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Dos meses después de haber sido condenado en primera instancia a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, el coronel retirado Alfonso Plazas Vega insistió en su inocencia.
Según dijo, la juez María Estella Jara incurrió en el delito de prevaricato porque “me condenó sin una sola prueba”, al tiempo que afirmó que los intereses del narcotráfico y del terrorismo de izquierda infiltraron la Rama Judicial para incidir en el fallo judicial, que fue apelado por su defensor.
Al ser indagado sobre la petición de los familiares de las víctimas desaparecidas para que lo trasladen de la Escuela de Infantería del Ejército a una cárcel, Plazas dijo a RCN que “quieren que vaya a una cárcel para asesinarme”.
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