¿Maletines para ‘chuzar’?

“Se digita el número y se pueden escuchar todas las llamadas que entren o salgan de ese móvil. Toman la información del espacio electromagnético”, manifestó una fuente cercana a la investigación. El único inconveniente que tienen es que si la persona objeto del seguimiento sale del área de cobertura debe ser seguida o de lo contrario se corta la interceptación. Como en las películas de espías, para este tipo de ‘chuzadas’ los investigadores se ubican en parqueaderos o áreas aledañas al lugar donde se encuentra el afectado con la investigación.

Lo grave de este episodio es que, en muchos casos, los investigadores de la Fiscalía pudieron determinar quién había sido el agente que había tomado el maletín para una determinada misión, pero no hay registros de qué tipo de interceptaciones fueron hechas y no se descarta que esos archivos puedan haber sido borrados. “Queda claro que salían con el maletín, pero no se sabe para dónde o con qué objetivo” añade. Esta es una de las 138 evidencias de presuntas irregularidades cometidas por agentes de la institución que forman parte del material recopilado por el ente acusador y que son la base de las medidas y decisiones judiciales que se apresta a tomar la Fiscalía en las próximas semanas.

Sin embargo, como ya es conocido, para dar apariencia de legalidad a las interceptaciones ‘piratas’, los encargados de esa labor, en algunas ocasiones, tramitaron órdenes ante fiscales para realizar la intervención de las líneas. Esas ‘chuzadas’ se hicieron a través del Sistema Esperanza, que es una plataforma legal para efectuar ese tipo de procedimientos. “Metían números de personalidades a las que les interesaba intervenir dentro de listas de organizaciones delincuenciales como si formaran parte de esos grupos, sin que el funcionario judicial lo supiera. Una vez escuchaban lo que les interesaba, volvían donde el fiscal y le decían que ese número había que descartarlo porque no le había aportado nada a la investigación”, señaló la fuente.

Pero no siempre fue así. En el material probatorio recopilado de la investigación se detectó una serie de labores de contrainteligencia a agentes del DAS de la ciudad de Cartagena, de quienes se creía que cometieron conductas irregulares en desarrollo del cumplimiento de sus funciones. Lo extraño es que nunca fueron legalizadas, a pesar de que se tenían fuertes sospechas en contra de los supuestos servidores corruptos. “En el material encontrado aparece el proceso como tal, pero no las interceptaciones ordenadas”, manifestó la fuente.

Este tipo de procedimientos irregulares también serán la punta de lanza de las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría, pues es palpable que fueron muchos los procedimientos irregulares cometidos y es posible que en este caso no sólo salgan afectados los funcionarios que han salido como parte de la purga interna de la institución, sino sus más inmediatos superiores que, estando investidos de las facultades respectivas, no ejercieron los controles del caso, permitiendo y facilitando las conductas irregulares.

En 2007, el entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia y el magistrado auxiliar Iván Velásquez denunciaron públicamente posibles seguimientos del DAS a funcionarios de esta corporación. La entonces directora, María del Pilar Hurtado, lo negó rotundamente. Vea el comunicado que envió Pilar Hurtado al Presidente de la Corte haciendo clic AQUÍ