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Los habitantes del corregimiento San Pedro, en Buenos Aires, Valle del Cauca, aún recuerdan cómo, entre las nueve de la noche y la una de la mañana del 13 de septiembre de 1999, llegaron hombres fuertemente armados vistiendo camuflados, y lista en mano reunieron a un grupo de personas en la plaza del pueblo. Su objetivo era encontrar a Héctor de Jesús Sánchez y a Luis Fernando Dávila. El primero fungía como inspector y secretario de la zona; el segundo era albañil y agricultor. Los hombres fueron apartados del grupo y los mataron con varios disparos. El crimen, adjudicado al bloque Calima de las autodefensas, ahora no prescribirá.
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En su momento, ocurridos los decesos, un grupo de paramilitares que vestían de negro y tenían sobre sus mangas derechas brazaletes de las Auc amenazaron a la población. Los obligaron a cerrar las tiendas y a no “auxiliar” a los grupos subversivos en la zona. En ese entonces la lucha frontal del paramilitarismo era contra la guerrilla de las Farc y otras estructuras. La advertencia del momento fue clara: “No iban a respetar ni a niños, ni a ancianos, ni a mujeres embarazadas que estuvieran comprometidas con la guerrilla”. Estos detalles están consignados en un documento al que tuvo acceso El Espectador, a través del cual la Fiscalía declaró lo sucedido como crimen de lesa humanidad.
La directriz de hacer presencia en esa zona del Valle del Cauca provino de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes pretendieron expandir su poderío desde el Urabá y Córdoba. El bloque Calima mantuvo su actuar criminal en esa zona hasta 2004, y configuró un ejército irregular que mantuvo una nómina de mandos y tropas procedentes de otros lugares del país. Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y testimonios de confesos exparamilitares dan cuenta de que su estrategia estuvo basada en la violencia extrema contra las poblaciones con histórica presencia guerrillera. Las prácticas más usadas fueron el sometimiento y el desplazamiento.
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Esa táctica fue la que usaron en septiembre de 1999 en Buenos Aires, donde además de los asesinatos de Héctor Sánchez y Luis Dávila, otros pobladores fueron obligados a dejar sus tierras. De ahí que en los expedientes judiciales reposen investigaciones por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir contra Elkin Casarrubla Posada, alias el Cura, quien se convirtió en uno de los coequiperos más siniestros de los hermanos Castaño en esa zona del país. Especialmente Vicente Castaño le encomendó a Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa Putumayo, exjefe del bloque Calima, las labores militares y los acercamientos a las estructuras narcotraficantes.
En la comisión de esa masacre no solo los paramilitares terminaron vinculados, sino también terceros que no eran parte directa de la organización. Tal fue el caso de Célimo Bedoya, exalcalde de San Pedro, citado a indagatoria en marzo de 2017 por el delito de concierto para delinquir, pues, al parecer, auxilió a las autodefensas mientras ejerció como mandatario para la época en la que ocurrieron los hechos. El panorama jurídico, no obstante, se le despejó durante el mismo año, luego de que Fiscalía considerara que no se le podía investigar porque había transcurrido un poco más de 16 años desde que ocurrieron los asesinatos.
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También fueron vinculados al caso James Guarín, quien se desempeñó como tesorero del corregimiento, y Guillermo León, conductor particular y supervisor de obra de un ingeniero. A este último la Fiscalía lo señaló de, supuestamente, llevar remesas a integrantes del bloque Calima. Por estos hechos, a ambos se les endilgó el delito de concierto para delinquir, y en marzo del año pasado el caso llegó al despacho del fiscal 8º especializado de Buga, quien resolvió la situación jurídica del exalcalde, el extesorero y el conductor: se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento. Las víctimas del caso apelaron la decisión.
Según argumentaron, el caso contra el exalcalde Célimo Bedoya no podía cerrarse, pues los asesinatos de Luis Dávila y Héctor Sánchez, y el posterior desplazamiento en Buenos Aires, debían abordarse como un delito de lesa humanidad. El estudio de esos argumentos le correspondió a la Fiscalía 1ª delegada ante el Tribunal Superior de Buga, despacho que terminó dándoles la razón a las víctimas, pues concluyó que los hombres asesinados y los desplazados forzadamente fueron víctimas de una “acción general y sistemática”, en el marco del conflicto armado. Según el Centro de Memoria, por ejemplo, entre 1998 y 2003 ocurrieron 323 homicidios en el municipio de Buenos Aires.
Asimismo, la Fiscalía indicó que toda persona que se encuentre vinculada de forma directa e indirecta con un grupo al margen de la ley, en este caso las Auc, tiene conocimiento de las actuaciones ilegales que se van a cometer. Así las cosas, el ente investigador también coincidió con las víctimas y mantuvo viva la investigación contra el exalcalde Bedoya. En cuanto a alias el Cura, el proceso sigue su curso ante Justicia y Paz, mientras que Rafa Putumayo falleció en Medellín en 2004. Con esta declaratoria, no obstante, la justicia podrá llegar, así se haya tomado ya más de 21 años en reconocer lo alegado por las víctimas de esta masacre.
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