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Angélica Monsalve es hoy una de las fiscales más conocidas, pero también polémicas de la Fiscalía. Su reconocimiento se lo ganó en marzo de 2022, cuando denunció en medios de comunicación que el fiscal Francisco Barbosa la había trasladado de sede justamente cuando se alistaba a imputarle cargos a los empresarios Carlos y Javier Velilla, y al exconcejal Felipe Ríos Londoño, los tres miembros de una prestante familia envuelta en investigaciones de corrupción. Con el tiempo, no obstante, la propia entidad en la que trabaja le puso la lupa a su trabajo y esta semana reveló que hay pruebas suficientes para vincularla a una investigación penal por oscuros lunares en su carrera profesional.
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Según un comunicado de prensa de la Fiscalía, Monsalve será imputada por el delito de concusión (cuando un funcionario público abusa de su cargo para exigir, usualmente dinero, a cambio de un beneficio). El Espectador tuvo acceso al expediente que la Fiscalía tiene en su contra, que incluye audios, correos y decenas de documentos, que evidenciaría que la fiscal habría hecho peticiones de dinero para que investigados no fueran enviados a la cárcel en un caso de corrupción en contratos de carros blindados. Además de este proceso, Monsalve tiene en su contra dos indagaciones: una por presuntas irregularidades en el archivo de una denuncia y otra por supuestamente haber presionado a otros investigados.
La fiscal ha sido funcionaria de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública desde 2020. Allí aterrizó, luego de haber estudiado Derecho en Venezuela, y de trabajar durante dos años en otra dependencia de la Fiscalía. Sus líos arrancaron en 2021, cuando omitió las recomendaciones que le hicieron sus superiores de investigar mejor un supuesto caso de corrupción en la DIAN, antes de imputarle cargos a un exfuncionario de la entidad. Aunque el asunto no terminó en ninguna investigación en su contra, la Fiscalía la apartó del caso, pues pese a las advertencias de que no había investigado lo suficiente, Monsalve sí pidió la imputación. Así empezaron los problemas.
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Un año después, a la Fiscalía llegó una la denuncia que presentó Martín Ricardo Manjarrés, hoy investigado por el carrusel de los carros blindados, una organización que se habría valido de amistades cercanas a funcionarios públicos para obtener, de manera fraudulenta, contratos con entidades del Estado para venta, alquiler y mantenimiento de vehículos. Según el recurso de Manjarrés, el abogado Jimmy Forero le pidió dinero, en nombre de la fiscal Monsalve Gaviria, para que la funcionaria archivara unas indagaciones que se adelantaban en su contra. La denuncia, que reposa en el expediente contra la funcionaria, señala que la petición ocurrió en una reunión el 15 de junio de 2022.
“El ofrecimiento que me hace es que me evitaba una imputación que me acabaría la empresa y yo estaría en la cárcel mientras me defendía”, dice Manjarrés, quien explica que ambos se volvieron a reunir y acordaron la firma de un contrato por $500 millones. Sin embargo, el denunciante señala que, a través de un mensaje de WhatsApp, el abogado Forero se negó a firmar el negocio, pero que igual le advirtió que debía comprometerse a pagar, porque la fiscal tenía la potestad de archivar su caso o imputarlo. Un mes después, Martín Ricardo Manjarrés fue llamado a imputación de cargos. Por este caso es que la fiscal Monsalve será vinculada a una investigación penal.
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Aunque las otras indagaciones contra la funcionaria no están tan adelantadas, la Fiscalía tiene otros indicios de que habría presionado a investigados para obtener falsas declaraciones y, por eso, ya la llamó a interrogatorio. Entre las pruebas que reposan en el expediente se encuentra una declaración rendida por el mismo Manjarrez, quien dice que se acogió a un principio de oportunidad, en septiembre de 2022, por presiones de la fiscal. Cinco meses después de que se concretara la negociación, la propia Fiscalía tumbó el principio de oportunidad al concluir que las declaraciones no fueron precisas. En otras palabras, que la fiscal no habría hecho bien su trabajo.
La otra indagación que tiene la Fiscalía en contra de Angélica Monsalve tiene que ver con el archivo que ella misma ordenó de una denuncia contra el exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, y sus primos José María Campo y Joaquín Campo. Las pistas que tiene el ente investigador en este caso es que la fiscal no habría hecho las investigaciones necesarias para ordenar el archivo. Según los documentos obtenidos por este diario, Monsalve llamó a interrogatorio a los primos del exfuncionario y, como no asistieron, la funcionaria, sin más, decidió cerrar la indagación.
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Esta semana, cuando la Fiscalía anunció la imputación en su contra, Angélica Monsalve publicó varios mensajes en Twitter en los que sentó su posición: todo es un intento de la Fiscalía por cuestionar su labor. “La fiscalía de (Francisco) Barbosa y (Martha) Mancera, haciéndole favores a los delincuentes de cuello blanco de este país. Intenta por todos los medios desprestigiar mi labor como fiscal (quisiera el imputado Martín Manjarrés y secuaces haber arreglado con dinero sus delitos en el carrusel carros blindados), era de esperarse de una fiscalía corrupta, que se desproteja a la fiscal del caso, para amparar a todos los involucrados que vienen robándose al país desde hace 12 años” escribió.
Y agregó: “Quieren la cabeza de la fiscal que les estorba. Una institución encabezada por bandidos. No les tengo miedo porque miedo deben tener los criminales”. Por ahora, la Fiscalía no la ha apartado de sus funciones. Mientras asiste a su propia imputación, y sigue activa en sus redes sociales, Monsalve seguirá al frente de las investigaciones que la llevaron, no solo a enfrentar su propia investigación penal, sino al reconocimiento nacional. Justamente este viernes seguirá al frente del juicio contra Carlos y Javier Velilla, mientras termina de resolver otro problema, similar a los que le han traído líos: la acusación contra Felipe Velilla que el Tribunal Superior de Bogotá ya tumbó por, de nuevo, falta de rigurosidad.
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