‘Militares deben confesar qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia’

Para el jurista, después de 29 años de la toma del Palacio por parte de un comando del M-19 existen más dudas que certezas sobre los hechos que rodearon la operación de reocupación de la edificación por parte del Ejército Nacional, el silencio del presidente de la época y la extralimitación de algunos miembros de su cuerpo ministerial. Ante esto señaló que la justicia está en mora de reabrir investigaciones y establecer la responsabilidad de cada una de las personas que participaron en esas acciones.

En entrevista con ElEspectador.com el representante de la parte civil asegura que los fallos condenatorios emitidos en los últimos años abren una puerta al reconocimiento de la violación del derecho internacional humanitario por parte de los militares que comandaron dicha operación, así como las consecuencias que traería una eventual condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado colombiano por la desaparición de un grupo de trabajadores de la cafetería, visitantes ocasionales y una guerrillera.

Para el abogado, además de las condenas las víctimas quieren saber qué pasó con sus seres queridos. “Lo que aspiran los familiares es que después de 29 años quienes promovieron ese aparato criminal confiesen esos crímenes, y confiesen el paradero de los desaparecidos, las familias tienen derecho a la verdad”.

¿Por qué pasó tanto tiempo para que se abriera una investigación?

Durante 20 años al Estado colombiano no le interesó para nada investigar los hechos del Palacio de Justicia y en particular lo ocurrido con los desaparecidos, los torturados (…) Solo hasta el año 2005 la Fiscalía dispone que se abra una investigación en relación con estos hechos, lo que plantea es que siempre se mantuvo ese pacto de silencio de dejar estos hechos encubiertos y en la impunidad.

¿Existió un silencio por parte del Gobierno de la época durante la operación?

Va quedando claro que el poder civil sabía lo que hacía el poder militar. El poder civil no ha querido manifestarle a Colombia si existió un golpe de Estado o qué fue lo que pasó.

¿Se presentó una extralimitación del Ejército Nacional?

Existían órdenes criminales dentro del Ejército Nacional, órdenes que se impartían de manera cifrada a efectos que de que se cometieran crímenes como la desaparición forzada de personas. Es claro que desde los altos mandos militares, principalmente desde el general (Rafael) Samudio se impartieron ordenes de cometer crímenes de guerra, de arrasar con todo, de destruir, de no escatimar esfuerzos, de usar todo tipo de armamentos y explosivos desconociendo los principios de proporcionalidad.

¿Por qué se absolvió la comandante del Ejército?

La Fiscalía General decide absolverlo por los elementos probatorios que se habían recogido hasta el momento. Se consideró que no existía una prueba que indicara que había controlado directamente las actividades militares en el lugar de los hechos (…) Sobre dicha base se generaban una serie de dudas que debían aplicarse a favor del general.

Pero, sin embargo, en los últimos fallos se hace una mención directa del general…

Las últimas pruebas que se han recogido en los últimos años permiten establecer que esa inocencia del general Samudio empieza a ser desvirtuada y lo que la justicia debería pensar es cómo se reabre ese caso para que responda también por estos hechos.

¿Por qué se señala siempre a los militares si en la operación participaron otras personas?

La fase que se adelantó hasta el 2010 por parte de la Fiscalía General se centró en el análisis de la responsabilidad de los miembros del Ejército Nacional. Hoy queda claro que debe restablecerse la responsabilidad de los ministros del despacho,  el ministro de Gobierno ha afirmado que estuvo al tanto de la liberación de personas y su traslado a la Casa del Florero. Si el ministro de Gobierno estuvo al tanto de cada uno de estos procedimientos se debe mirar su participación como coautor de estos crímenes.

En su criterio ¿qué otras personas deberían ser vinculadas a la investigación?

Se debe investigar el papel de la ministra de comunicaciones quien adopta medidas tendientes a impedir la transmisión de imágenes y garantizar anticipadamente la impunidad de los crímenes. Así como el nivel de responsabilidad atribuible al personal de la Policía Nacional y el DAS, creemos que hoy lo que se ha avanzado ha sido importante, pero no se han vinculado a todos los máximos responsables de estas acciones.

¿Qué representa que el Tribunal Superior pidiera investigar la violación al DIH?

Existió una oposición para desconocer el Derecho Internacional Humanitario, una decisión institucional de cometer crímenes de guerra y una decisión de acabar con la administración de justicia a través de la orden de ‘tierra arrasada, de no escatimar esfuerzos, de destruir todo lo que se moviera y de no respetar a los civiles’.

¿Qué otras responsabilidades se deben establecer?

Creemos que es la hora de que el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y demás militares vinculados con estos crímenes digan la verdad. Es hora que ellos confiesen cómo funcionó ese aparato criminal el cual funcionaba en el interior del Ejército y saber qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia.

¿Qué ha pasado con la demanda interpuesta ante la Corte Interamericana?

Ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el Estado ha reconocido su responsabilidad en desapariciones forzadas, en relación con el tema de las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Confiamos en que se va a dictar por la Corte una sentencia condenatoria contra el Estado colombiano y que estás sentencias van a generar un precedente para el país en el sentido de que le quede claro a la Institucionalidad colombiana.

¿Qué consecuencias traería esto para el país?

Primero que todo se estaría enviando un mensaje al país: que la democracia no se defiende torturando, que la democracia no se defiende desapareciendo, y que la democracia no se defiende ejecutando civiles, esas son formas eficaces de acabar con la democracia.

Segundo, se van a generar las rutas para que casos como el del general Samudio pueda ser reabierto y se presente ante las autoridades a responder con las nuevas pruebas que existen. En tercer lugar se envía un mensaje para que se adopten medidas tendientes a que este tipo de crímenes no se vuelvan a presentar en la historia de Colombia.

¿Cuál es la petición que hacen los familiares de los desaparecidos?

Lo que aspiran los familiares es que después de 29 años quienes promovieron ese aparato criminal reconozcan esos crímenes y confiesen el paradero de los desaparecidos. Las familias tienen derecho a la verdad, tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos y un derecho a la justicia. Pero es esencial a efectos que puedan poner fin a este drama que ha sido tan traumático para padres, hijos, hermanos, esposos que después de 29 años que la verdad plena se sepa de una vez.

¿Por qué el Tribunal Superior reconoció la existencia de cinco desaparecidos y no de los 11?

Entendemos la decisión del Tribunal que no tuvo todas las pruebas que existen, no llegaron para su conocimiento todos los elementos que indican que esos procesos de identificación ya culminaron. La Fiscalía debe retomar a estas investigaciones y debe citar a los militares para que sigan respondiendo por estos hechos”.

¿Existió inoperancia de la justicia en este caso?

Los hechos de los desaparecidos del Palacio de Justicia son los primeros casos que se presentaron en el país. La justicia nunca quiso actuar a tiempo y hoy Colombia cuenta con más de 30 mil desaparecidos. Lo que actualmente se está presentando es un mensaje de que la justicia debe operar a tiempo y que no es admisible en una democracia una justicia tardía.