Militar implicado en caso del Palacio de Justicia demandó al Ejército

El general (r) del Ejército Iván Ramírez Quintero ha tenido que entenderse con la justicia tal vez más de lo que él mismo hubiese querido. El ex alto oficial se encuentra detenido en una guarnición militar desde el 27 de mayo de 2008, investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición de 11 personas que, según lo ha documentado la Fiscalía, salieron con vida del holocausto del Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y su juicio está a punto de comenzar. En otro escenario, sin embargo, es Ramírez quien parece haber ganado la batalla. El Consejo de Estado acaba de ratificar una demanda que el general (r) ganó contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con la que pidió que se reajustara su pensión de retiro.

Ramírez Quintero, quien alcanzó el grado de mayor general, fue llamado a calificar servicios en 2000, después de 45 años, dos meses y 28 días como uniformado. Al retirarse en ese año, de acuerdo con las leyes que estaban vigentes, Ramírez tenía derecho a un incremento pensional basado en el Índice de Precios al Consumidor. Pero con su demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Ramírez dejó saber que él formaba parte de los miles de retirados de la Fuerza Pública que llevan más de una década luchando por lo mismo que él: que su pensión esté acorde con lo estipulado por las normas y decretos que se han promulgado para este propósito.

Según lo manifestado por el general (r) en su demanda, el Estado le adeuda un monto superior a los $50 millones por el dinero que ha dejado de recibir desde 2000, cuando salió del Ejército, hasta 2005, cuando entró en vigencia una nueva ley para determinar la cifra que deben recibir quienes tienen derecho a una pensión por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. El capitán (r) de la Fuerza Aérea Alfonso Fierro, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos, le dijo a El Espectador que podrían ser más de 180.000 los ex uniformados con procesos similares que, de ganarlos los demandantes, pondrían en serios aprietos a las finanzas del Estado. Ramírez también alcanzó a pedir indemnización por daños morales, lo cual no le fue reconocido ni por el Tribunal ni por el Consejo de Estado.

El general (r) Iván Ramírez es muy reconocido dentro de la institución castrense. Formó una gran reputación como estratega de inteligencia militar, pues fue comandante de los órganos más relevantes de este área en el Ejército: el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (Binci), el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Coici), la Brigada XX —cerrada en 1998 tras fuertes cuestionamientos de estamentos judiciales nacionales e internacionales— y la Dirección Nacional de Inteligencia. En 1980 ya había recibido cuatro medallas de servicios distinguidos en orden público y hasta su retiro, en abril de 2000, su prestigio dentro del Ejército seguía incólume.

Pero aunque ganó esta batalla por su pensión, la pelea de Ramírez Quintero en los estrados judiciales sigue en pie. Cuando el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, él dirigía el Coici, al cual señalan de haber participado en la desaparición de 11 personas. Ramírez ha negado rotundamente cualquier responsabilidad en estos hechos pero, para la Fiscalía, existen pruebas que merecen ser evaluadas por un juez. Tanto así, que el pasado 25 de enero lo llamó a juicio. Fue el primer general, de todos los que estuvieron involucrados en la retoma del Palacio, que fue detenido por estos hechos y el primero también al que le dictaron resolución de acusación. Ahora, su pelea es un cara a cara entre él y la justicia ordinaria, que lleva más de dos años, desde que reabrió la investigación, intentando establecer qué fue lo que sucedió con esos 11 desaparecidos.