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El 28 de septiembre es el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y en la conmemoración de este año Colombia es faro, luz y guía para los movimientos internacionales, especialmente latinoamericanos, que buscan el avance y la protección del derecho a interrumpir un embarazo. Desde febrero de este año, con la bandera de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, el ejemplo colombiano pasó a ser vanguardia en la lucha por las garantías de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, y el marco legal que lo permitió es referente jurídico internacional. Pese a estar en la vanguardia de este asunto, el debate está lejos de terminar.
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El caso más reciente que revivió la discusión sobre el aborto se conoció hace unas semanas, cuando un magistrado de la Corte (la misma que emitió la histórica decisión de febrero), Jorge Enrique Ibáñez, admitió una demanda que busca, en poca palabras, volver a poner en la mesa de discusión hasta qué punto interrumpir un embarazo es un delito. El tema en concreto es si los embriones tienen personalidad jurídica, es decir, si tienen o no derechos. La demandante es Natalia Bernal, quien pide que se reconozca que la interrupción del embarazo, a partir de la semana 22, no es un aborto, sino un parto inducido mediante violencia de un ser humano.
Bernal es reconocida en la Corte y en el mundo jurídico por sus posiciones radicales antiaborto y porque, además, es la misma que denunció a los magistrados de la Corte que tomaron la decisión crucial de febrero pasado. Por ahora, el tema en el alto tribunal está avanzando y al despacho del magistrado Ibáñez ya han llegado intervenciones de entidades del Estado, como los ministerios de Salud y de Justicia, que adoptaron una posición con una diferencia abismal al discurso que mantuvo el gobierno anterior, cuya cabeza, Iván Duque, sostuvo hasta el último día que no existía un derecho a abortar.
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Ambas carteras ministeriales le pidieron a la Corte que no se pronuncie sobre el tema, no solo por considerar que el alto tribunal ya hizo su trabajo bien hecho en febrero pasado, sino porque el tema del aborto ya pasó a cosa juzgada y ahora, en lugar de volver a revivir el asunto, lo que debe ocurrir es la protección del derecho que amplió el alto tribunal. Por esta razón, Laura Castro González, vocera del movimiento Causa Justa, señaló que los esfuerzos deberían estar enfocados en dos retos fundamentales. El primero, en que haya una “implementación plena y efectiva de la sentencia que se materializará cuando todas las personas gestantes logren acceder a una interrupción del embarazo de una manera oportuna y segura”.
Y el segundo reto, dice Castro, es que “exista una despenalización social del aborto para eliminar todas las barreras, prejuicios, estigmas y tabús que todavía identificamos en este tema”. Además de estos dos asuntos, Laura Castro hace un llamado para que se avance en una protección legal y política para que los fallos y las decisiones legislativas tengan un piso tan firme que no tambaleen, ni con demandas ante la Corte ni con proyectos de ley contrarios a lo ya aceptado por las altas cortes. Por ahora, el recurso de Bernal que aceptó el magistrado Ibáñez sigue su curso normal en el sistema.
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Justamente esta semana, al despacho del jurista llegó otro recurso de la abogada con una petición inusual: pidió la nulidad del concepto del Ministerio de Justicia (un recurso que no está ni reglado ni permitido) y, además, le solicitó al magistrado Ibáñez que suspenda los procedimientos abortivos, yendo en contravía de la decisión que ya tomó la Corte en febrero pasado. La última decisión que tomó el ponente se conoció el pasado 26 de septiembre, cuando anunció que ampliaría el plazo para que entidades y ciudadanía pudieran hacerle llegar sus conceptos sobre el tema de discusión.
Quienes conocen los pormenores del debate le explicaron a este diario que todavía es muy prematuro saber hacia qué lado se inclinará la Corte y si el caso va por el camino que recorrió Estados Unidos hace unos meses, cuando la Corte Suprema prohibió el aborto, en una decisión que conmocionó a ese país. No solo es muy temprano para saberlo por el hecho de que el magistrado Ibáñez no ha elaborado todavía la ponencia para saber los argumentos jurídicos que planteará a sus compañeros, sino porque la Sala Plena tiene nuevas caras y ya no es la misma que tomó la decisión de febrero pasado.
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En reemplazo del magistrado Alberto Rojas, al alto tribunal llegó la magistrada Natalia Bernal, de quien se esperaría, por sus posturas liberales, un voto a favor de no tocar la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. La otra magistrada que terminó su período es Gloria Ortiz, cuyo reemplazo todavía no se conoce, pero estaría entre la terna compuesta por el exviceprocurador, Juan Carlos Cortés; la exprocuradora delegada, Sonia Patricia Téllez; y la magistrada auxiliar, Bárbara Liliana Talero. En su silla está como encargado Hernán Correa Cardozo. Así las cosas, la balanza todavía no se ha terminado de organizar.
Se espera que los magistrados Alejandro Linares, José Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo mantengan su voto a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahora, con el de Natalia Ángel, completarían los cinco votos, es decir, la mayoría. Al otro lado todo parece indicar que se mantienen las posturas de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Cristina Pardo, quienes le dijeron “no” a la decisión de febrero. Mientras se termina de decantar el debate en la Corte Constitucional, el mundo sigue viendo el referente colombiano, en especial hoy en la conmemoración del Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.
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