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“La mala racha”. Así es cómo la sentencia de 1998, la cual condenó a varios civiles y militares como culpables de la masacre de Segovia (Antioquia) del 11 de noviembre de 1988, llamó a la época en la que mataban de forma sistemática a los integrantes de la Unión Patriótica (UP), el partido político que nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
Siendo casi las 7:00 de la noche de ese viernes hace 35 años, un grupo de hombres armados asesinó a 46 personas e hirió a otras 54 en la zona urbana de este pueblo y del corregimiento La Cruzada, en Remedios. César Pérez García, oriundo de este municipio, político liberal y fundador de la Universidad Cooperativa de Colombia, tenía uno de sus bastiones electorales en Segovia. La UP, con Rita Ivonne Tobón a la cabeza, le había ganado al sector de Pérez la Alcaldía en las primeras elecciones populares de alcaldes en el país, en 1986. Además, se había quedado con siete de las 13 curules del Concejo.
—Empezaron las masacres —dice Oliva Arboleda, quién luego sería una de las víctimas de esa violencia—. Que mataron a uno, que mataron a cuatro o cinco (…), mataron dos en otra parte y así. Uno todos los días esperaba que le dijeran: mataron a alguien y a quién.
A partir de ese momento, se desató una ola de violencia en ese municipio que tuvo como consecuencia más atroz la masacre del 11 de noviembre de 1988. El día en que los asesinos entraron a las casas del municipio, descargaron sus armas, aturdieron a niños mientras arrojaban granadas a sus padres y vociferaban insultos y amenazas. Ese día, al esposo de la señora Arboleda, Luis Eduardo Hincapié, lo mataron en la puerta de su casa mientras llamaba a sus hijos que jugaban en la calle del frente.
—Estábamos aquí sentados comiendo cuando empezó el tiroteo. Yo salí a buscar a los hijos, porque estaban allí al frente. Estábamos comiendo. No sabía dónde estaba el niño. Cuando me llamaron: “Dentrate que aquí está, dentrate”. Un niño y tres niñas estaban ahí al frente —agrega la mujer.
Luego, los homicidas se desplazaron por las calles del pueblo. Detonaron granadas, tirotearon en bares y hasta en el kiosko principal. Mataron, incluso a menores de edad, como a Francisco William Gómez. Él era un niño de 10 años que días antes se pintó a sí mismo en un dibujo cruzando en bicicleta una calle en la que estaban disparando y se encontraba con muchos muertos. Luego fue la masacre, como una premonición que se cumplía.
Un crimen contra la izquierda
En la política colombiana han sido constantes los hostigamientos y crímenes contra militantes o simpatizantes de partidos políticos de izquierda. En el informe Silenciar la democracia, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se detalla que esto sucedió en el caso del exterminio a la UP; el cual, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron asesinadas 4.616 personas y otras 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Es decir, un total de 5.733 víctimas.
En un fallo de los jueces de Justicia y Paz de 2012, calificaron esa oleada de muerte como un exterminio político, entendido como la relación directa del éxito electoral de la UP y la reacción con violencia de grupos armados de derecha, tal y como pasó en Segovia.
Carolina Ruiz, abogada que hace parte del equipo de representantes de las víctimas de la masacre, dice que “según se pudo establecer dentro del proceso penal, todo correspondía a un plan concertado por el Batallón Bomboná del Ejército contra la UP”, que se ejecutó por medio de una acción claramente articulada y sostenible en el tiempo. Así lo explica el caso 11.227 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con la sentencia de 2013, la cual condenó a César Pérez García como determinador del crimen, la masacre de Segovia fue por acción de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, junto con miembros de la Fuerza Pública, promovida por Fidel Castaño y por César Pérez García, presentada como acción del supuesto grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN). Grupo que se manifestó públicamente, desde 1986, con panfletos y grafitis amenazantes y, por supuesto, asesinatos a miembros de la UP.
“Dicen que somos un grupo paramilitar. Tienen razón. Pero el pueblo no debe temer, ya que contamos con la Policía y el Ejército”, este fragmento es de una carta abierta firmada por el MRN y dirigida a la población del Nordeste antioqueño en los años que fue exterminada la UP.
Fue así que, entre 1982 y 1997, esta región antioqueña fue lugar de cuatro hitos de violencia contra la izquierda social y política cometidos por el paramilitarismo: la masacre de Cañaveral y Manila del 4 al 12 de agosto de 1983 en Remedios; la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988; la masacre de La Paz y El Tigrito, en Segovia, el 22 de abril de 1996; y la masacre de Remedios del 2 de agosto de 1997. En el informe del CNMH analiza que estos hechos tuvieron en común el objetivo político, pues estos municipios habían sido estigmatizados por la movilización social y la presencia de la UP en la administración local.
Justicia para las víctimas
En 1992, por solicitud de una de las familias que perdió a familiares en la masacre, la firma Javier Villegas Abogados asumió la representación legal de las víctimas de Segovia. Luego de un par de años indagando y reuniendo a más familiares sobrevivientes de este hecho, la firma presentó una demanda resarcitoria —que ahora se conoce como reparación directa— ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y que concluyó con un acuerdo de conciliación el 12 de mayo de 1994. De ahí, fue ordenado un primer pago por indemnización.
No obstante, por diversas razones, el ingreso de las víctimas al proceso no logró hacer valer sus derechos ante la justicia administrativa nacional. Por ello, el 13 de marzo del 2000, las familias y sus representantes optaron por denunciar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando su responsabilidad por la violación a derechos fundamentales como la vida y otros, como el acceso a la justicia. En 2006, el caso fue incluido en el proceso contra el Estado por el exterminio político a la UP.
La defensora Carolina Ruiz explica que la CIDH decidió acumular ambos procesos por su conexión. Debido al letargo del asunto, los representantes se reunieron con el Gobierno colombiano y presentaron conjuntamente, el 6 de mayo del 2015, una nota aclaratoria sobre un acuerdo entre las partes. En este, la parte peticionaria (las víctimas) y el Estado Colombiano firmaron un acuerdo de solución amistosa que tuvo el acompañamiento de la CIDH.
Casi dos meses después, el 24 julio de 2015, la Comisión presentó el informe con el que daba luz verdad a la solución amistosa. El acuerdo consiguió, entre otras cosas, que el Estado reconociera su responsabilidad en un acto público y que se comprometiera a realizar una reparación implementada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Además de incluir a la masacre como ejemplo en la educación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas.
Ese mismo año, el 20 de diciembre, el Estado hizo el acto de reconocimiento y dio disculpas públicas en Segovia por omisión de sus funciones para prevenir la masacre. —Ese acto fue muy reparador para ellos, porque es la primera vez que el Estado aceptó la responsabilidad expresamente y pidió perdón— dice la abogada Sandra Villegas, quien lidera actualmente la defensa. Fue así que la mayoría de las familias segovianas pudieron ser reparadas económicamente.
—Se demoraron treinta años para poder hacer la indemnización. En 2019 me indemnizaron a mí y a mi mamá, con esa indemnización que me dieron compré esta casita— cuenta a una de las sobrevivientes. Tras casi tres décadas de espera, el lunes 30 de enero de 2023, la Corte IDH se reunió para emitir el fallo más importante con relación al exterminio de la UP. En la sentencia, el alto estrado concluyó que Colombia es responsable por el exterminio de líderes, políticos y militantes del partido de izquierda, quienes fueron asesinados, desaparecidos, amenazados, o tuvieron que exiliarse por la persecución que sufrieron.
Actualmente, hay un proceso abierto con una veeduría administrativa para lograr la reparación integral de algunas familias que no habían estado vinculadas antes a las demandas. El 26 de enero de 2022, se notificó la última sentencia para acceder al reconocimiento y una pronta reparación. Sin embargo, aún quedan varios asuntos en cuanto a reparación integral de la comunidad sobreviviente, como el compromiso del Gobierno para que continúe las investigaciones y aplique las sanciones correspondientes a los demás presuntos culpables. Asimismo, una reparación social que incluya, por ejemplo, el acceso a educación y atención psicosocial continua y de calidad para las víctimas.
En memoria de:
Adalberto Lozano Ruiz, Carlos Enrique Restrepo Cadavid, Carlos Enrique Restrepo Pérez, Diana María Vélez, Erika Milena Marulanda, Fabio Jaramillo, Fabio Sierra Gómez, Francisco William Gómez Monsalve, Gildardo Antonio Restrepo Cadavid, Guillermo Osorio Escudero, Guillermo de Jesús Areiza, Henry Albeiro Castrillón, Jairo Rodríguez Pardo, Jesús Aníbal Gómez, Jesús Antonio Benítez, Jesús Antonio García, Jesús Emilio Calle Guerra, Jesús Orlando Vásquez Zapata, Jorge Luis Puerta Londoño, José Abelardo Madrid, José Alberto Osorno Betancur, José Danilo Amariles Ceballos, Juan de Dios Palacio Múnera, Julio Martín Flórez Ortiz, Libardo Antonio Cataño Atehortúa, Luis Adalberto Lozano Ruiz, Luis Ángel de Jesús Moreno San Martín, Luis Eduardo Hincapié, Luis Eduardo Sierra, María del Carmen Idárraga, María Dolly Bustamante, María Soledad Niño, Olga Agudelo Barrientos, Oscar de Jesús Agudelo, Pablo Emilio Gómez Chaverra, Pablo Emilio Idárraga Osorio, Regina del Socorro Muñoz Mestre, Roberto Antonio Marín Osorio, Robinson de Jesús María Arena, Rosa Angélica Mazo Arango, Shirley Castaño Patiño, Vidalia Orozco Saldarriaga, Jairo Alfonso Gil y tres personas más no identificadas.
*Este texto hace parte del libro ”Pacho”, en el cual la autora cuenta su amistad con uno de los civiles condenados por la masacre de Segovia que siempre afirmó su inocencia.
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Por Valentina Arango Correa
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