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Las muertes de menores de edad en medio de bombardeos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro son una cifra que ha ido aumentando con los días. El pasado 10 de noviembre, luego de conocerse que siete menores reclutados habían muerto en un operativo aéreo contra las disidencias de las Farc, en Calamar (Guaviare), el jefe de Estado señaló que 12 menores han muerto en las ofensivas contra los grupos de alias “Iván Mordisco”. Sin embargo, esta cifra aumentó a 15 menores, tras un pronunciamiento de Medicina Legal, la misma entidad que la congresista Catherine Juvinao citó para denunciar que la cifra total sería de 17 menores muertos en los cuatro bombardeos ordenados por el presidente en Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare.
Aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que en lo corrido de este gobierno se han autorizado 13 bombardeos, las cifras de menores que pudieron morir en esas operaciones siguen siendo desconocidas. En el pasado debate de control político al jefe de esa cartera del 19 de noviembre, Sánchez aceptó que las autoridades conocían la probabilidad de que existieran menores en las zonas atacadas, declaraciones que fueron cuestionadas por congresistas y por la misma defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló la posibilidad de que otros niños y niñas hayan muerto en dichos bombardeos. Es decir, la cifra total de menores que han muerto todavía no se conoce.
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En su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la defensora Marín cuestionó la continuidad de estos operativos en lugares donde exista riesgo de presencia de menores reclutados. “Entiendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH (Derecho Internacional Humanitario), pero yo me pregunto: si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de adolescentes que han muerto, ¿no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando?”, preguntó Marín, quien insistió en que el debate no giraba en buscar culpables, sino en corregir las fallas estructurales que siguen permitiendo que se dé el reclutamiento forzado.
“El Estado siempre llega tarde, y lo primero que llega son las Fuerzas Armadas, para bien o para mal. Este es un fracaso de nuestra política de prevención del reclutamiento”, advirtió la funcionaria, y señaló que la respuesta estatal a las alertas tempranas sigue siendo fragmentada y con baja coordinación entre las distintas instituciones del Gobierno. Solo en 2025, la Defensoría del Pueblo emitió 19 alertas sobre reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA), un fenómeno que, en los mismos registros de la entidad, ha aumentado de 43 casos en 2021; 68 en 2022; 384 en 2023; 625 en 2024; y, entre enero y octubre de este año, ya reporta 162 casos.
Frente al desconocimiento de estas cifras de menores muertos para la opinión pública, el investigador y experto en seguridad Jorge Mantilla señaló a El Espectador que el país conoció este panorama “por el trabajo destacado y juicioso que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Si no fuera por esta entidad, es muy probable que hoy el país no se hubiera enterado, no solo de lo del Guaviare, sino de esta cantidad de jóvenes que han muerto en el marco de estos operativos militares”. De acuerdo con Mantilla, estas no han sido las únicas cifras que ha ocultado el gobierno Petro.
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“Es muy sintomático de lo que alto gobierno está queriendo hacer de cara a las elecciones; es decir, ocultaron la cifra de crecimiento y expansión de los grupos armados; ocultaron la cifra de crecimiento de cultivos de hoja de coca y, particularmente, la cifra sobre el potencial de producción de clorhidrato de cocaína para 2024, y además ocultaron la cifra de estos menores asesinados”, manifestó el experto. Asimismo, resaltó que “en el panorama electoral, la seguridad es el gran talón de Aquiles de la idea de este gobierno y de la posibilidad de reelegir el proyecto político. Y, a su vez, también, como lo han mostrado las encuestas, la seguridad es hoy la principal preocupación de la ciudadanía”.
Además de este ocultamiento de las cifras señalado por Mantilla, otro experto en el tema, Vladimir Rodríguez, recalcó que en Colombia hay “serias deficiencias en el monitoreo en tiempo real y en el flujo de información entre las entidades del Estado en los asuntos relacionados con operaciones militares, sean ofensivas o defensivas. La verificación de los resultados de estas operaciones, en diferentes países, se puede tener prácticamente en tiempo real, y por tanto la auditoría, la verificación y los datos pueden permitir una mayor asertividad y la veeduría frente al impacto real de cada una de estas operaciones. En el país nos demoramos mucho en hacer verificaciones de información debido a la falta de una red de información interoperable en el Estado colombiano”.
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Mientras el país todavía espera conocer una cifra total sobre la muerte de estos menores, la defensora Marín enfatizó en las medidas alternas que puede tomar el gobierno para evitar que dichas estadísticas aumenten. Asimismo, el cuestionamiento central es sobre el papel del Estado para evitar que los menores sean reclutados por los grupos armados y queden en medio de estos bombardeos. Frente a estas fallas estructurales, el experto Rodríguez subrayó que toda política de prevención “debe ir acompañada de estrategias eficientes en seguridad y defensa para contener el crecimiento de los grupos y la posibilidad de que estas organizaciones criminales armadas provean de armamento, recursos y condiciones a los menores que se reclutan”.
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