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Hoy, hace exactamente un año, el expresidente de Haití Jovenel Moise fue asaltado y acribillado en su propia casa. En la zona residencial hacía presencia un grupo de casi 20 exmilitares colombianos, algunos de ellos armados, quienes pronto fueron señalados por el magnicidio y retratados como presuntos mercenarios a sueldo. Uno de ellos es el teniente coronel (r) del Ejército, Carlos Guerrero Torres, quien en el pasado llegó a ser comandante de batallón y quien lleva un año preso en condiciones, según han denunciado, infrahumanas y con su proceso judicial en un punto muerto.
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Nataly Andrade es la esposa de Guerrero. A pesar de que las autoridades haitianas y colombianas lo tienen como pieza del peor crimen en la historia de Haití, cuyo desenlace fue el asesinato de un jefe de Estado, Andrade cree en su inocencia. Ella ha sido la familiar de los detenidos que más veces ha ido a verlos, con maletas desbordadas de comida y medicamentos. Conoce los detalles más íntimos de un caso por el cual han pasado cinco jueces, uno de ellos asesinado, y que, luego de un año de privación de la libertad, sigue en la mera indagación.
“Mi esposo fue comandante del batallón 27 de Santana, Putumayo. En 2018 le llegó la asignación de retiro. Fue un proceso familiar durísimo. A finales de ese año, conocí de una entrevista en la empresa AF4. Esta empresa le había recogido los documentos y se llevaba militares para los Emiratos Árabes. Él ya venía con ese tema. No era una novedad lo de trabajar en el extranjero. Empezamos un 2020 muy felices. Tuvimos un diciembre maravilloso. Mi esposo cumple años el 14 de febrero y en ese 2021 fuimos a hacer un camping para celebrar. Estábamos pasando una de las mejores etapas del matrimonio, a pesar de que las finanzas patinaran”, le dijo a este diario.
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Andrade cumple años en abril. Recuerda que justo en ese mes, en 2021, apareció el sargento viceprimero (r) Duberney Capador, un hombre de inteligencia y de confianza que había trabajado en el pasado con Guerrero. Le dijo al exmilitar que alistara papeles, pues había una oferta ante la cual no se podía negar. Como ya tenían todo listo por el proceso para Emiratos Árabes, Guerrero actualizó sus registros en los entes de control y se encaminaron en un viaje que inicialmente iba a República Dominicana. Entre los que le dieron fuerza, dice Andrade, fue el soldado profesional (r) Luis Eladio Uribe, quien también está preso.
“Salieron el 4 de junio por Avianca. Llegaron a Punta Cana, de Punta Cana los llevaron a Santo Domingo (República Dominicana). Allá se quedaron en un hotel. Les entregaron dinero para comida y transporte. Incluso tuvieron un tour turístico. Días después, a ellos los trasportaron vía terrestre por la frontera. La manera más segura es por avión, pero les dijeron que iban a ser recibidos por la policía haitiana. Me enteré de que iban a hacer como una seguridad fronteriza, aunque la información era confusa. Capador era coordinador. A ellos los recogieron en camionetas diplomáticas”, recuerda Andrade.
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La esposa de Guerrero recuerda que la comunicación era constante. En Haití, dice su versión, los coordinadores les habrían asegurado que iban a reforzar la seguridad de Puerto Príncipe, la cual está diezmada por las bandas criminales. Por eso los habrían escogido, porque eran militares recién salidos de la institución. Dos de ellos eran enfermeros. En esos cruces de llamadas escuchó por primera vez el nombre del ecuatoriano Walter Veintemilla, que les daba instrucciones en el hotel. Autoridades nacionales lo tienen fichado como aquel que compró pasajes desde Miami para la entrada de algunos exmilitares. Andrade, además, por primera vez escuchó de la empresa CTU Security, la cual los contrató por la promesa de 3.000 dólares mensuales.
“Mi hijo cumple ahorita en julio. Nosotros en junio de 2021, los primeros días, estábamos proyectándonos que ya casi les iban a pagar el suelo. Me decía: ‘Apenas me llegue el sueldo, negrita, tienes que ir abonando’. Yo le dije: ‘tranquilo, que aquí la administración está super organizada con eso’. La única expectativa que tenían era que les pagaran. Ellos tuvieron una reunión donde les dijeron que eran los primeros que llegaban. Entonces, ellos pensaron que iban a ser ‘los insignias’. Dijeron: ‘Es más, todo lo que nosotros vamos a hacer va a salir en televisión y en noticia’. Yo no sé si eso fue sarcasmo, pero tal cual como les dijeron pasó, pero para mal”, agrega.
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Andrade ha construido una versión a partir de las llamadas con su esposo y las visitas a la Penitenciaria Nacional de Haití. Según ella, el 6 de julio de 2021, Capador habría movilizado al grupo de casi 20 colombianos que estaban en un hotel la capital haitiana. Estuvieron en un “asado” en la casa de un turco y luego salieron por “escuadras”, en cinco carros, hacia la zona residencial donde vivía Moise. Creían, dice Andrade, que iban a enfrentar el crimen, después de meses de entrenamiento físico y, por tanto, les sorprendió que nadie gritara en la calle o no hubiese desorden. Solo puede decir que algunos entraron a la casa, otros se quedaron fuera y luego empezó el calvario.
“Cuando ellos salen de esa casa, ellos corren hacia debajo de la loma. Encuentran unas camionetas que les impiden el paso. Se sorprenden, giran a la derecha y se refugian en unas casas. Esa noche no los capturaron, pero al otro día empezó la persecución por parte de la policía. Les disparaban con armas para perforar metales. El sargento Capador levantó las manos. Dijo: por favor auxilio. Le lanzaron una granada de mano. Queda malherido. Lanzaron otra granada y el impacto asesina directo al sargento primero (r) Mauricio Javier Romero. Fue instantáneo. El 8 de julio, Carlos me hizo una llamada por WhatsApp. Me dijo: ‘Amor, Dios mío, esto se nos fue a la mierda. Me van a matar’”, agrega.
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Pronto, las imágenes de los detenidos llegaron a Colombia. A teniente (r) Guerrero se lo veía golpeado en uno de sus ojos, mientras servía de sospechoso en un mapa conceptual entregado por la Policía Nacional. Nataly Andrade hizo su proceso de visado, el cual demoró tres meses. Luego de distintas trabas y suplicas a las embajadas en Haití y República Dominicana, en octubre puso visitar a su esposo. Encontró un panorama infrahumano, tal como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Guerrero estaba hacinado, golpeado, hacía sus deposiciones en la misma celda donde comía y, según su versión, fue víctima de tortura para confesar el crimen.
“Una vez mi esposo me envío una carta con un mensaje cifrado. Decía así: ‘Lamento mucho muchas cosas que pasaron en nuestro matrimonio. Cuando yo llegaba y te pegaba palazos en la espalda, te pegaba puñetazos, te pegaba en las canillas con palos y varillas. Ahí fue la primera alerta que se creó. Pagué 200 dólares a un preso solo por hablar con él. Cuando lo pude ver por fin, el impacto fue impresionante. Gritamos. Lloramos. Tenía los dedos machacados, como cuando te espichan con algo. Todos los deditos los tenía llenos de sangre. El soldado Neicer Franco es uno de los que más heridas tiene. A él le dieron 16 machetazos”, cuenta Andrade.
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Andrade escuchó de los demás presos la misma historia que han allegado a Colombia a través de cartas y videos: su confesión habría sido bajo tortura. Recuerda que algunos supuestamente le mencionaron que funcionarios de policía judicial haitiana les enseñaron fotos de la familia, diciéndoles que, así como asesinaron a Moise, llegarían a Colombia a descuartizar a sus seres amados. Las familias, en general, han pagado encomiendas hasta por $26 millones, de las cuales se rescata menos de la mitad de los alimentos. A pesar de sus súplicas, haber estado en la casa de Moise los mantienen presos de un proceso penal que no tiene avance alguno para ellos. Y la justicia del empobrecido país centroamericano tiene sus antiguas versiones, en video, donde contaron pormenores de la arremetida a la casa de Moise.
Brenda Acosta, de Law Assist y la Fundación Defensa de Inocentes, abogada de ocho de los detenidos, está incómoda con el lugar y el sistema donde cayeron sus clientes: “Haití tiene un código penal de 1800 y no tiene un código de procedimiento. No hay términos, no hay condiciones, no hay reglas de juego. Tú puedes estar 20 años privado de la libertad, sin definir tu situación jurídica”. Y mientras quedan en un laberinto, a la expectativa de que un juez se le mida a investigarlos, los 18 militares permanecen en uno de los peores sistemas penitenciarios del mundo. La CIDH ha reportado hacinamiento de hasta el 900 %. Cuando la justicia deje de cojear, se sabrá si son aquellos mercenarios que pusieron en jaque la democracia en Haití o, por el contrario, fueron víctimas de un engaño cuando solo buscaban llevar el pan a la casa.
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