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Sigue arrojando sorpresas el expediente en el que se procesa a la cabeza y otros empleados de Consumax, la cadena de supermercados en Urabá que le habría colaborado con víveres y lavado de millones de pesos al extraditado jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel. El Espectador conoció parte de las pruebas con las que la Fiscalía argumenta que esa empresa blanqueó los dineros del grupo armado organizado desde 2013 hasta 2020. Como este diario explicó en mayo pasado, en un juzgado de Antioquia son procesadas 12 personas, entre ellas John Freddy González Carvajal, cabeza de la compañía, quien durante años habría ayudado con alimentos y otros productos al grupo criminal.
En contexto: Caso Consumax: la cadena de supermercados que le habría lavado dinero a “Otoniel”
La Fiscalía señala que González Carvajal, accionista mayoritario de Consumax y representante legal, le lavó dinero al Clan del Golfo desde, aproximadamente, 2013. Ese año, dice el ente investigador, empezó a existir un aumento inusitado de los ingresos de la cadena de supermercados, pues entre 2013 y 2018 pasaron de $51.000 millones a $109.000 millones. Ese lapso coincide con las informaciones que recibió la Fiscalía de que Consumax pactó con el Clan del Golfo para ser los proveedores de víveres y otros productos como baterías, gasolina y botas. Lo que no se conocía hasta ahora es que parte de ese expediente fue construido con información de quien fue un fiel aliado del recientemente extraditado Otoniel.
La mano derecha de “Otoniel” que declaró
Para entender cómo operaba en ciertos aspectos la subestructura Central Urabá del Clan del Golfo, considerada como el corazón del grupo sucesor del paramilitarismo, la Fiscalía contó con un testigo de excepción: Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, mano derecha de Otoniel. En sus declaraciones, el antiguo número dos del Clan del Golfo indicó que esta y otras estructuras tienen un comandante logístico, el cual se encarga de conseguir y proveer víveres y material de intendencia, entre ellos las baterías para las radios HF y los walkie talkies, claves para coordinar acciones de narcotráfico, armadas y de vigilancia.
Además, Nicolás hizo una acusación más grave: que en dos oportunidades se reunió con González Carvajal, la cabeza de Consumax, y que en una de esas reuniones este último le dio las gracias a este líder del Clan del Golfo por comprar sus víveres en sus supermercados. También dijo que el frente Carlos Vásquez del grupo narcoparamilitar fue quien empezó a tener esa relación comercial desde 2009, cuando Consumax apenas tenía una tienda en Turbo y otra en Chigorodó. Por último, señaló que alias Reseco fue uno de sus hombres de confianza que se entendía con González Carvajal para coordinar las compras de víveres.
Alias Nicolás, que fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2022, declaró ante la Fiscalía en agosto de 2018. Pero cinco meses antes lo hizo otra fuente reservada. Según la fiscal del caso, Natalia Rendón, este testigo protegido entregó también detalles sobre la organización criminal, entre ellos sobre alias Pestana y Padilla, personas encargadas para el narcotráfico y la logística de la subestructura Central de Urabá. La Fiscalía también realizó interceptaciones a miembros del Clan del Golfo y de la compañía minorista. Esos audios darían cuenta de los movimientos en el municipio de San Pedro de Urabá de Pestana y Padilla para mover alijos de cocaína y de los contactos que tenían con los empleados de Consumax para abastecerse de víveres.
“Se tienen comunicaciones en las que alias Padilla se encarga de la compra de víveres, medicamentos, calzado y vestuario, productos que se envían a través de intermediarios de la red logística del Clan del Golfo. Alias Padilla realiza estas acciones con varios proveedores de San Pedro de Urabá, ya que tiene credibilidad y estos hacen las entregas de los productos con una sola llamada de Padilla. Este último también es el que autoriza las entregas de los pedidos, que se hacen a través de listas físicas que entregan en las distintas tiendas de mercado para que luego sean entregados a los hombres armados del grupo criminal”, señaló la fiscal del caso durante las audiencias.
En una de esas escuchas telefónicas, de febrero de 2020, la Fiscalía encontró que dos empleados de confianza de González Carvajal en la sucursal de Chigorodó verificaban cómo iba un pedido de baterías y coordinaban todo para que la factura no fuera registrada y pasara directo a contabilidad. “Uno de los empleados preguntó también por un pedido de botas y que había que tener un plan B para hacer las compras de esa gente”, citó durante las audiencias del caso Consumax la fiscal Natalia Rendón, conocida como la funcionaria que durante varios años investigó los tentáculos del Clan del Golfo en Antioquia y otras zonas del país.
Para esa misma época existe el registro de otra conversación entre los empleados de la cadena de supermercados, en la que hablan sobre las acciones para organizar y empacar los mercados que tenían, aparentemente, como destino final el Clan del Golfo. La información del audio fue verificada por hombres de la Fiscalía y la Fuerza Pública, quienes constataron que los empleados de Consumax montaron los víveres a un camión, en el que luego estuvo a bordo un hombre del Clan del Golfo conocido con el alias del Zarco. Este y otros audios que darían cuenta de esa alianza entre Consumax y el Clan del Golfo hoy son valoradas por un juez con el fin de determinar cuáles serán tenidas en el juicio.
El Espectador se contactó con la defensa de González Carvajal, quien señaló que no se va a pronunciar al respecto. Sin embargo, gente de su entorno le dijo a este diario que en la etapa de juicio están listos para demostrar que Consumax no tiene nada que ver con el grupo criminal, al cual se le endilgan masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y hasta abusos sexuales. En 2020, cuando González fue detenido junto a otras 11 personas de Consumax, la cadena se pronunció e indicó que: “Creemos fielmente en su actuar íntegro, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y es precisamente deber de la Fiscalía desvirtuar la presunción de inocencia de la que gozan hasta terminar el proceso penal”.
Por David Escobar Moreno
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