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Una docena de militares que integraron el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, van a encarar a los familiares de los jóvenes que asesinaron e hicieron pasar como bajas en combate entre 2002 y 2005. En audiencias de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los doce uniformados que aceptaron haber cometido esta práctica pedirán perdón el 18 y 19 de julio en la capital del Cesar. Un escenario similar al que ya tuvieron las víctimas de falsos positivos en Catatumbo y Soacha, y las de secuestro por parte de las Farc. Así serán las diligencias, que en esta oportunidad tienen al menos tres ingredientes inéditos.
Primero, porque Cesar es el tercer departamento con más víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, y La Popa es la unidad militar de todo el país que tuvo más exmiembros tocando la puerta de la JEP (140). Segundo, porque los pueblos indígenas kankuamo y wiwa fueron particularmente afectados por los falsos positivos y tendrán un rol protagónico en las audiencias de reconocimiento. Y, por último, porque, hasta ahora, no había ocurrido que un compareciente ―militar o Farc― no aceptara la imputación de la Sala de Reconocimiento, eligiendo irse, por el camino más largo y complejo: el del juicio. En este caso, esa vía la escogieron tres oficiales.
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Desde que se anunció la metodología con la que la JEP investigaría los falsos positivos, en los números destacaban el Cesar y el batallón La Popa. Este departamento concentra el 7,3 % de las víctimas en el período priorizado por la justicia especial y ya había siete condenas muy sonadas, como la del coronel retirado Publio Hernán Mejía, comandante de esa unidad militar entre 2002 y 2003. En julio de 2021, la Sala de Reconocimiento determinó que en su período ocurrieron el 59,5 % de los falsos positivos documentados y cuando llegó su sucesor, el coronel retirado Juan Carlos Figueroa, el fenómeno criminal no menguó, solo cambió, y se presentaron el 40,5 % de los casos.
El 18 de julio, la JEP se dedicará a escuchar a víctimas y victimarios del primer patrón que encontró en los asesinatos: aquellos falsos positivos que se cometieron en alianza con grupos paramilitares. Esto principalmente ocurrió durante la comandancia de Mejía, a quien se le atribuye que, ante el reclamo de un subordinado por las muertes ilegítimas, dijo: “Eran bandidos y se tenían que morir”. De los 75 falsos positivos cometidos durante su período, cincuenta ocurrieron en alianza con las Autodefensas. La JEP encontró que la organización criminal entregaba a víctimas al Ejército o simplemente acusaba a algún civil de colaborar con la guerrilla y era asesinado.
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Al día siguiente, el 19 de julio, la audiencia se concentrará en que los militares implicados reconozcan la segunda modalidad de falsos positivos que implementaron: las víctimas que eran llevadas de otras zonas del Caribe y asesinadas en Valledupar, siempre haciéndolas pasar por guerrilleros. Personas en condiciones de vulnerabilidad, como habitantes de calle, fueron seleccionadas cuidadosamente en ciudades como Barranquilla y luego las mataron. Esto ocurrió, principalmente, durante la comandancia de Juan Carlos Figueroa (2004 a 2005), cuando el Batallón La Popa ya había ganado reputación en el Ejército por producir resultados.
Ambos días habrá autoridades indígenas del pueblo kankuamo y wiwa. De hecho, hablarán de los daños que sufrieron sus comunidades por esta práctica criminal, que se remonta a la estigmatización que sufrieron por parte del Ejército. Un gobernador kankuamo lo explicó bien en una audiencia ante la JEP, al recordar la respuesta que obtuvo de un oficial cuando fue a pedir protección a La Popa: “El coronel nos dijo que tenía información de inteligencia de que la visión kankuama había sido creada por las Farc. Y si esa información la manejan los militares, pues todas las autoridades aquí éramos objetivos militares”.
El imaginario de que los indígenas eran auxiliadores de la guerrilla también está condensado en un comunicado que publicó Figueroa en 2003, en el que dijo: “Las comunidades indígenas son una minoría que hábilmente son manipulados”. Sin embargo, Juan Carlos Figueroa, Publio Hernán Mejía y el también coronel (r) José Pastor Ruiz ―quien tuvo cargos prominentes en ambas comandancias― no estarán en las audiencias de Valledupar, pues no aceptaron los hechos imputados, por lo que sus casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación, y deberán enfrentar un juicio similar al de la justicia ordinaria, luego del cual podrían enfrentar penas hasta de veinte años.
Hasta ahora, eso no había ocurrido, pues los implicados habían aceptado lo imputado. Esta situación seguramente reñirá con las expectativas que tenían las víctimas del espacio. Además, esperan que no se repitan escenarios como el que recordó el abogado de víctimas Sebastián Escobar, del Colectivo José Alvear Restrepo: “En la audiencia de Ocaña las víctimas formularon preguntas, muchas de las cuales nunca fueron contestadas. Los comparecientes llegaban, en general, con una intervención preparada. Esto no facilitó que el espacio se instituyera como un verdadero diálogo. Esperamos que esta oportunidad sea diferente, que haya una respuesta”.
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Lo que digan los comparecientes desde este lunes tendrá que pasar el examen de los magistrados antes de que se les imponga una sanción. Ya ha habido 26 reuniones preparatorias, de las que participaron familiares y los doce imputados: Álex José Mercado, Carlos Andrés Lora, Eduart Gustavo Álvarez, Efraín Andrade, Elkin Leonardo Burgos, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez, José de Jesús Rueda, Juan Carlos Soto, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez. La JEP no aceptará que se justifiquen los crímenes, aunque, posiblemente, salgan a flote reclamos de las víctimas, que ya se han mostrado insatisfechas con lo que reconocen los militares.
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