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El sexto punto de la orden de la operación militar que se llevó a cabo el 28 de marzo de 2022 en el municipio de Alto Remanso (Putumayo) decía, entre otras cosas, que los uniformados debían “evitar confrontación con la población”. En otro documento en el que se plasmaron los detalles de las tareas de patrullaje que realizaron más de 20 militares antes de ese lunes de hace dos años, quedó claro que se trataba de un operativo de “precisión quirúrgica, reconocimiento especial y acción directa”. Dos años después del operativo, la realidad es otra: once personas resultaron asesinadas y cinco más heridas por esa incursión militar, supuestamente en contra del narcotráfico, que tiene a 24 militares procesados en una investigación penal.
El pasado 16 de octubre, la jueza Iris Tatiana Jiménez Quistial tomó una decisión que, a simple vista, no era más que una simple orden para que los uniformados investigados por supuestamente haber matado a 11 civiles salieran de la cárcel y fueran recluidos en sus hogares. Los abogados lo llaman una sustitución de medida de aseguramiento, desde un centro carcelario a prisión domiciliaria. Sin embargo, para quienes conocen los pormenores de la masacre que habría sido perpetrada por el Ejército, la decisión de la jueza de Puerto Asís (Putumayo) está cargada de una seria preocupación por la seguridad de las víctimas que sobrevivieron y de los familiares de quienes se atrevieron a llegar a la justicia el asesinato de sus seres queridos.
La angustia no es para menos. Desde que una investigación periodística de El Espectador, Vorágine y Cambio reveló que la operación no había sido un éxito militar, como lo aseguró el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, sino que había evidencia de que se trató de una masacre, las víctimas y sobrevivientes empezaron a recibir amenazas. A raíz de la advertencia, muchos de ellos tuvieron que salir de su tierra para encontrar resguardo en poblaciones alejadas de Alto Remanso, donde la relación con la fuerza pública es de una tensión permanente por la presencia de grupos armados ilegales que, como lo han documentado organizaciones sociales, toman a la población civil como escudo de guerra.
“No entendemos cómo una jueza que revisa el expediente y que se da cuenta de que las víctimas han sido amenazadas y amedrentadas, toma una decisión en beneficio de 24 militares imputados por homicidio y tentativa de homicidio. No estamos hablando de un delito de menor o de un presunto perpetrador cualquiera. Lo que pasó en Alto Remanso fue una violación gravísima de derechos humanos y todas las pruebas apuntan a que fueron funcionarios públicos los que apuntaron y dispararon contra la población”, explicó una fuente vinculada al caso que pidió reservar su identidad por seguridad. Los sobrevivientes no solo tuvieron que desplazarse, sino que muchos también tuvieron que salir del país a raíz de las amenazas.
Los militares son: Néstor Andrés Cadena Bautista, Jorge Erney Marroquín Cadena, Julián Ernesto Ávila Martínez, Cristian Pérez Galindo, Michael Andrés Quiñones Mendoza, Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santiago Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hoyos Quiñonez, Carlos Alberto Perdomo Romero y Jeisson Rico Soto.
Durante más de dos años, la Fiscalía se puso a la tarea de recopilar pruebas para nutrir la investigación judicial. Los informes periciales, de balística, necropsias, documentos de inteligencia y otros reservados, entre otras pruebas, le permitieron afirmar durante la audiencia de imputación de cargos contra los militares que el 28 de marzo de 2022 el Ejército disparó indiscriminadamente contra la población, cuando ya sabía que su objetivo, alias Bruno, ya no estaba en Alto Remanso. Además, explicó el ente investigador en la audiencia de imputación en julio pasado, entre las 7:13 a.m y las 9:45 a.m. el Ejército gastó 1.629 cartuchos y nueve granadas en contra de un bazar comunitario en donde había niños, mujeres embarazas y adultos mayores.
El ente investigador no solo tendría cómo probar que las balas que acabaron con la vida de las 11 personas fueron disparadas de armas de dotación del Ejército, sino que, luego de la balacera, varios habrían intentado manipular la escena del crimen para que los restos fueron identificados como miembros de las disidencias de las Farc. Además, que, sin ninguna motivación, los militares retuvieron a la comunidad en la cancha de fútbol por varias horas. Fuentes cercanas al búnker de la Fiscalía le contaron a El Espectador que, aunque la jueza Jiménez, la Procuraduría y la defensa de los militares criticaron la investigación, quienes llevan el caso están seguros de que las pruebas son tan sólidas y tan técnicas, que no hay cómo refutar los hallazgos.
Lo que sí les preocupa son, precisamente, las víctimas. “En este expediente hay serios indicios y pruebas de que las víctimas fueron amenazadas y desplazadas. Nos preocupa su situación con la decisión de esta semana. Si bien se trata de una decisión legal que les permite a los investigados defenderse desde su casa, y no desde la cárcel, también es caprichosa. La jueza no tuvo en cuenta el riesgo de las víctimas y su situación de vulnerabilidad, pues hay que recordar que, en su gran mayoría, son campesinos y líderes sociales arraigados a su tierra”, explicó una fuente de la Fiscalía. Aunque esta decisión de la jueza Jiménez no se puede apelar y el ente investigador y las víctimas no tienen otra opción que acatarla, ya estudian caminos para blindar el proceso.
Aparte de reforzar la protección de quienes fueron amenazados, las partes no descartan la idea de pedir que el expediente sea remitido a Bogotá. La propuesta se fundamenta en que, al ser la ciudad capital, el juicio en contra de los militares podría tener mucha más vigilancia y garantías. Eso sí, los familiares de las víctimas y la Fiscalía saben que, una vez por fuera de la cárcel, el riesgo de fuga, dilaciones o revictimización es mucho mayor. En solo los últimos ocho días, hay ejemplos claros de lo anterior: el narcotraficante Óscar Camargo, alias Pichi, se voló de su mansión en donde cumplía una medida de prisión domiciliaria; y Brayan Snaither Campo, el presunto asesino de la niña Sofía Delgado, estaba libre, aunque tenía antecedentes por supuestamente haber violado a una menor de edad.
“Si hubo una operación quirúrgica en este proceso, con total precisión y responsabilidad, esa ha sido la que desplegó la Fiscalía luego de las denuncias. La calidad de la investigación se conocerá cuando empiece el juicio en contra de los militares (un coronel, un capitán, un teniente y 17 soldados profesionales), pues tiene tal filigrana que prácticamente todas las pruebas son técnicas y, ante la evidencia científica, es poco el espacio que queda para la defensa de quienes no tiene cómo explicar que un grupo de militares profesionales dispararan en contra de la población civil, aun cuando sabía que había niños, mujeres embarazadas, líderes sociales y personas mayores”, agregó uno de los abogados de las víctimas.
El Espectador trató de contactarse con los defensores de los uniformados, muchos de ellos siguen en servicio, pero no obtuvo respuesta. En todo caso, los 24 militares se han declarado inocentes durante el proceso y la mayoría de ellos han señalado que solo cumplían órdenes de sus superiores. Entre tanto, la Fiscalía se alista a presentar el escrito de acusación en contra de los investigados para llevarlos a juicio por los delitos de homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio y perfidia (utilizar el engaño para obtener una ventaja sobre un enemigo).
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