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Locura y traición. Bajo esas dos teorías, en el norte del Cauca, se cometió una de las masacres más cruentas al interior de las filas del frente Ricardo Franco. Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, la prensa registró una ruta de terror que inició en Tacueyó, tras el hallazgo de más de 30 fosas comunes con alrededor de 164 guerrilleros, todos del mismo grupo disidente de las Farc.
Este hecho ha sido calificado como la masacre más grande que haya cometido un grupo guerrillero y como la operación de guerra más sanguinaria en el país, pero con una particularidad: todo ocurrió dentro de sus propias filas, comandadas por José Fedor Rey, alias “Javier Delgado”, y Hernando Pizarro, alias “Pescado”, hermano de Carlos Pizarro.
La Comisión de la Verdad documentó la barbarie de ese episodio en un capítulo exclusivo y detalló cómo la purga al interior de ese grupo guerrillero cobró mayor nivel de importancia por sus antecedentes, la forma en cómo fueron asesinadas las víctimas y el impacto en el movimiento guerrillero del país.
Según los testimonios que entregaron miembros del Ejército y excombatientes que sobrevivieron, se identificó que, antes de ser asesinados, los guerrilleros fueron torturados, amarrados y obligados a señalar a sus propios compañeros como infiltrados de las fuerzas militares, todo bajo la sospecha de “Javier Delgado”, quien implementó una doctrina de terror para dinamitar la estructura desde adentro.
A raíz de esas dudas, en un lapso de un mes, el frente Ricardo Franco pasó de tener más de 200 combatientes a menos de 20. La estructura guerrillera se diezmó al punto de verse obligada a desintegrarse por completo.
Un episodio de paranoia y un pacto con el Ejército, según la Comisión de la Verdad, fueron las dos hipótesis que buscaron explicar las acciones de Fedor Rey al frente de ese grupo armado. Una excombatiente que entregó su testimonio señaló que era por mucho ilógico pensar que toda una columna estaba infiltrada y, aunque en un principio pensó que “Javier Delgado” estaba actuando bajo la locura, nunca descartó su propia infiltración para desestabilizar al movimiento guerrillero.
¿Infiltrados o errores militares?: la toma en Miranda
La sospecha se sembró en la cabeza del comandante “Javier Delgado” el 16 de octubre de 1985. La disidencia planeó durante meses una toma guerrillera al municipio de Miranda, al norte del Cauca. Sin embargo, ese día una serie de acciones que no permitieron el éxito de la operación lo llevaron a sospechar de infiltrados dentro de sus filas. La desconfianza también creció en Pizarro, o alias “Pescado”, y se creó el escenario propicio para generar las primeras acusaciones.
Esas acciones en las que fallaron algunos combatientes, como la falta de aviso de la llegada del Ejército al pueblo, si bien pudieron considerarse como errores militares, los comandantes las leyeron como actividades premeditadas para afectar el operativo.
La duda creció al punto de que “Javier Delgado” y “Pescado” ordenaron juicios, solo por sospecha. Con una lista de los supuestos responsables, ambos cuestionaron las actitudes de sus combatientes.
Pero, al mismo tiempo, algunos guerrilleros también sospecharon de sus comandantes, en especial de “Javier”, pues el operativo en parte no tuvo éxito porque no se planearon asuntos clave, como una ruta de evacuación. Aunque dudaban de su tropa, los comandantes hicieron un proceso masivo de reclutamiento de casi 200 jóvenes de milicias urbanas. Esto aumentó la desconfianza entre todos.
Incluso, a los nuevos reclutas, les hicieron investigaciones e interrogatorios. Según el informe de la Comisión de la Verdad, la excombatiente que sobrevivió a la masacre relató que uno de los “nuevos” confesó que hacía parte de los “Boinas Verdes” del Ejército Nacional.
En su interrogatorio, el joven señaló a otras personas de la organización de ser infiltrados, pero la excombatiente afirmó que las confesiones eran sospechosas porque acusaba a quienes llevaban mayor cantidad de tiempo en la organización, lo que para ella era una intención de debilitar a la estructura militar. Ese contexto dio paso a otra hipótesis sobre el inicio de la masacre que apuntó a una especie de estrategia para incriminar y señalar.
Los jefes guerrilleros del frente Ricardo Franco comenzaron a presionar a los combatientes a partir de torturas. Los que eran acusados los amarraban, los golpeaban y los hacían confesar, se lee en el informe. Para que el calvario terminara, los guerrilleros decían cualquier cosa como si fuera una confesión o acusaban a cualquier persona de ser infiltrada, aunque ostentara un alto mando dentro de la estructura.
“A usted le están pegando y usted dice cualquier cosa con tal de que no le peguen más (…) Usted no aguantaba las torturas. Y yo aventaba a esa persona sin yo distinguirla (…) yo iba aventando a otra persona y esa otra persona iba aventando a la otra persona”, relató a la Comisión de la Verdad otro sobrevivientes.
Una masacre a cuenta gotas
Los señalamientos, las torturas y los asesinatos fueron ocurriendo mientras el frente caminaba por las montañas del Cauca. A su paso dejaban el rastro de las fosas comunes donde enterraban a los combatientes que se negaban a confesar que eran infiltrados, aunque fuera sin fundamento.
El 13 de diciembre de 1985, El Espectador registró el hallazgo de 33 cadáveres en cinco fosas en Tacueyó (Cauca), pero el Ejército no pudo explicar qué fue lo que pasó con los 24 hombres, ocho mujeres y un menor de edad, pues no se ordenaron combates. El misterio creció cuando el 17 de diciembre encontraron otras nueve fosas con un total de 59 cadáveres de hombres pertenecientes al grupo guerrillero.
Según documentó la Comisión, la mayoría de los cuerpos hallados en las fosas tenían signos claros de torturas. Las personas eran llevadas encadenadas al cerro, amarradas y luego asesinadas. Las ahorcaban y las apuñalaban, pero no utilizaban armas de fuego.
La excombatiente que aportó su relato señaló que “a quienes eran acusados de ser infiltrados muchas veces los “cordeleaban” -como menciona ella-, es decir, que los asfixiaban con una cuerda amarrada por el cuello y los enterraban en el camino. Un excombatiente del Ricardo Franco manifiesta que había tres grupos de tortura: los que colgaban de pies y manos a quienes eran interrogados, los que golpeaban con garrote y a los que enterraban vivos”.
En las versiones que entregó el Ejército quedó en evidencia que tenían algunos infiltrados en las filas del frente, pero ninguno de los masacrados eran militares y, mediante comunicados oficiales, expuso que entre los cadáveres recuperados no se identificó ningún uniformado.
“Eran personas foráneas de la región del norte del Cauca, entre los cuales había estudiantes universitarios, obreros o jóvenes desempleados de estrato bajo y medio que se vieron atraídos por la idea de la lucha revolucionaria o el buen pago que ofrecía la organización. Muchas de estas personas se trasladaron con sus familias a Toribío, Corinto y Jambaló para vincularse al frente Ricardo Franco”, señalaron en su momento las Fuerzas Militares.
El fin de la masacre
Los sobrevivientes a la masacre de Tacueyó señalaron que, en los últimos días, el grupo se desintegró entre muertos y desertores. Muchos lograron escapar para unirse a las estructuras de la guerrilla del M-19. Por su parte, los comandantes José Fedor Rey, alias “Javier Delgado” y Hernando Pizarro, alias “Pescado”, buscaron refugio en las ciudades.
Pizarro se fue a Bogotá y el 25 de febrero de 1995 fue asesinado en un apartamento en la calle 157 con carrera 20. Aunque condenaron a un integrante del CTI de la Fiscalía por el homicidio, en 2020, tras la desmovilización de las Farc, el antiguo Secretariado confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la autoría del asesinato.
Sobre Fedor Rey, la Comisión de la Verdad documentó que fue detenido el ocho de febrero de 1995 y condenado a 19 años de prisión por los delitos de rebelión y homicidio, pero no cumplió su condena porque lo encontraron ahorcado en su celda en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca).
Sin embargo, en una audiencia de la JEP, alias “Carlos Antonio Lozada”, exjefe de las Farc, le atribuyó el crimen a la guerrilla, que dio la orden de ejecutarlo por las acusaciones sobre infiltración y espionaje militar en el interior del movimiento guerrillero y por los hechos sucedidos en Tacueyó.
La masacre en ese territorio del Cauca significó un golpe certero al movimiento guerrillero. El asesinato de más de 160 combatientes desplegó una ola de terror sobre los sectores de izquierda, pues la mayoría de las víctimas eran jóvenes de movimientos comunistas en las ciudades donde existían las estructuras urbanas, según detalló la Comisión de la Verdad.
De la estrategia de “Javier Delgado”, nunca se pudo establecer si se trató de un episodio de paranoia o una guerra sucia. Después de 40 años, lo único que se sabe a ciencia cierta de la masacre fue el documento de la Comisión, pues, aunque hubo versiones ante la JEP, ninguna instancia de justicia continuó la investigación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
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