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La noche del 8 de noviembre de 2021, un mes después de haber cumplido los 19 años, Karen Zulay Villa Herrera llegó a su casa en un barrio en el noroccidente de Bogotá, luego de pasar un fin de semana con amigos en un paseo. La joven se acostó a dormir sobre la medianoche y a las 2:30 de la mañana llegaron agentes de la Policía a hacer un allanamiento en su vivienda. Además, tenían una orden de captura en la mano. Era contra ella. Lo que vino después fue el inicio de un proceso judicial como los más de 300 que la Fiscalía ha iniciado en contra de jóvenes que participaron de manifestaciones durante el paro nacional de 2021.
Pero el caso de Karen Villa ya se perfila como uno en el que las cosas no cuadran. Su familia y un reconocido abogado penalista se pusieron a la tarea de estudiar el caso y lograron evidenciar lo que para ellos son inconsistencias de la investigación de la Fiscalía que tienen a la joven en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá desde hace nueve meses. La historia comenzó en la noche de su captura, cuando le comunicaron que la justicia la buscaba por los delitos de concierto para delinquir, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público e instigación a delinquir.
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Cuatro días después de la captura, el fiscal Francisco Barbosa anunció en una rueda de prensa que 13 integrantes de la “Primera Línea de Engativá” habían sido capturados en Bogotá. En la lista estaba el nombre de Karen, a quien señalan con el alias de Nena y quien fue presentada a la opinión pública como una pieza clave de ese supuesto grupo delincuencial. Milena Herrera Rey, madre de Karen, cuenta que su hija participó activamente en las marchas, motivada por la inconformidad con la reforma tributaria y el sistema pensional y con la esperanza de poder estudiar una carrera universitaria sin endeudarse. De hecho, ella la acompañó a manifestarse.
“Karen quiere estudiar y ella sabe que yo no puedo pagarle una universidad. Me decía que era injusto que las oportunidades solo fueran para unos pocos y ponía como ejemplo mi vida. Yo llevo más de 20 años trabajando y nunca he tenido nada. Pago arriendo, no tengo pensión y soy beneficiaria del Sisbén porque no tengo cómo pagar salud”, asegura. Pero Milena cuenta que ocurrió un episodio que alejó a Karen de las calles: la joven habría sufrido un intento de abuso por parte de agentes del Esmad. “Karen dejó de salir porque el 25 o 26 de mayo la intentaron abusar los del Esmad. Ella y unos amigos estaban en el Portal 80 y la policía arremetió contra la comunidad. Ella salió corriendo con otro muchacho. Él cogió por otro lado y ella quedó sola. Al quedar sola, los policías la golpearon y le metieron la mano ‘allá’, pero tenía el periodo y le dijeron que se fuera. Estaba bastante golpeada, tenía morados por todo el cuerpo”.
Lo que no cuadra
Los hechos por los que acusan a la joven ocurrieron el 28 de mayo en el Centro Comercial Los Héroes, al norte de la capital. Según el escrito de acusación al que tuvo acceso este diario y que fue presentado por la Fiscalía en abril de 2022, ese día la joven habría atacado el establecimiento comercial y a miembros de la Fuerza Pública con bombas molotov. En los momentos en los que ocurren los enfrentamientos, esta persona se ubica en la tercera y segunda línea de choque, elabora y lanza elementos peligrosos y contundentes contra los miembros de la Fuerza Pública”, dice el documento.
Información que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos le presentó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas señala que estas fueron prácticas comunes durante el estallido social, pues del 28 de abril al 10 de septiembre del año pasado, se reportaron 2.049 bienes privados destruidos, 2.492 bienes públicos destruidos, 787 bienes policiales destruidos y 1.712 personas uniformadas lesionadas. El papel que habría tenido Karen Villa durante las protestas fue perfilado por la Fiscalía a través de lo que contó un agente infiltrado que aseguró haber visto a la joven durante las marchas. Sin embargo, lo que la defensa va a probarle al juez durante el juicio es que el autor de este testimonio nunca dijo qué estaba haciendo Karen Villa esa noche.
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Esta es apenas una de las inconsistencias que denuncia su familia. Para defenderlas, el caso en los estrados judiciales está en manos del conocido abogado penalista Iván Cancino. Según el estudio que ha hecho del caso, los cargos por los que acusan a Karen han cambiado a lo largo del proceso. “Al principio decían que ella era la líder de la organización y ahora lo que dicen es que era una más, una ayudante. Antes era instigadora con fines terroristas y ahora, en la acusación, le eliminaron ese delito”, señaló Cancino. Tanto el abogado como la madre de Karen Villa están convencidos de que la Fiscalía comete un error en este caso y aseguran que tienen pruebas para demostrarlo.
“Durante las audiencias, el fiscal decía que mi hija era alias Mena, Ximena, Flaca y Nena. Pusieron unos audios que apenas yo los escuché dije ‘esa no es la voz de mi hija’ y en el audio la misma chica que habla se identifica como Jimena”, cuenta la madre de la joven. Sobre las posibles inconsistencias en el audio que la Fiscalía ha presentado como prueba de la presunta participación de Karen en una organización delincuencial, Cancino explicó: “Alias Nena y alias Mena existen, pero Karen no es ninguna de las dos. En un acto de pequeñez humana, la Fiscalía, en vez de aceptar el error y decir ‘me equivoqué, cometí una injusticia’, busca atribuirle grabaciones a nuestra clienta que no son de ella”.
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Las grabaciones que menciona la defensa son una pieza clave en la investigación. Por un lado, la Fiscalía asegura que en ellas se probaría la existencia de varios delitos y que, además, ya hizo el cotejo de voz para identificar a su autora. Según la acusación, esos archivos hacen parte del material probatorio en contra de Karen Villa y serán controvertidos durante el juicio. Pero Iván Cancino está listo para probar que su defendida nada tiene que ver con esos audios. Por un lado, el abogado señala que los números de teléfono que tiene el ente investigador no son de su clienta. Y por el otro, que la voz en los audios es de otra mujer.
“En juicio oral controvertiremos esos audios a través de un perito acústico forense que determinará que la voz de los audios e interceptaciones que utiliza la Fiscalía no pertenece a Karen Villa”, explica el jurista. Para el abogado, esos errores del ente investigador deberían ser suficientes para que Karen, como mínimo, estuviera ya en prisión domiciliaria, pero la justicia insiste en mantenerla en un centro carcelario. Así lo demostró un juez de garantías el pasado 5 de junio, cuando le negó a su defensa la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento (en palabras más sencillas: sacarla de la cárcel para que vaya a prisión domiciliaria).
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El juzgado argumentó que la ubicación del teléfono de la joven parece haber estado en los alrededores del lugar donde, presuntamente, habría cometido los delitos. La madre de la joven asegura que este caso sería un “falso positivo judicial”. No lo dice a la ligera, pues asegura que la captura de su hija fue motivada por las políticas de persecución a la protesta planteadas por el gobierno Duque. Según las más recientes cifras del Ministerio de Defensa, para el 3 de agosto de este año se han registrado 303 personas capturadas por presuntos delitos cometidos dentro de las manifestaciones del paro nacional del 2021.
Durante ese periodo, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron el país y advirtieron de irregularidades en el actuar del Estado durante las protestas. La Comisión señaló que existió un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, violación de derechos humanos y numerosas privaciones irregulares de la libertad de manifestantes. De hecho, según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en el marco de las protestas se realizaron más de 7.020 detenciones y la CIDH reportó denuncias de tortura y tratos denigrantes en esas acciones policiales y el uso de la figura de “traslado por protección” como forma de amedrentar a algunos manifestantes o para evadir las exigencias de una captura en flagrancia.
“Yo creo que sí pudo haber chicos que hicieron cosas fuera de lugar, pero no es el caso de mi hija. A ella la están confundiendo con otra persona que no está capturada y tampoco la van a capturar, porque si todas las pruebas contra mi hija son de esa mujer, entonces ¿con qué la van a acusar a ella? Tendrían que asumir que se equivocaron y al señor fiscal se le va a caer el caso”. El abogado Cancino agrega que, aunque en las protestas sí hubo jóvenes que cometieron delitos, su defendida no es una de ellas y el ente investigador estaría manteniéndola privada de la libertad injustamente. “La Fiscalía está generalizando y eso es un error. Es como si todos los que hubieran participado de la protesta tuvieran que responder por los actos delictivos que se cometieron. En vez de tener la gallardía de reconocer el error y desvincular a una persona inocente, lo que han hecho es acomodar la historia de manera irregular y arbitraria para no dejarla libre”, asegura.
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En una audiencia que está programada para mañana 11 de agosto, luego de que la Fiscalía solicitara aplazar la audiencia dos veces, la defensa pedirá que dejen a Karen en prisión domiciliaria. Mientras tanto, su madre hace una petición a la opinión pública: “No sean tan duros y no crean en todo lo que dicen los medios porque, en realidad, detrás de esto hay muchos falsos positivos. He dejado de ver redes sociales porque hay gente que dice que a mi hija y a los otros capturados deberían matarlos, quemarlos vivos. Ojalá los jueces se pongan la mano en el corazón y se detengan a revisar que realmente no hay pruebas contundentes y reales para hacer la acusación que están haciendo contra mi hija”.
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