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Los habitantes de Bojayá (Chocó) siguen esperando a que el Estado les pida perdón por haberlos dejados solos y haber permitido que alrededor de 80 personas, incluídos 48 niños, murieran por la explosión de un cilindro bomba en la iglesia del municipio, en medio de un combate entre la entonces guerrilla de las Farc y grupos paramilitares el 2 de mayo de 2002. El Ministerio de Defensa, en representación del Gobierno Nacional, tenía esa tarea hace dos semanas, pero por condiciones climáticas no llegaron a tiempo y el evento tuvo que reprogramarse. Sin embargo, las víctimas quedaron con el sinsabor de que el perdón que les pedirán es muy distinto al que quieren y merecen.
El Espectador habló con líderes de la zona y conoció documentos que han hecho llegar a la Casa de Nariño señalando que el reconocimiento de responsabilidad que esperan no puede ser solo un acto protocolario más. Las víctimas de la masacre buscan que el Estado, que ya les falló una vez, entienda realmente el dolor que sufrieron hace 24 años y que, a pesar del paso del tiempo, siguen atravesando. Dentro de lo que buscan es que se garantice que lo ocurrido en 2002 no se repetirá nunca y para eso tienen muy claras los puntos que deben cumplirse. Sus peticiones las sintetizan al unísono en una cosa: “que el Estado no llegue después que la muerte”.
Leyner Palacios, quien fue comisionado de la Verdad y perdió a más de una decena de familiares y amigos en la masacre, habló con este diario sobre lo ocurrido el pasado 2 de mayo, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó tarde a los eventos que se tenía programados. “Las víctimas estuvieron esperando desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde en el lugar en el que se encontraba la iglesia y que se había organizado para hacer ese acto”, dijo el líder. Según manifestó, pareciera que el Estado aún no entiende las dinámicas de las víctimas y eso fue lo que quedó en evidencia con la llegada tarde del jefe de la cartera, pues, agregó, que las lluvias en la zona son constantes y era previsible.
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“Hubo gente que para llegar a este acto hizo recorridos hasta de dos días, subiendo corrientes, bajando peripecias, haciendo de todo, incluso pasando por múltiples retenes de grupos armados ilegales que están presentes en el territorio y eso es una realidad. Y aún así, con todas las dificultades, más de mil personas se congregaron en el lugar y esperaron aproximadamente seis horas a que llegara la comitiva del Gobierno Nacional”, recuerda Palacios. “Yo no cuestiono las condiciones climáticas y efectivamente eso sucedió, pero me parece que la estrategia de entrada al territorio no puede depender del clima, menos para un evento tan importante como este”, resalta.
Más allá de lo que pasó, o no pasó, sostiene que eso dejó ver que el Estado pareciera todavía no estar listo para pedir perdón real a las víctimas que siguen abandonadas. “Un acto de petición de perdón tiene que abordar una reflexión sobre la continuidad del conflicto y la garantía de no repetición, y ahí en Bojayá hay al menos tres alertas vigentes de la Defensoría del Pueblo sobre que el riesgo está nuevamente advertido y el Estado colombiano no está atendiendo eso. Además se siente que hay una fragmentación estatal, de la institucionalidad”, agregó Palacios. Por eso, junto con otros líderes, le han comunicado al Gobierno en varias ocasiones las medidas que deben tomar para que el perdón sea efectivo.
Los líderes de Bojayá le han enviado por lo menos dos cartas al presidente Petro y a otros actores del Gobierno Nacional señalando a detalle lo que esperan del Estado cuando les pida perdón. Buscan que el acto que se tiene previsto para el próximo 11 de julio posea “legitimidad ética y sentido reparador” y exigen que no se reduzca a un simple “protocolo simbólico o a un discurso institucional”. El principio fundamental para ellos es la centralidad absoluta de las víctimas, lo que significa que el evento “no puede girar alrededor del Estado” ni ser utilizado para “aplaudir o legitimar a funcionarios”, sino que debe construirse desde las voces de líderes, mujeres, jóvenes y autoridades étnicas.
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Dentro de las exigencias que hacen está que la comunidad de Bojayá debe decidir “cómo, cuándo y bajo qué símbolos quiere ser reconocida”, resaltando que símbolos sagrados como el Cristo de Bojayá o los alabaos “no pueden usarse como simple escenografía”, ya que son “expresiones vivas de duelo y resistencia” que requieren respeto y consentimiento previo de las víctimas. De igual manera, piden que el acto sea un “reconocimiento pleno de la responsabilidad estatal” que nombre, sin evasivas, las “omisiones, la falta de protección a la población civil y las condiciones históricas de abandono” que permitieron la tragedia. También, que el acto no puede ser una manera de instrumentalizarlos para otros fines.
La comunidad de Bojayá es enfática al decirle al Gobierno Nacional que el acto no es para “instrumentalizar políticamente el dolor”, por lo que exigen que no se convierta en una “plataforma de gobierno, propaganda, ni escenario de confrontación partidista” donde las víctimas sean usadas para validar discursos momentáneos. Asimismo, que la reparación debe incorporar una “dimensión étnica y territorial” que reconozca que la masacre es producto de una “historia de exclusión, abandono institucional y racismo estructural” en el Pacífico colombiano.
Según los líderes, las excusas públicas solo tendrán sentido si van acompañadas de “compromisos concretos y verificables” en inversiones sociales como la “salud, educación, acceso digno al territorio y protección de líderes sociales”. Además, piden que lo que ocurra el 11 de julio, tenga un manejo ético de la información para garantizar el “derecho a una memoria que sane y no revictimice”, evitando la “exposición reiterada de imágenes de dolor, cadáveres o ceremonias fúnebres” y privilegiando, en su lugar, narrativas de dignidad y resistencia comunitaria.
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Los líderes de la zona resaltan que además de la guerra que se sigue viviendo por la presencia principalmente del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), la población de Pogue, “en donde residía el 70% de los fallecidos en la masacre de 2002”, según Palacios, está en riesgo de desaparecer por “el abandono institucional y la desidia administrativa ante desastres naturales recurrentes”. Desde 2020 se declaró la calamidad pública por los riesgos de deslizamiento en la zona y desde entonces, aseguran los líderes, se han adelantado casi 60 reuniones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pero la gestión se ha limitado a visitas técnicas sin resultados materiales.
“Pogue sobrevivió a la guerra y no puede morir por el abandono del Estado”, reza en una de las cartas enviadas al presidente Petro por parte de los líderes sociales. Por eso, esperan “que el Estado no llegue después que la muerte”. El Espectador contactó también al Ministerio de Defensa, encargado de liderar el acto de perdón, y desde la cartera manifestaron que desde el pasado 2 de mayo han mantenido contacto con la comunidad y que sigue en firme el acto para el próximo 11 de julio. “Este evento nunca ha sido salir del paso, llevamos dos años trabajando con la comunidad, porque sabemos que también tienen sus autoridades propias y tienen su metodología, por eso han sido consultados”, expusieron desde el Ministerio.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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