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A las 2:20 de la tarde del 17 de abril, dos helicópteros del Ejército rompieron el silencio sobre la vereda Las Cruces, en Ataco (Tolima). Desde el aire, lo que se veía no era solo una mina ilegal de oro: era un territorio transformado por la explotación. Un parche de bosque talado, más de 20 huecos llenos de agua, montículos de tierra de hasta seis metros y, en medio del barro, decenas de personas moviendo bateas. Alrededor de 100 personas entre hombres, mujeres, niños, todos cubiertos de lodo. Abajo, el Estado llegaba tarde; arriba, la operación apenas comenzaba, en una zona donde la autoridad se disputa entre fusiles, retroexcavadoras y economías ilegales que se consolidaron en los últimos años.
Ese punto, uno de los 2.249 identificados por las autoridades, resume un fenómeno que ya desbordó las categorías tradicionales de criminalidad en Colombia. La minería ilegal de oro, con ingresos que superan los USD 22.000 millones, dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados. Según el Ejército, este negocio resulta más rentable que el narcotráfico, más fácil de producir y, en muchos casos, más difícil de rastrear por las autoridades. El negocio no solo financia estructuras ilegales, sino que también redefine economías locales, crea redes de dependencia y sostiene una cadena que conecta territorios periféricos con mercados legales nacionales e internacionales.
En tierra, la escena es otra. Nueve excavadoras de 100 toneladas remueven el suelo de un predio de 23 hectáreas mientras unos 120 barequeros buscan, con baldes y bateas, pequeñas chispas de oro. Viven en cambuches levantados con plástico y madera, alrededor de una explotación que ya arrasó la cobertura vegetal y dejó rastros de combustible en el río Saldaña, la principal fuente hídrica del sur del Tolima. No es solo extracción ilegal: es una transformación completa del territorio, donde la actividad económica redefine la vida cotidiana, impone reglas propias y genera impactos ambientales que podrían extenderse durante años sin una intervención sostenida del Estado.
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Según la fuerza pública, ese yacimiento es controlado por la estructura Ismael Ruiz, de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”. Por eso, en esa tarde de abril, la operación militar tenía un objetivo claro: intentar destruir la maquinaria. Pero en cuestión de minutos, la realidad sería otra, pues buena parte del problema también tiene que ver con la capacidad de control social que tienen los grupos armados. Cuando los soldados descendieron sin tocar tierra y avanzaron hacia las máquinas, no solo enfrentaron a operadores o vigilantes. En minutos, entre 15 y 20 personas rodearon a las tropas para impedir capturas y frenar el operativo. Luego llegaron más. En cuestión de minutos, la asonada había iniciado.
La respuesta de la comunidad no fue ni improvisada ni espontánea. Fue la respuesta organizada de una economía que se defiende porque depende de ella, pero también porque detrás existen estructuras que coordinan, financian y sostienen la resistencia frente a la intervención estatal. Para el Ejército, no hay dudas sobre quién controla ese negocio. Según el coronel Jhaderson Torres Enciso, comandante de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, la minería ilegal y el narcotráfico “van de la mano” y comparten actores, rutas y estructuras. La diferencia es estratégica: el oro se inserta con mayor facilidad en circuitos legales.
Mientras la cocaína exige clandestinidad en toda su cadena, el metal puede terminar certificado, exportado y vendido en mercados internacionales. Ese tránsito, de lo ilegal a lo aparentemente legal, es el corazón del problema, pues permite que las ganancias se mezclen con economías formales y dificulten el rastreo de su origen criminal. Ahí es donde la economía ilícita se conecta con redes más amplias. Según expertos en el tema, como el profesor de la Universidad del Tolima, Andrés Tafur, o el abogado Esteban Bello, especializado en desarrollo minero-energético sostenible, el oro extraído en lugares como Ataco entra a circuitos de “legalización” bajo dos modalidades.
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Una, mediante documentos de origen, y la segunda, a través de intermediarios que compran a bajo precio y lo revenden con certificación. Ambos sostienen que, mientras un barequero puede recibir cerca de COP 200.000 por gramo, en el mercado legal se paga más del doble. La diferencia no es solo ganancia, pues también existe el margen que sostiene la estructura criminal, financia su expansión territorial y permite que el dinero circule sin mayores controles dentro de economías que aparentan legalidad. Ese sistema, en todo caso, no opera en el vacío. La trazabilidad del oro es, justamente, uno de los mayores vacíos que enfrentan las autoridades.
Aunque existen mecanismos como el registro de origen para la comercialización, en la práctica estos sistemas pueden ser manipulados o suplantados con relativa facilidad. Eso permite que el oro extraído en condiciones ilegales termine integrado en cadenas formales sin mayores obstáculos. Para investigadores y expertos, este es uno de los puntos más críticos: no se trata solo de extracción ilícita, sino de un circuito que logra insertarse en la economía legal. Así, el problema deja de ser exclusivamente territorial y se convierte en un asunto estructural que involucra controles estatales débiles y posibles fallas en la supervisión institucional.
Justamente, un problema que se exacerbó, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el control territorial que ejercían las Farc en regiones como el sur del Tolima se fragmentó. Lo que siguió no fue un proceso de formalización ni de presencia estatal sostenida, sino una disputa por las rentas ilegales. A Ataco, un municipio de cerca de 16.000 habitantes, llegaron en pocos años más de 4.000 personas atraídas por la bonanza del oro. Con ellas también llegaron nuevos actores armados, intermediarios y redes que terminaron reorganizando el territorio alrededor de una economía ilegal en expansión. Esa transformación también evidencia una deuda histórica del Estado en regiones como el sur del Tolima.
La falta de alternativas económicas, sumada a la débil presencia institucional, ha permitido que actividades ilegales se consoliden como única opción de sustento. Para analistas, el problema no radica únicamente en la acción de los grupos armados, sino en la incapacidad estatal para ocupar de manera efectiva los territorios tras la salida de actores como las Farc. Sin inversión sostenida, sin control administrativo y sin oferta social suficiente, el vacío fue llenado por economías ilícitas que hoy no solo generan ingresos, sino que también estructuran la vida comunitaria y redefinen las reglas de convivencia. En ese contexto, la intervención del Estado se ha concentrado en un eslabón: la maquinaria.
Destruir excavadoras, inutilizar motores, dispersar asonadas. El pasado 17 de abril, el grupo Marte del Ejército logró explotar seis máquinas y afectar otras tres. Pero la escena final revela el límite de esa estrategia. Mientras los helicópteros regresaban para evacuar a las tropas, los barequeros ya estaban retomando sus herramientas. El ciclo se reinicia en cuestión de horas, lo que evidencia que la acción militar, sin una intervención integral, resulta insuficiente para desmantelar la estructura económica que sostiene la explotación ilegal. “Como la ley prohíbe la maquinaria sin título, la fuerza pública persigue las máquinas, pero no la estructura detrás de ella”, advierte el abogado Esteban Bello.
En la práctica, eso ha permitido que los grupos armados desarrollen redes de abastecimiento que reemplazan rápidamente lo destruido. Desde la pandemia, la fuerza pública le ha seguido la pista a cómo estas economías se han sofisticado: logística, financiación, control territorial y, sobre todo, capacidad de adaptación frente a la intervención estatal. Es un modelo que aprende, se reorganiza y persiste, incluso después de operativos de alto impacto como el desplegado en esta zona del Tolima. El caso de Ataco también permite ver la dimensión social del fenómeno. Jhon Arias*, de 64 años, fue uno de los barqueros de la mina que intentó frenar la operación.
“Aquí trabajamos señoras, niños y adultos mayores. Nosotros no tenemos pensión y a mi edad ya nadie me da trabajo”, dijo el hombre. Sus ingresos dependen de las décimas de oro que logre sacar en jornadas de más de 16 horas (una décima equivale a 0.1 gramos). Algunos días gana apenas COP 100.000. Otros, ni siquiera lo suficiente para comer. Esa precariedad convive con una economía que, aunque ilegal, se convierte en la única alternativa para cientos de personas en regiones donde el Estado no ha logrado ofrecer opciones reales. El contraste no solo es entre esta mancha de lodo y el bosque verde de la región, sino también entre las personas. A pocos metros de la asonada donde estaba Jhon Arias, un hombre sin barro en la ropa, con cadenas de oro en el cuello, observaba la operación y daba órdenes.
Según las autoridades, sería el enlace con las disidencias. La escena es la fotografía de la estructura completa: mano de obra vulnerable, intermediarios visibles, mandos invisibles que conectan la extracción con el mercado global, y un Ejército en su misión de destruir la maquinaria. Ante ese panorama, surge otra pregunta de fondo, pues el problema no es solo cuántas minas ilegales como esta existen, sino qué tan lejos llega esa cadena. Desde Ataco hasta Bogotá, y de ahí a mercados internacionales, el oro recorre un camino que mezcla informalidad, corrupción y vacíos institucionales, pues aunque llega a los territorios con uniformados en operación, no lo hace con la capacidad para intervenir la economía.
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Las cadenas de corrupción son tan amplia que no tener un permiso, no es un impedimento para que cualquiera pueda vender oro en una compraventa. “Los vendedores preguntan al cliente si es oro tipo A, es decir, que cuenta con el permiso, o tipo B, que no tiene ningún papel para trazar su origen y que se compra más barato”, aseguró el abogado Bello. Luego, el vendedor hará pasar ese oro tipo B por legal bajo el permiso que tenga otra persona y así el metal puede ser vendido en mercados internacionales con “un origen legal”. Otra ruta, dice Bello, es sacar el oro directamente desde las minas en lanchas hasta Panamá, país que no pide ningún certificado, y desde ahí pasa a mercados de Estados Unidos o Europa.
Mientras tanto, las investigaciones sobre economías ilegales en el país siguen mostrando un patrón recurrente: la dificultad para desarticular no solo la operación visible, sino las redes que la sostienen. La acción estatal suele concentrarse en los eslabones más expuestos, mineros, maquinaria, puntos de extracción, mientras los niveles superiores permanecen más difusos. Esa asimetría en la intervención genera un efecto limitado, pues las estructuras se recomponen con rapidez. En la práctica, el Estado logra interrumpir temporalmente la actividad, pero no modificar las condiciones que la hacen posible ni los incentivos económicos que la mantienen activa en amplias zonas del territorio nacional.
Eso pasó en Ataco. Aunque el Ejército tenía el objetivo de destruir toda la maquinaria, quedaron 11 clasificadoras sin detonar, pero la asonada de la comunidad lo impidió. Había niños e incluso una mujer en embarazo, a la que le pidieron que se subiera a una de las máquinas. Hacia las cinco de la tarde, el capitán del operativo ordenó el repliegue de todos hacia los dos helicópteros se aproximaban a la mina. Al tiempo, desde los aparatos que no lograron destruirse, la gente vitoreó la salida de los 36 militares encargados para la misión. Los barequeros, incluyendo Jhon Arias, recogieron sus bateas para seguir trabajando y recuperar el tiempo perdido.
Por eso, más que un operativo puntual, lo ocurrido en Las Cruces es una radiografía. Muestra, también, cómo una economía ilegal puede organizar territorio, movilizar comunidades, resistir al Estado y, al mismo tiempo, insertarse en circuitos legales. Un sistema que no se desmonta con explosivos ni con helicópteros, porque su verdadero motor no está en la mina, sino en la red que convierte ese oro en poder económico, control social y capacidad de influencia en distintos niveles del país. Mientras tanto, Jhon Arias sigue trabajando en la mina porque él, como sus compañeros, saben que por encima de las operaciones militares, cada décima de oro representa el dinero para vivir un día más.
*Nombre cambiado para proteger la seguridad del barequero.
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