprobarse que también estaba inmerso en el narcotráfico.
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El funcionario judicial, nacido en Pescaíto, el barrio popular donde también nació el icónico futbolista samario el Pibe Valderrama, fue asesinado el 3 de diciembre de 2001 por sicarios al mando de Hernán Giraldo, quien volvió a Colombia el año pasado, después de pagar una condena en Estados Unidos por narcotráfico. El Espectador conoció la acusación completa en contra de Dávila Armenta, quien habría tenido todo que ver con el plan que se fraguó para matar a Cotes Laurens. El día de su asesinato llegó el mecánico del juez a su casa con la excusa de ir a buscar unos repuestos; sin embargo, cuando Cotes bajó a recibirlo, se encontró con los sicarios de Giraldo.
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La muerte del juez, dice la Fiscalía, le convenía a varios criminales de Santa Marta, entre ellos, Dávila Armenta, el narcotraficante Pacho Musso —quien intentó ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, según inteligencia policial, sigue delinquiendo—, pues “con sus fallos los había condenado y les había expropiado bienes”. Incluso, el juez Cotes también le decomisó bienes a Carmen Vergara Díaz Granados, la mujer que le manejó las finanzas a la viuda de Jorge Gnecco Cerchar, también aliado de Dávila. Ella fue asesinada en 2007 por órdenes del dirigente deportivo, crimen por el que hoy tiene detención domiciliaria.
Los testigos
En su labor investigativa, la Fiscalía recogió, en 2002, el testimonio de Román Alonso Londoño, interno de la cárcel distrital de Santa Marta que supo cómo la ciudad y esa prisión eran controladas por las autodefensas. El testigo dice que, por su buena relación con los paramilitares de Hernán Giraldo que estaban presos, se enteró de que querían atentar contra el juez Cotes Laurens. Según el relato de Alonso Londoño a los fiscales de Justicia y Paz, los paramilitares iban a intentar deshacerse del juez porque estaba adelantando una investigación en la que quedaron capturados quince colaboradores del narcoparamilitar, señalado de abusar sexualmente de varias menores de edad en esta zona del país.
También señaló que en una oportunidad vio que Eduardo Dávila visitó en ese penal a Humberto Blandón, hombre de confianza de Giraldo, y que fue acompañado de un integrante del clan paramilitar de Adán Rojas. El dominio de los paramilitares era tal que el testigo Alonso Londoño dice que Dávila Armenta ingresó a jugar un partido de fútbol con otros internos. Alonso Londoño dijo que “Dávila, propietario de la empresa Aceite Topacio y presidente del Unión Magdalena, era muy colaborador con la gente de Giraldo”, y que a ellos los escuchó hablar y decir que “había que pegarle un susto o darle duro al juez porque no quería firmar más redenciones”.
Otro testigo que apunta a que el dirigente del fútbol colombiano ordenó el crimen del juez Cotes Laurens es un infiltrado en el extinto grupo criminal de Giraldo, cuyo nombre se reserva este diario por temas de seguridad. “Quienes participaron en el crimen fueron alias Lalo Iglesias, Amarindo, Metralleta y, como vigilantes, estuvieron Pingüi y Mongolo, todos mandados por Hernán Giraldo, comandante de los paramilitares de la Sierra Nevada, pero según comentarios, por un favor solicitado por Eduardo Dávila Armenta”, dice la acusación del ente investigador a la que tuvo acceso este diario.
En el documento, la Fiscalía también incluyó testimonios de miembros de grupos paramilitares que señalan al dirigente deportivo y a su familia de ser financiadores de este grupo criminal. Por ejemplo, en este proceso declaró Adán Rojas, el conocido jefe paramilitar que lideró una facción paramilitar durante los años 90 en la Sierra Nevada. En su testimonio, el exjefe indicó que tres miembros de la familia Dávila (el propio Eduardo, Camilo Dávila Jimeno y José Gregorio Dávila Armenta) “entregaban aportes” a los paramilitares y, “en contraprestación, recibían protección para la finca. Eduardo Dávila les daba entre $1 millón a $4 millones mensualmente”, dijo el testigo.
También figura una declaración del propio Giraldo al ente investigador en la que dice que Dávila, junto a su hermano José Domingo Chelo Dávila, mientras fue candidato a la Gobernación del Magdalena, fue hasta la Sierra Nevada a buscar su apoyo. Por estos hechos, la Corte Suprema condenó a Chelo Dávila a siete años de prisión por aliarse con paramilitares para llegar a la Gobernación de ese departamento en 2001. Esa alianza mafiosa, fraguada en septiembre de 2000, fue denominada el pacto de Chivolo, en el que también participaron candidatos a varias alcaldías, concejos y la asamblea del departamento.
“Es evidente que los medios de prueba testimonial lo ubican como una persona que se benefició de la organización paramilitar, que además tuvo una activa participación en las elecciones populares, hasta el punto de lograr que su hermano llegara a ocupar el cargo de gobernador (…) El apoyo que Eduardo Dávila le dio a la organización, aportando dinero y contribuciones para la organización y promoción del grupo paramilitar, recibiendo como contraprestación la disposición de un grupo para cualquier situación o favor personal que se le presentara, o como seguridad para sus propiedades rurales, donde tenía el asiento de sus actividades comerciales y laborales”, señaló la Fiscalía en su acusación.
El Espectador se contactó con la defensa de Dávila Armenta, pero señalaron que no se iban a pronunciar al respecto. Ha pasado un año desde que la Fiscalía anunció que lo iba a llamar a juicio y, según fuentes del caso, desde entonces el expediente no se ha movido. Más de dos décadas después del asesinato del juez Cotes Laurens, el caso sigue sin ser resuelto y en la total impunidad.
Por David Escobar Moreno
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