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El Consejo de Estado condenó al departamento de Córdoba por quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió una menor recluida en un reformatorio de Montería hace tres años y ordenó el pago de 267 millones de pesos como reparación a ella y su familia.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que las secuelas dejadas por las quemaduras que sufrió la menor no solo le impiden trabajar sino que la afectaron notablemente síquica y moralmente, al punto que la condujeron al consumo de drogas.
El 21 de octubre de 2002 se presentó una conflagración en el Centro de Rehabilitación Casa del Menor “Villa Luz” causada por una fogata que alcanzó la colchoneta de la afectada y fue extendiéndose por su celda; al parecer, los vigilantes y el propio director de la entidad se negaron deliberadamente a prestarle ayuda a la menor.
Según el expediente, el director señaló: “déjela que se queme ella no es familia mía ni es familia suya”, en tanto que los vigilantes precisaron que la “dejarían allí porque eso lo tenía merecido por su mal comportamiento”.
“Ese daño deviene imputable a la administración pública ya que, al margen de que se desconozca la causa de la conflagración al interior del calabozo donde se encontraba la menor, lo cierto es que la administración pública se hallaba en posición de garante respecto de la integridad de la adolescente, motivo para protegerla de cualquier riesgo o daño especial que se pudiera materializar”, dice el fallo, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero.
La joven permanecía en el reclusorio desde el 5 de octubre de 2002, al ser halada responsable del delito de hurto por determinación de una juez de Menores de Montería, que ordenó su permanencia allí por espacio de 60 días.
El Consejo de Estado también ordenó a la Administración Departamental de Córdoba asumir todos los costos de atención médica que requiera la víctima, proveerla de medicamentos y practicarle cirugías plásticas, además de ofrecerle un tratamiento de atención siquiátrica y sicológica.
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