Lupa de la Corte al Procurador

Al polvorín de enfrentamientos institucionales que parecen sucederse a diario en el país se vino a sumar ahora la investigación preliminar que la Corte Suprema de Justicia le abrió al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Y no por un tema menor. Nada más y nada menos que por la exoneración disciplinaria que profirió su despacho, en decisión de marzo pasado, en la cual resultaron favorecidos el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, el ministro Diego Palacio, el ex viceministro Hernando Angarita, el ex superintendente José Félix Lafaurie y el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes, investigados por el denominado escándalo de la yidispolítica.

Con ponencia del magistrado Jaime Arrubla, vicepresidente de la Corte Suprema, la Sala Plena de esa corporación decidió ahondar en la denuncia que formuló el representante a la Cámara Germán Navas Talero en contra del jefe del Ministerio Público. De acuerdo con el legislador, en el proceso adelantado por la anterior administración de Edgardo Maya Villazón, la Procuraduría documentó evidencias que relacionaban a estos cinco funcionarios del gobierno Uribe en la presunta entrega de prebendas a congresistas a cambio de votar el proyecto de reelección presidencial inmediata en 2004.

“Cuando el Procurador expide el fallo absolviendo a los funcionarios, alega ausencia de pruebas. Sin embargo, después trascendió que había un proyecto de sentencia condenatoria en el computador de la Procuraduría que sustentaba esa tesis con las mismas evidencias con las que Ordóñez absolvió, o sea que lo que se hizo fue descartar lo que no les interesaba”, le dijo a El Espectador el congresista del Polo Democrático Germán Navas. Y aunque apenas se trata de la notificación de una investigación preliminar, el momento político y la coyuntura de enfrentamientos institucionales generan suspicacias sobre la oportunidad de esta indagación.

Precisamente este viernes el Ministerio Público pidió la nulidad en el proceso del ex congresista Álvaro García Romero, investigado por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa de Sucre. Por un lado, Ordóñez criticó abiertamente el cambio de jurisprudencia de la Corte, que determinó retomar todos los procesos de los parapolíticos, entre ellos el de García, alegando que los delitos por los cuales están siendo investigados se cometieron en el marco de sus funciones como integrantes del Parlamento. Por eso examina la posibilidad de instaurar tutelas que terminen por refrendar su postura.

Pero no es la única pelea que han casado estos dos poderes públicos. El Procurador sentó su más enérgico rechazo a la investigación preliminar que les abrió la Corte a los 86 representantes a la Cámara que votaron el referendo reeleccionista sin que se hubieran certificado las firmas por parte de la Registraduría. Y esta semana Ordóñez anunció que recurrirá a acciones legales contra los magistrados auxiliares que entrevisten a los extraditados ex jefes ‘paras’ en Estados Unidos sin la presencia del Ministerio Público. Además, por cuenta del tire y afloje del Gobierno con la Corte por la dilatada elección del próximo Fiscal, el Procurador ha calificado el escenario como “una patria loca” que se sumerge en “un pantano institucional”. Como están las cosas, la pelea va para largo.