Más perlas del ‘dossier’ del DAS

La investigación de la Procuraduría sobre el bochornoso espionaje desplegado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados de altas cortes, periodistas y miembros de la oposición ha concentrado sus pesquisas en los cuatro funcionarios encargados del manejo directo de los equipos móviles de monitoreo de comunicaciones que fueron usados para ‘chuzar’ las líneas telefónicas de por lo menos medio centenar de personalidades públicas. Se trata de los detectives Richard Alberto Ortega, Wilfredo Pérez Barrera, Edwin Anderson Ibáñez y Jaime Niño Mendivelso.

El 27 de febrero pasado, durante una visita especial de funcionarios del Ministerio Público a la Coordinación de Recursos Tecnológicos del DAS, quedó en evidencia que no se encontraron registros de salida ni de entrada a las instalaciones de la entidad de los tres equipos de monitoreo autorizados para desarrollar labores de interceptación. Otros cuatro aparatos similares no estaban en uso por su tecnología obsoleta, pero como cosa curiosa tan sólo tres estaban relacionados en el inventario del DAS y del otro, identificado con la marca Triggerfish con serial 0165, no se tiene registro alguno.

Estos equipos hacen un escaneo del espectro electromagnético para escuchar y grabar conversaciones en un radio determinado. “Con esta tecnología es posible realizar interceptaciones sin que medie orden judicial alguna y, lo más grave, sin dejar rastro de estas interceptaciones”, concluyó la Procuraduría, que le endilgó esta omisión al subdirector del Desarrollo Tecnológico, José Antonio García. El desmadre fue tanto en el manejo de equipos portátiles y las salas de monitoreo que existe la posibilidad de que los detectives duplicaran y conservaran los archivos de la información objeto de su rastreo.

De igual manera, la investigación ha establecido que existen suficientes coincidencias entre los vehículos reportados por magistrados o periodistas, desde los cuales se les seguía ilegalmente, y carros asignados al DAS. “Al parecer la función de inteligencia que debía cumplir el DAS se fundió en una mixtura a partir de la cual la inteligencia traspasó los límites que la Carta de Derechos le asigna”, añadió el procurador Alejandro Ordóñez. Y es que, por ejemplo, en la Sala Plata de la entidad se les permite a los agentes copiar y conservar los discos compactos en los que se registran las conversaciones telefónicas de las personas a quienes ‘chuzaron’.

Por estos hechos tendrían alguna responsabilidad el coordinador de esta sala, Carlos Julio Álvarez, y el subdirector de Investigaciones Estratégicas, Évert Alberto Hamburger Rubio. Como si fuera poco, se ha detectado que en la Sala de Poligrafía de la entidad, adscrita a la dirección de contrainteligencia, se han practicado poligrafías a detectives “por fuera de los términos y la periodicidad previstos”. Esta dependencia es la que evalúa ni más ni menos el grado de confiabilidad de los funcionarios. Pero hay más. La investigación halló graves anomalías en la Oficina de Control Interno Disciplinario al constatar que muchas indagaciones internas por casos de corrupción fueron archivadas sin argumentaciones contundentes.

Eso, sin contar que el Grupo de Asuntos Especiales (Gaes), que tiene como función efectuar los estudios de lealtad a agentes del DAS, pudo incurrir en irregularidades por la que tendrían que responder el coordinador de ese grupo, Luis Tirso Veloza, y el capitán Jorge Alberto Lagos, director de contrainteligencia. A su vez, se encontraron innumerables reportes al sistema Sifdas sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia, Alfredo Gómez Quintero, Javier Zapata Ortiz y Sigifredo Espinosa, que no tendrían respaldo jurídico.

De colofón, dentro de las pesquisas apareció un irregular memorando firmado por el detective Edwin Armando Sierra, fechado el 14 de junio de 2007, y con destino al director de contrainteligencia Jorge Lagos en donde se le reporta, “de acuerdo con las políticas de Seguridad Democrática”, el resultado de las interceptaciones comprendidas entre el 1º de mayo y el 13 de junio de ese año de los “blancos Gustavo Petro y Wilson Borja con el ánimo de neutralizar las posibles actividades ilícitas que puedan afectar la seguridad nacional” (ver facsímil). En síntesis, es poco lo que hasta ahora se conoce del desmadre en el DAS, pero desde ya los investigadores están perplejos con lo que han encontrado.

La guerra de anónimos en el DAS y otros asuntos sobre el capitán Lagos

En los rastreos de la Procuraduría aparecen documentos  que revelan que en el DAS había una guerra interna de anónimos para desprestigiar funcionarios de alto nivel. El ex director de contrainteligencia, capitán Jorge Lagos, fue relacionado con narcotraficantes en la Costa y Villavicencio, informaciones que fueron descartadas, quedando en evidencia la animadversión que, al parecer, le tenía Gabriel Sandoval, ex subdirector de Investigaciones Estratégicas del DAS, investigado por sus presuntos nexos con el paramilitar John Fredy Gallo, alias ‘El Pájaro’.

Lo que se pudo establecer en relación con Lagos es que su cuñado, Jorge Herney Rodríguez Ospina, está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, sindicado de los delitos de extorsión y homicidio agravado. Lagos reconoció que durante un tiempo vivió en la casa de su suegra con su cuñado y que cuando se reincorporó al DAS no mencionó los problemas de éste con la justicia por verguenza.

Lagos fue investigado por manipular la selección de poligrafistas del DAS y por una serie de irregularidades durante el proceso de selección de éstos al organismo de inteligencia. Lagos se mostró nervioso por la evaluación e indagación que se hizo de este proceso por parte de un grupo interno del DAS.