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Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño traicionaron a la justicia. Los tres son exmagistrados del Tribunal de Villavicencio (Meta) que usaron su poder para conceder beneficios y dilatar procesos de privados de la libertad que realmente no tenían derecho a ellos, como alias Bacalao y Cesarín, de la oficina de Envigado. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió que los otrora togados incurrieron en prevaricato y cohecho. Por eso, la justicia los condenó a prisión domiciliaria, multas económicas e inhabilidad para ejercer derechos y ocupar caros públicos.
Dentro de la investigación que realizaron la Fiscalía y la Corte Suprema, se encontró que los togados torcieron y dilataron los procesos a cambio de prebendas. Además, en uno de los apartes de la decisión, se narra cómo se beneficiaron de dineros mal habidos y asistieron a fiestas a cambio de polémicas decisiones. Estas fueron las faltas de cada uno de los exmagistrados, según la decisión de la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.
Fausto Rubén Díaz Rodríguez:
El exmagistrado Díaz Rodríguez actualmente tiene 73 años y fue magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio (TSDJV) entre 1991 y 2016. La condena impuesta por la Sala de Primera Instancia de la Corte es por el delito de prevaricato por acción agravado, por el que tiene que purgar 10 años y seis meses de prisión. Asimismo, a Díaz se le condenó a pagar una multa de 435 y fue inhabilitado indefinidamente para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Su pena tendrá que purgarla desde su domicilio en la capital del Meta.
Según se lee en el expediente en su contra, en 2013, el entonces magistrado Díaz Rodríguez profirió dos conceptos que para la Corte Suprema resultaron “contrarios a la ley”. Esto se dio en el proceso que se adelantaba en contra de Danit Doria Castillo, alias Bacalao, sobrino del desaparecido narco Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Lo dicho por Díaz Rodríguez fue en medio de una toma de decisiones sobre la medida de aseguramiento que debería tener Doria Castillo y que favorecería al criminal, que se encontraba privado de la libertad por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso heterogéneo con concierto para delinquir. Por eso, se le había negado la prisión domiciliaria, a lo que Díaz Rodríguez se opuso.
Para la Corte, “no hay duda que incurre en prevaricato por acción el funcionario judicial que a través de una ponencia o salvamento de voto emite un juicio sobre un asunto consignando apreciaciones abiertamente contrarias a la ley, así sus manifestaciones estén desprovistas de poder decisorio sobre el objeto de debate. Por lo tanto, los emitidos por el doctor Días Rodríguez son pasibles de ser calificado como prevaricadores”. Lo que evidenció al alto tribunal es que en el caso de alias Bacalao, había pruebas de que había intentado varias veces evadir la reclusión, incluso en su domicilio, pero que aún así, ignorando las normas, el entonces magistrado buscó beneficiarlo. “Es incontrovertible, entonces, que los conceptos emitidos por el acusado en el acto complejo analizado expresan una manifiesta oposición a la ley”, se lee en la sentencia.
Alcibíades Vargas Bautista:
Vargas Bautista tiene actualmente 65 años y fue magistrado de la Sala Penal del TSDJV, entre 2008 y 2025. De acuerdo con la investigación, es responsable de los delitos de prevaricato por acción, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir simple y cohecho propio. En el expediente se lee que en el conocido caso Autorolling demoró cinco años, cinco días y 10 meses en resolver una apelación que, de acuerdo con la ley, debe solucionarse en máximo 10 días. También, se lee que su despacho evacuó en menos de un año varios procesos por delitos graves que habría requerido más tiempo. Por sus faltas, el exmgasitrado fue condenado a 10 años de prisión domiciliaria, a pagar una multa de 306 salarios mínimos legales y fue inhabilitado indefinidamente para ejercer derechos y funciones públicas.
La Sala de Primera Instancia consideró que las pruebas presentadas daban cuenta de que Vargas Bautista y Trejos Londoño “aceptaron promesa remuneratoria equivalente a $ 2.000′000.000, para ejecutar un acto contrario a sus funciones oficiales, esto es, revocar la sentencia condenatoria proferida en contra de Marbelly Sofía Jiménez Pérez, y recibieron con ese mismo propósito atenciones de esta última consistentes en el pago de la estadía en el balneario Paloverde con todos sus consumos y servicios sexuales de mujeres en los años 2012, 2013 y 2014″.
Joel Darío Trejos Londoño:
El exmagistrado Trejos Londoño tiene 66 años y ejerció como magistrado de la Sala Penal del TSDJV de 2009 a 2022. Durante 2013, según la investigación de la Corte, recibió en el primer semestre de ese año $150’000.000 en una fiesta en un balneario del Meta. En dicho evento, estuvieron también los entonces magistrados Díaz Rodríguez y Vargas Bautista. A los tres se les pagaron además “su estadía en el mismo lugar con todos sus consumos, incluyendo licores y el servicio sexual de mujeres durante el segundo semestre de los años 2012, 2013 y 2014”.
Las coimas que aceptaron fueron para retrasar algunos procesos y así buscar que prescribieran. También, para revocar una condena, a pesar de que no hubiera realmente argumentos jurídicos para ello. Trejos Londoño y su núcleo familiar, dice la decisión, tuvieron un incremento patrimonial que no podían justificar de acuerdo con los ingresos legales que tenía como magistrado del Tribunal de Villavicencio. La decisión de la Corte resalta que sus acciones pusieron “en entredicho el principio de legalidad y la transparencia de la administración de justicia, elementos que conocía por su amplia experiencia laboral porque previo a ser nombrado como magistrado ejerció de juez, lo cual le permitió adquirir experiencia en el manejo de acciones de tutela y procesos penales”.
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