Mapiripán, al banquillo

El 1° de noviembre se puso la cita: Estado, Comisión Interamericana y representantes de víctimas se reunirían en Costa Rica con los jueces de la Corte Interamericana de DD.HH. para discutir, en audiencia privada, el cumplimiento de la sentencia de Mapiripán. Las revelaciones de la Unidad de Justicia y Paz, en las que se asegura que falsas víctimas se habrían colado en el proceso no daban para menos. No obstante, lo que va a ocurrir hoy: examinar la ejecución de una condena bajo esas condiciones, no tiene precedentes para la Corte ni para el sistema interamericano.

Representando al Estado asistirán el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y la canciller María Ángela Holguín. “Vamos a plantearle a la Corte la preocupación enorme del Gobierno acerca de las personas que se han hecho pasar por víctimas, con el propósito de cobrar indemnizaciones y reparaciones a las que no tenían derecho”, señaló Esguerra antes de tomar el avión que lo llevaría a San José de Costa Rica. Asimismo, de la Fiscalía van la jefa de la Unidad de DD.HH., Marlene Barbosa; la fiscal de Justicia y Paz, que destapó este asunto, Yolanda Pardo; y Francisco Echeverry, de la Oficina de Asuntos Internacionales.

Uno de los asuntos más espinosos en el caso Mapiripán es que, en cuanto a la información disponible, reina la confusión. El Espectador publicó, en su edición del pasado domingo 20 de noviembre, un informe de la Unidad de DD.HH. de la Fiscalía, según la cual el conteo de víctimas ascendía a 77; la Unidad de Justicia y Paz y la fiscal general han asegurado que la masacre dejó seis muertos, cuatro desaparecidos y tres secuestrados; la Comisión Interamericana estimó unas 49 personas afectadas por los crímenes que se cometieron entre el 15 y 20 de julio de 1997 en esa población del Meta; mientras la sentencia de la Corte identificó a 20 víctimas.

De parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se presentarán los litigantes Reinaldo Villalba, Jomary Ortegón, Rafael Barrios y Eduardo Carreño. En entrevista con este diario, Carreño aseguró que Mariela Contreras engañó al Estado tanto como al Colectivo, y que ellos partían de la buena fe de las víctimas. Contreras, cabe recordar, testificó ante la Fiscalía y la Red de Solidaridad Social que su esposo y dos de sus hijos habían muerto en la masacre, para luego retractarse, decir que sus hijos estaban vivos y que el Colectivo tenía conocimiento de esto.

En su fallo, la Corte estipuló que el núcleo familiar de Contreras fuera indemnizado con casi $3.000 millones. El Gobierno va preparado para argumentar que no fue sólo el caso de Contreras el fraudulento, y prueba de ello es que la Fiscalía llamó a interrogatorio al hijo de Mariela, Hugo Martínez, y a otros que habían sido indemnizados por orden de la Corte: María Esneda Bustos —refugiada en Canadá—, Argemiro Arévalo, Wilson Molina y Raúl Morales. A la vez, el Ministerio de Defensa estudia si hubo más casos engañosos en otras sentencias del sistema interamericano.

Juristas consultados por este diario afirman que el deseo del Gobierno es que la sentencia sea modificada, pero saben que es casi imposible, puesto que esas condenas no tienen apelación. Esta será una vitrina de oro para que el Gobierno compruebe su voluntad de fortalecer la defensa jurídica de la Nación. Lo será no sólo para el Colectivo, sino para las organizaciones de DD.HH. del país, que siempre han confiado en la Corte como garante contra la impunidad que prevalece en Colombia. Y lo será para la Corte, que se enfrenta a un complejo panorama donde la certeza nunca ha estado presente.