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El condenado fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, volvió a las tablas. De corbata, con el fondo de una biblioteca de libros de Derecho y al lado de otro abogado, el jurista reapareció durante una audiencia ante el juzgado 11 de garantías de Bogotá. Atrás quedaron las imágenes suyas, escoltado por más de 10 agentes del CTI y de la Policía, con chaleco y casco antibalas, en medio de la investigación en su contra por haber participado en el escándalo del cartel de la toga; o los videos en los que apareció vestido con el traje de un preso en una cárcel de Estados Unidos, cuando tuvo que comparecer ante la justicia colombiana en medio de las audiencias en contra de otros abogados y magistrados que participaron de esa red criminal que se enquistó en la cúpula de la justicia.
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Ahora, Luis Gustavo Moreno volvió al litigo. Según las audiencias a las que tuvo acceso este diario, el conocido como el zar anticorrupción es el abogado suplente de Cristian Oviedo Mogollón, un dragoneante del Inpec que fue capturado el pasado 7 de julio, porque, al parecer, se habría prestado para trasladar de cárcel, de manera ilegal, al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio. El abogado principal, en realidad, se presentó ante el juez como José Luis Moreno Caballero, quien estuvo durante toda las primeras horas de las audiencias (tanto de legalización de la captura, como la de imputación de cargos). Luis Gustavo Moreno apareció en pantalla días después, cuando la Fiscalía ya estaba pidiendo que el juez enviara a Oviedo Mogollón a la cárcel.
Su intervención fue concreta. Con jurisprudencia en mano, y su memoria intacta sobre las reglas que le permiten a un investigado ser enviado a una guarnición militar o a un centro de reclusión común y corriente, Luis Gustavo Moreno argumentó sus razones. Eso sí, no se salvó de un regaño del juez, quien le increpó por su actitud frente a lo dicho por la fiscal del caso, pues no estaba de acuerdo con una intervención de la representante del búnker de la Fiscalía. En varias oportunidades, Luis Gustavo Moreno también criticó las decisiones del juez e, incluso, alzó su voz y no dejó intervenir al togado. Tan tenso fue el debate que el exfiscal terminó renunciando al poder que le había dado el investigado y se desconectó de inmediato de la audiencia. “Me parece que esto es un juego de la defensa (hecha por Moreno)… Es un capricho de la defensa”, añadió la fiscal.
Y el juez remató: “No podemos dejar empantanar la audiencia porque al señor defensor (Moreno) le parece que así no es. Él puede tener sus ideas y su conocimiento, y puede ser muy versado en el tema, pero no es la primera vez que este despacho adelanta una audiencia de este tipo”. En medio de esa discusión, quedó el investigado, quien en silencio vio cómo sus abogados lo dejaron solo en la audiencia. Como pudo, el dragoneante del Inpec se defendió y reiteró que es un padre cabeza de familia y que su vida corre peligro si era enviado a una cárcel. “La audiencia continúa hasta el final, con o sin Luis Gustavo Moreno. Usted tiene la posibilidad de continuar con José Luis Moreno Caballero (el abogado principal) o si prefiere que se le asigne un defensor público”.
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En respuesta, el capturado pidió hablar con su defensa. A los pocos minutos, el juez volvió a tomar la palabra. Él mismo aceptó que Moreno tenía toda la razón en sus reclamos (que fueron puramente procedimentales). Añadió que había incurrido en un error de interpretación jurídica, pero que como el exfiscal había renunciado al poder, debía suspender la audiencia para que Oviedo Mogollón resolviera el problema de sus abogados. Pasaron otros minutos más y reaparecieron los abogados Moreno. “Usted tiene la razón”, agregó el juez, quien además le pidió disculpas al exfiscal. Pero antes de que se suspendiera la audiencia, Luis Gustavo Moreno volvió a pedirle al dragoneante del Inpec que le diera el poder para representarlo como abogado suplente.
La sorpresiva aparición de Moreno en la audiencia, y su súbita renuncia al caso, dieron de qué hablar en el mundo judicial. No solo porque la ley le prohíbe a un defensor renunciar a un poder de un momento a otro (tiene que hacerlo al menos cinco días antes de anunciarlo públicamente), sino porque muchos se preguntaron: ¿Qué hace el condenado exfiscal anticorrupción usando su tarjeta profesional? La pregunta se la hizo más de un abogado y juez de Bogotá que vieron en vivo y en directo la reaparición de uno de los personajes más polémicos de los escándalos ya usuales en el país. No era para menos su sorpresa. Luis Gustavo Moreno fue el testigo estrella de uno de los episodios más graves corrupción en el más alto nivel de la justicia colombiana: el cartel de la toga. En medio de las investigaciones, el abogado fue capturado en su propia oficina en el búnker de la Fiscalía.
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Su llegada a la cárcel fue un momento clave en la investigación de esa red criminal de abogados y magistrados que, a cambio de dinero, prometieron interceder a favor de congresistas o gobernadores investigados. El caso llevó a las primeras condenas en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia: las de Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, mientras que uno más, Leonidas Bustos, sigue con un proceso abierto. En julio de 2017, Moreno aceptó cargos y pronto se volvió en el principal delator de esa asociación ilícita que operó en la cumbre de la rama judicial. Sus declaraciones todavía tienen en serios líos penales a políticos como el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y la exgobernadora de San Andrés, Aury Socorro Guerrero, entre otros.
Moreno, además, fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2018, donde cumplió una pena de 48 meses. A su regreso a Colombia, en diciembre de 2020, quien fuera conocido como el zar anticorrupción y un experto en falsos testigos, estuvo casi dos años preso en una cárcel en Colombia. Finalmente, en octubre de 2022, la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad por pena cumplida. Así, Moreno retomó sus labores. Aunque su aparición en el litigio no es la primera del exfuncionario en la vida pública, sí es la primera vez que se conoce que retomó su pasado en la defensa en prcesos penales. En enero de este año, el exfiscal reapareció como periodista de un portal informativo en el que, dijo, trabajara, ente otras cosas, para hablar de su especialidad: la corrupción. En ese momento, no dio pistas de su regreso al mundo del Derecho.
Por eso, su reaparición dio de qué hablar. Consultado por este diario, la Comisión de Disciplina Judicial confirmó que, pese a todo el escándalo del que fue protagonista, ninguna autoridad lo sancionó en su calidad de abogado. Aunque fue condenado penalmente en Colombia y en Estados Unidos, y todavía tiene a cuestas un fallo disciplinario que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años, su tarjeta profesional está intacta. ¿La razón? Todos los delitos que cometió los ejecutó cuando era fiscal, y no abogado defensor, por lo que ni la Comisión de Disciplina Judicial (la instancia que vigila a todos los abogados del país), no podía hacer mucho frente a su caso. El problema de fondo es que, para ser fiscal, Moreno tuvo que presentar su tarjeta como requisito infaltable para llegar a la Fiscalía.
Sin embargo, la ley tiene sus vacíos frente a casos como el de Moreno. La presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta, explicó que en estos casos la Oficina de Control Interno de la Fiscalía o la Procuraduría son los llamados a revisar las conductas del fiscal y definir si debe recibir algún tipo de sanción como abogado. Eso sí, aclaró que la única autoridad que puede suspender una tarjeta profesional es la Comisión de Disciplina Judicial. En otras palabras, así el exfiscal condenado haya llegado al cargo que le permitió cometer actos de corrupción con su tarjeta profesional, la instancia que podría suspenderlo no puede hacerlo porque su función era ser fiscal, no abogado. “En estos momento, no hay nada que le impida ser un abogado más”, concluyó una fuente que conoce el caso.
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