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El odontólogo Juan Carlos Martínez, mano derecha del excongresista del Partido Liberal Mario Castaño en la red de corrupción denominada “Las Marionetas”, es la pieza faltante en el entramado por el cual el político caldense fue condenado a 15 años de prisión por la Corte Suprema el pasado viernes. En entrevista con El Espectador, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eduard Calderón, explica que este caso ha dejado más de 30 personas capturadas.
En contexto: Por corrupción, Corte Suprema condenó a 15 años de prisión a exsenador Mario Castaño
Calderón habló sobre cómo, paso a paso, se destapó la red de corrupción que tuvo injerencia en municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca, y que se extendió por entidades como el Ministerio del Deporte y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, asegura que Juan Carlos Martínez no ha podido ser localizado y el ente investigador cree que alguien lo tiene que estar escondiendo.
¿Cómo nació la investigación de esta red de corrupción?
La investigación inicia por la denuncia de dos contratos irregulares. Es decir, nace de las denuncias de unos veedores del municipio de Candelaria hace más o menos dos años, los cuales fueron asesinados. Ellos comenzaron a denunciar unas irregularidades en la construcción de unas obras y cuando nosotros empezamos a investigar nos dimos cuenta de que había una serie de irregularidades. Esclarecimos ese contrato, pero encontramos que en realidad se trataba de un caso de corrupción nacional.
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La corrupción es abuso de poder en beneficio propio o en favor de un tercero. A nosotros siempre nos llega la denuncia de que un alcalde, por ejemplo, cometió irregularidades en un solo contrato y nos enfrascamos en eso para determinar si hubo irregularidades. Esta investigación tuvo una estrategia diferente, porque comenzamos a analizar el comportamiento de algunos contratistas, porque unas interceptaciones hablaban de que ellos tenían que aportar cada uno 100 millones de pesos para la campaña de un senador, y que eso tenía una retribución del 150 %.
¿Cómo lograron hilar entonces el caso?
Al darnos cuenta de que no se trataba solo de un contrato, sino de una situación a nivel nacional, fuimos identificando a los contratistas y los interceptamos. Hablaban del “sena” (senador), del jefe, pero no sabíamos de quién se trataba.
Comenzamos a revisar entonces esas conversaciones hasta que salió Juan Carlos Martínez (hoy prófugo de la justicia), y nos dimos cuenta de que era el asesor de Mario Castaño. Nuestra hipótesis nos decía que el senador sabía lo que estaba pasando, pero había que demostrarlo. Mientras tanto, Martínez comenzaba a conectarse con alcaldes. Decía: “Tranquilo que el senador ya le está haciendo lo suyo”. Hablan de contratos de obras y de centros de diagnóstico automotor.
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En ese punto logramos identificar al alcalde de Armero Guayabal, la Merced, Alcalá, Villamaría, Piendamó y Suárez, entre otros, y decidimos intervenirlos. Encontrando que, en algunas de estas alcaldías, además de la red de corrupción de la que era líder Mario Castaño, había otras minireds de corrupción que eran dirigidas por ellos mismos.
¿Cuánto dinero se movió en contratos irregulares?
Es que son más de 144.000 millones de pesos en contratos revisados. Pero aún estamos revisando un tema porque hablaban de un contrato de la UNGRD de 17.000 millones y que de estos ya habían entregado 3.000 al senador.
El tema aquí es que la plata se pide por adelantado. Las formas de corrupción se van blindando a las investigaciones, hoy ya le están diciendo al contratista, me vas a dar de tu patrimonio tu plata y ya luego miras cómo repones para que no quede rastro.
¿Cómo logran judicializar?
No era fácil. Tocó implementar una estrategia y sacar todo por fases porque no podíamos con todo por igual. La primera fase por la que decidimos intervenir fue el primer anillo. Es decir, los contratistas y el asesor. Capturamos a Nova, Lorena Cañón, Alejando Noreña y Santiago Castaño, entre otros. En su mayoría ya todos aceptaron cargos.
La segunda fase fue alcaldes. Montamos siete fiscales y capturamos en simultáneo a siete alcaldes. Todos ya aceptaron cargos.
¿Qué se sabe de Juan Carlos Martínez, quien aún está prófugo de la justicia?
Juan Carlos Martínez ha hecho asomos de que se entrega o que no se entrega. Se ha dicho que está en Manizales, otros dicen que se fugó en Venezuela, otros que se esconde en una finca. Hemos tratado de verificar esa información, pero no hemos podido.
¿Por qué ha sido tan difícil dar con su paradero?
Porque no tenemos informaciones exactas. A veces nos dicen, parece que está acá, vamos y no está. Hemos hecho allanamientos, idas a algunas fincas, pero no hemos podido dar con él. No sabemos qué información tiene y si hay personas que quieren mantenerlo oculto, porque si el senador aceptó cargos, si tienes todos aceptando cargos, qué razón tiene de no presentarse.
¿Qué personas?
No sé si sean políticos, contratistas fuertes. Yo sí creo que hay muchos intereses de que no aparezca. Alguien tiene que estar financiando su sitio donde este.
¿Es decir que él es la única persona que falta por capturar dentro de esta red?
Prácticamente. Hay otras líneas de trabajo que se están investigando, porque fueron más de 100 líneas interceptadas, entonces hay unos rezagos que estamos terminando de revisar para tomar decisiones. Vendrán otras decisiones, pero tienen que estructurarse bien. Estamos haciendo esa actividad de corroboración.
¿Hay otras investigaciones similares contra otros senadores?
Posiblemente, sí, pero yo ya no puedo investigar eso. Será la Corte quien defina eso. Sé que Mario Castaño está en unos procesos de colaboración, desconozco en sentido.
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