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Jorge Iván Cuervo completa un mes al frente del Ministerio de Justicia a donde llegó con varias tareas que le encomendó el presidente Petro. Entre ellas, sacar adelante la reforma agraria, prestarle atención a la crisis carcelaria y destrabar la ley de sometimiento. En ese paquete de prioridades, el mandatario también agregó la relación con la rama judicial. Cuervo, un académico de la Universidad Externado, asumió la tarea de ser mediador y equilibrar los ánimos que han estado alterados por los constantes roces entre el Ejecutivo, las altas cortes y la Fiscalía. Si bien el nuevo ministro sostiene que logró reconstruir las relaciones, también reconoce que el tiempo apremia y es poco lo que puede hacer de manera contundente en esa cartera.
En entrevista con El Espectador, el ministro Cuervo habló sobre la imposibilidad de tramitar la ley de sometimiento para crear un marco jurídico para las negociaciones en el marco de la paz total. En esa lista de tareas, el jefe de la cartera de Justicia también añadió la preocupación por el cambio de modelo en el sistema de salud carcelario, aunque detalló que hasta el momento la crisis está contenida. Con respecto a su misión de actuar como mediador, Cuervo reconoce que todavía hay retos importantes para construir una verdadera armonía institucional que no se rompa en cada cambio de gobierno. Además del tiempo limitado, el ministro expresó que prometió nunca hablar mal del gobierno.
Ministro, usted llegó a la cartera de Justicia con el papel de ser mediador entre la rama judicial y el Ejecutivo ¿Cómo le ha ido con esa tarea teniendo en cuenta que han existido nuevos roces entre el presidente, las altas cortes y la Fiscalía?
Creo que siguen existiendo algunas tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, sobre todo derivadas de decisiones judiciales tomadas en distintas instancias. Afortunadamente me han recibido muy bien. Me he reunido con la Corte Constitucional, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Si bien ya hablo con todos los magistrados y nos intercambiamos mensajes constantemente, no hemos tenido la reunión formal que va a ser la próxima semana. He encontrado muy buena receptividad en el sentido de que vieron con buenos ojos mi llegada al Ministerio.
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He tenido una especial relación con la fiscal, nos hemos reunido varias veces. Estuve en el proceso de rendición de cuentas, conversamos y tenemos muchos puntos en común. Sacamos un comunicado conjunto relacionado con todo el tema de extinción de dominio, la decisión del Consejo de Estado y algunos pronunciamientos de la directora de la SAE. En estos tiempos, un comunicado suscrito por Fiscalía y Ministerio de Justicia frente a un tema da cuenta de la armonía institucional que he logrado construir o reconstruir.
Usted menciona que ha logrado reconstruir la armonía institucional ¿Cómo se está traduciendo esa armonía entre las diferencias de criterio que hemos visto entre el Ejecutivo y la Rama Judicial frente a temas álgidos como la paz total?
La próxima semana se reúnen la Fiscalía y el Alto Comisionado para la Paz. Hay un tema puntual sobre las órdenes de captura cuando algunos integrantes de los grupos armados pasan a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Muchas órdenes de captura contra estas personas, especialmente contra los líderes, están suspendidas. Incluso algunos de ellos están pedidos en extradición, pero el gobierno le ha solicitado a la Fiscalía que suspenda las órdenes de captura y eso está vigente. Pero resulta que a esas zonas va a pasar mucho de lo que llamaríamos tropa rasa, sobre los cuales no tenemos claridad sobre su situación jurídica. La oficina del Alto Comisionado tendrá que pasar un listado y la Fiscalía tendrá que revisarlo. La idea del gobierno y del alto comisionado es que, de aquí al 7 de agosto, en varias mesas de negociación, haya traslado a la ZUT, y con eso se va generando un hecho político que haga, que de alguna manera, que los procesos de paz en otro gobierno se puedan revisar y que haya cierto punto de no retorno.
Tras la llegada al cargo, usted señaló que una de las prioridades del trabajo que le encomendó el presidente Gustavo Petro fue la ley de sometimiento y el marco jurídico para los procesos de negociación que se adelantan en el marco de la paz total. ¿Hay avances en esa materia?
La apuesta es tratar de hacer algún debate y creo que solo alcanzamos a hacer uno. No da para más, eso genera mucha incertidumbre. El proyecto que presentó Eduardo Montealegre (exministro de Justicia) hay que modificarlo muchísimo para que pueda pasar. Me parece que es muy ambicioso. La gran preocupación de los grupos armados es que les digan cuánta prisión van a pagar, si cinco u ocho años. También les preocupa la discusión compleja de si pueden quedarse con un porcentaje de los bienes. Eso hay que justificarlo muchísimo mejor para que no quede la idea de que el gobierno va a permitir que legalicen sus bienes. Y la garantía de no extradición, me parece que es otro tema. Si uno lograra armar un marco jurídico que, insisto, debió haberse tenido desde el primer día de la negociación, yo creo que quedarían sentadas las bases para continuar.
¿Entonces definitivamente el proyecto que presentó Montealegre no va más?
No, ya los tiempos no dan.
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Pero, ¿usted cree que el próximo gobierno va a tener dentro de su agenda como prioridad la continuación de las negociaciones de paz teniendo en cuenta que precisamente uno de los temas más álgidos es la crisis de seguridad que atraviesa el país?
La polarización política que vivimos, no solo en Colombia sino en el resto del mundo, hace difícil que tengamos políticas de estado. Creo que hay algunos temas, por ejemplo, la violencia armada o el feminicidio, que no se resuelven con cuatro años, ni siquiera de buen gobierno. Son temas en los que se necesitan consensos sociales, políticos, reformas jurídicas e institucionales de mediano y largo plazo. Y si cada gobierno viene y cambia el modelo de negociación o dice que no va a negociar y va a aumentar el componente militar, en esos 4 años no se va a resolver el problema y nos va a coger otro siglo todavía con conflicto armado interno.
Todos los gobiernos de derecha y de izquierda han intentado la negociación. Quizás la discrepancia es sobre el cómo y el qué, pero necesitamos consensos básicos en el sistema político para tener un marco de negociación de estado a 10 años, por ejemplo, y que cada gobierno lo refuerce. Si seguimos al vaivén de si hay negociación o no cada vez que haya cambio de gobierno, los grupos armados ilegales gozan y extienden su poder, su fortaleza financiera y económica. Si cada 4 años creemos que nos tenemos que inventar la rueda, va a llegar el momento en que los problemas van a desbordar al Estado. La polarización política puede llevar a un grado de corrosión institucional muy grave para la sociedad.
Usted está planeando dejar las “bases” de los procesos. Es claro que no alcanza el tiempo para presentar algo contundente. ¿En qué sí podría concentrarse en este tiempo tan corto para que su paso por el Ministerio no sea solamente para cumplir una cuota?
Estamos poniendo en marcha las cosas que ya venían, tratarlas de terminar. La prioridad es la jurisdicción agraria. Hay problemas con dos o tres artículos, sobre todo con la función de la Agencia Nacional de Tierras y de los jueces en algunos de los procesos especiales agrarios. También hay cosas dentro del ministerio y del sector justicia que hay que mover. En todo el tema penitenciario, un tema grueso es el modelo de salud. Quisiera dejar eso bien, que el cambio de modelo sea gradual, bajo un principio de precaución con la lógica de que no se interrumpa nunca el servicio de salud y que se mejore la prestación y la oportunidad del servicio para las personas privadas de la libertad.
¿Por qué cree que el cambio de todo el modelo de salud hacia la Nueva EPS, como lo propone el ministro de Salud y el presidente Gustavo Petro pueda traer resultados catastróficos? ¿Cuál es su temor o preocupación frente a ese tema?
Eso no puede ser de un día para otro porque es posible que algunos servicios se afecten. Si en algún momento determinado, por fuera de las cárceles se afecta la prestación de un servicio, como por ejemplo la diálisis, pues ese caso se puede resolver de alguna manera, pero si eso sucede en las cárceles, hay un enorme riesgo de motines y de crisis carcelaria. No son comparables los escenarios. En el escenario de cárceles hay que ser muy cuidadosos porque cualquier afectación al servicio de salud se puede transformar en una crisis de seguridad carcelaria.
Claro, pero esta crisis carcelaria también involucra hacinamiento, alimentación y condiciones de derechos humanos. Veo que dentro de las prioridades del Ministerio de Justicia esos otros factores de crisis no están ¿o sí?
Se acaba de aprobar un CONPES de humanización que plantea una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y en eso estamos trabajando. Hay un plan de adecuación de infraestructura y de ampliar algunas cárceles. En eso avanzaremos hasta donde podamos, pero el 8 de agosto, cuando este gobierno ya no esté, el Estado de Cosas Inconstitucional de la Corte Constitucional sigue. No voy a dejar resueltos todos los problemas de las cárceles, pero hemos trabajado muy bien con el director del INPEC, con el coronel Gutiérrez y con el director de la USPEC, tratando de dejar eso en normalidad. Las cárceles nuestras tienen problemas, hay hacinamiento, problemas de seguridad y todo el tema de las extorsiones. Pero cuando uno mira, en medio de todas las dificultades, el sistema carcelario colombiano está bajo control, el Estado tiene forma de controlar el sistema. Estamos muy lejos de una situación en la que el tema se desborde. Si logro que hasta el 7 de agosto no haya crisis carcelaria, a uno le da la sensación de que estamos cerca pero en realidad no, eso está muy bien.
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Antes de su llegada, en El Espectador publicamos varias denuncias de salidas de funcionarios del Ministerio y contrataciones masivas en plena ley de garantías. Fuentes nos señalaron que el equipo quedó reducido y en manos de gente sin experiencia ¿Cómo encontró la cartera? ¿Está conforme?
La metáfora que quiero usar es que, por distintas razones, encontré un carro en malas condiciones y me ha costado darle el estartazo. Es como un carro que está abandonado y se ha enfriado. Le he venido dando el estartazo, el carro volvió a prender y ya voy avanzando. Siento que voy quizás a 20 o 30 kilómetros por hora, que no es lo ideal, pero es preferible ir a 20 o a 30 que con el carro apagado. Aspiro en agosto entregar el carro a 60 o 70 kilómetros por hora, para que quien llegue al Ministerio, no importa quién sea, se suba a ese carro y diga que está andando. Ahora, la ley de garantías me limita, no podemos contratar a nadie hasta el 20 de junio. Incluso algunos cargos de planta tampoco se pueden proveer en este tiempo, salvo que uno justifique muy bien la necesidad del servicio. Ahora me encuentro con esa limitación estructural, pero no me puedo quejar y me toca trabajar con lo que hay. He encontrado un equipo técnico muy bueno. Había recibido información de que la base del ministerio estaba muy golpeada, pero poco a poco hemos ido sacando la cosa adelante.
Usted como defensor del sistema democratico, y de la constitución, ¿qué opinión le merecen las explícitas participaciones en política que han hecho miembros del gobierno, como el presidente?
Hay que saber qué vamos a entender por participación en política. Qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer. El marco jurídico que hay es gris. La clave es que mientras no se comprometan recursos públicos a favor de una u otra campaña, sobre eso hay consenso de que no hay participación política; hasta ahí está claro. Pero en las declaraciones de servidores públicos a favor de una u otra, hay una zona gris. ¿Los gobiernos pueden, sin vincular recursos públicos, defender sus acciones de gobierno en clave política?. Creo que sí. A mí los temas del activismo político, que es muy claro en algunos integrantes del gabinete, no son mi estilo de trabajo, me es irrelevante. Tengo muy buena relación con el gobierno, pero si llegara a haber dificultades, que no ha habido, la promesa es que jamás saldré a hablar mal del gobierno ni a criticar lo que se hizo y se dijo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
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