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Durante las últimas semanas, desde la Serranía del Perijá, el pueblo indígena yukpa construyó un extenso documento en el que toma varias decisiones que no tienen precedentes en la justicia colombiana. El Espectador conoció el texto de 88 páginas firmado por cinco gobernadores del pueblo seminómada, que se extendía desde el Cesar, en Colombia, hasta Maracaibo, en Venezuela, en el que desiste de los procesos de restitución de tierras y le quita la representación ante varios juzgados a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pues dicen haberle perdido la confianza a este organismo del Gobierno.
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Además, las autoridades indígenas le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un macrocaso relacionado con el despojo de tierras “por diferentes episodios y determinaciones individuales y colectivas por terratenientes, grandes proyectos de agroindustria, la explotación de hidrocarburos y minería a gran escala, y el conflicto social y armado, entre otros. La pérdida del territorio ancestral provocó nuestro confinamiento en las partes altas de la Serranía del Perijá de estas montañas, con pequeñísimos resguardos”, dice el documento, que también fue enviado a esta justicia (surgida del Acuerdo de Paz con las Farc) y las altas Cortes.
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El documento señala que hasta el momento había tres procesos en curso en juzgados especializados de restitución de tierras, en los que la URT representaba a los resguardos yukpas. Uno de los hechos que denuncian los indígenas es que la URT entregó, aparentemente, un informe con datos que no corresponden con la realidad de ese pueblo y las afectaciones de sus territorios sagrados. “Dichas afirmaciones nunca fueron realizadas por las autoridades de los resguardos, lo cual nos lleva a deducir que el informe de caracterización fue presentado con vicios y engaños”, y aducen que en otros casos solo les entregaron materialmente los predios, pero en los papeles aún no.
Además de pedirle la totalidad del expediente a la entidad gubernamental, informaron a los juzgados en donde están esos procesos sobre su voluntad de abandonarlos por los constantes retrasos y señalan que los jueces en cuestión tienen “serias dificultades de interpretar los derechos de tierras y territoriales del pueblo yukpa y un alto grado de desconocimiento de las culturas étnicas y de enfoque diferencial, territorial, étnico y de género (…) no tienen un músculo técnico y jurídico apropiado con enfoque étnico territorial del pueblo indígena yukpa, como etnia amenazada y en exterminio físico y cultural, como sí lo tiene la JEP.”
La URT le dijo a este diario que desde 2014 “se han gestionado cuatro casos a favor del pueblo indígena yukpa, en el marco de un trabajo realizado en sus territorios étnicos y de manera concertada con las autoridades legítimamente reconocidas que en su momento representaban a dichas comunidades, lo que permitió la elaboración de estudios preliminares, el informe de caracterización y la radicación de demanda. A las comunidades de los resguardos Menkué, Misaya y La Pista se les han restituido 308 hectáreas. A las del resguardo Iroka se le reconocieron los derechos territoriales sobre 10.492 hectáreas más”.
Además, esta entidad señaló que han presentado ante los jueces de Restitución de Tierras dos demandas: una del resguardo Sokorpa y otra de las comunidades ubicadas en zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Por último, recalcaron que “la gestión de la Unidad con las comunidades étnicas, desde el principio y hasta el fin del proceso, se hace de manera concertada; por tal razón, nada llega a manos de la justicia sin contar con la previa aprobación de las autoridades del resguardo. Lo anterior en el marco del respeto y la garantía por parte de la Unidad de la autonomía y del gobierno propio de este pueblo indígena”.
Una alerta que nadie atendió
Desde 1996, varias entidades del Estado colombiano han prendido las alarmas sobre el alto riesgo de desaparición de los yukpas. En 1996, la Presidencia, a través del Decreto 1397, declaró a este pueblo originario junto con seis pueblos indígenas más de Colombia como pueblos indígenas amenazados. Todos tienen la misma característica: son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y con graves afectaciones territoriales por fenómenos de colonización, conflicto armado, minería y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, para las autoridades yukpas, no se hizo nada para revertir la preocupante situación.
En 2009, la Corte Constitucional volvió a alertar a través de una sentencia. En ese momento, “declaró a nuestro pueblo yukpa y su territorio en riesgo de exterminio físico y cultural mediante Auto 004 del 2009 en el marco del estado de cosas inconstitucionales en sentencia T-025 de 2004. Es decir, la máxima instancia constitucional y garante de los derechos fundamentales y territoriales ha constatado que nuestro pueblo y nuestro territorio presentan vulneración masiva, repetida y constante de derechos fundamentales que afectan al conjunto de nuestro pueblo”, señalaron los seis gobernadores indígenas yukpas en el extenso documento.
Diez años después, la Defensoría del Pueblo de Carlos Negret en un informe de seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional señaló que “su movilidad y sus prácticas económicas tradicionales, como la caza y la recolección, están en riesgo por el despojo territorial debido a intereses económicos legales asociados a la gran minería y la expansión de agroindustria, en su mayoría palma de aceite, e ilegales en su territorio. Esta situación implica una pérdida de su autonomía y su seguridad alimentaria, la cual ha generado problemáticas de desnutrición en la población infantil en los últimos años”. La Defensoría señaló que, entre 2018 y 2019, 27 niños murieron por causas asociadas a la falta de territorio para garantizar la subsistencia alimentaria.
La más reciente decisión judicial que ha intentado proteger en el papel a los yukpas fue emitida por el Consejo de Estado en abril de 2021. El alto tribunal dejó en firme una orden judicial que frenó un proyecto de extracción de hidrocarburos en zona protegida de la Serranía del Perijá, hasta que se haga una consulta previa con la comunidad indígena yukpa. El proyecto minero está encabezado por las sociedades Carbones de La Jagua S. A., Consorcio Mineros Unidos S. A. y Carbones El Tesoro S. A., quienes pretenden desarrollar su actividad en el área sustraída de las zonas de reserva forestal de Los Motilones y el río Magdalena, en el Cesar.
En los distintos procesos judiciales para recuperar sus territorios sagrados, los yukpas han apuntado contra las grandes mineras y empresarios como la Drummond, Prodeco y Juan Manuel Ruiseco, quienes ante distintas instancias han manifestado que siempre han actuado en el marco de la ley. Ahora este pueblo golpeado por la violencia e interses económicos busca justicia en el órgano de cierre del conflicto.
Por David Escobar Moreno
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