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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington D.C., admitió a la Asociación Mutual de Mineros El Cogote (Asomutualco) como parte no contendiente en la demanda presentada por la empresa Gran Colombia Gold contra el Estado Colombiano en este escenario arbitral. Se trata de un pleito jurídico iniciado en 2018 por el cual Colombia podría perder más 800 millones de dólares que son alegados por la multinacional como indemnización por un supuesto incumplimiento al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.
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Como parte no contendiente en el caso los mineros artesanales tienen derecho a presentar un documento no superior a 20 páginas, el cual ya fue radicado el 23 de septiembre de 2021 y en el que tratan temas relacionados al centro de la disputa entre la multinacional minera y la Nación: la propiedad de la mina El Cogote de 2.800 hectáreas, ubicada entre los municipios de Remedios y Segovia. La Asociación Mutual dice que ellos hicieron posesión de la mina desde 197 y que tienen derecho a usufructuar de ella. Sin embargo, en 2010, la empresa canadiense recibió la titulación de la mina de oro y las dos partes entraron en discordia.
La situación se escaló a tal punto que en 2017, entraron a paro cerca de 7.000 mineros de esos municipios porque, según los mineros, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como la Gran Colombia Gold estaban desconociendo de tajo la presencia de su labor, la cual llevaban practicando desde hace décadas en la mina el Cogote y otras de esa zona de Antioquia. El Espectador conoció detalles del trámite que tuvo que surtir Asomutualco para poder ser considerado por el organismo en donde tienen lugar billonarios pleitos entre países y poderosas empresas.
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El trámite ante el CIADI
El CIADI empezó a estudiar esta solicitud de la asociación mutual desde el 5 de octubre de 2020, cuando la misma organización hizo la solicitud ante el centro internacional de arbitraje. Sin embargo, se tardó un año en resolver otros asuntos de fondo, como la solicitud de Colombia en la que le pedía al CIADI que no asumiera el caso porque no tenía jurisdicción. Además, para el Estado colombiano la Gran Colombia Gold no podía apoyar su demanda en el incumplimiento del TLC Canadá-Colombia dado que no es propiedad de canadienses.
Esa solicitud fue negada en diciembre de 2020 y, posteriormente el CIADI se dispuso a estudiar la solicitud de la Asociación Mutual. Naturalmente, Gran Colombia Gold, en agosto de 2021, se opuso a que los mineros artesanales fueran escuchados ya que, según la empresa, no buscaban simplemente ayudar al Tribunal como un “amigo de la corte”, ofreciendo perspectivas especiales sobre los temas en disputa, sino que actuaría como protagonista implicado en los hechos.
Por esas mismas fechas Colombia dijo que no objetaba la solicitud de los mineros y consideró que era apropiado que el Tribunal conociera la postura de la asociación mutual, ya que en los hechos que hoy hacen parte del litigio son actores claves. Además, agregó que los tres puntos planteados por Asomutualco son relevantes y pertinentes para la resolución de la controversia y no perjudicaría a ninguna de las partes ni interrumpiría el trámite arbitral.
Ante los argumentos de la minera y el Estado colombiano, el CIADI señaló que la empresa no demostró que la presentación de una comunicación de 20 páginas, limitada a estas tres cuestiones puntuales, constituya un problema para el proceso o se ponga en riesgo la transparencia del caso. Además, dice el CIADI, las partes contendientes como el propio tribunal tendrán la oportunidad de comentar sobre el documento presentado por la Asociación El Cogote.
El documento y las amenazas de muerte
El primer punto abordado en su documento por la Asociación Mutual es el contexto socioeconómico y cultural en donde está la mina El Cogote, municipios que han sido escenarios claves del conflicto armado colombiano. Por ejemplo, allí se perpetraron masacres paramilitares y también hicieron presencia la extinta guerrilla de las Farc durante los años ochenta. Luego, el documento se enfocó en realizar un contexto histórico sobre la mina y los procesos en la justicia colombiana.
Por ejemplo, cursan dos procesos ante las autoridades nacionales. Uno por restitución de predio, instaurado por la minera y un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, instaurada por la Asociación Mutual. Además, el caso ha tenido que ser conversado con las autoridades regionales. El 3 de junio de 2015, se llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso en la Asamblea de Antioquia, y dos días después los integrantes de la asociación recibieron amenazas de muerte a través de un panfleto.
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Todo este contexto de amenazas contra el movimiento minero, que también será parte del documento, generó en noviembre de 2016 una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el organismo interamericano pide que se proteja la vida de varios integrantes de Asomutualco, quienes empezaron a ser amenazados de muerte cuando empezaron a ser voceros de las comunidades mineras en medio del conflicto con las autoridades del Estado colombiano y la Gran Colombia Gold.
Incluso, en septiembre de ese año, fue asesinado el abogado y defensor de derechos humanos, William García Cartagena, cerca a su casa en el suroccidente de Medellín. El defensor público era asesor jurídico de la Mesa Minera de las comunidades de Remedios y Segovia, y había denunciado ante el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) los panfletos amenazantes en una zona del país en la que los grupos sucesores del paramilitarismo se reencaucharon y hoy siguen delinquiendo.
En ese momento los mineros le dijeron a la CIDH que existía un contexto en donde conviven “grupos armados al margen de la ley con intereses económicos y políticas de Estado poco coherentes con el territorio; cuya consecuencia es la re-victimización Estatal”. Además, aseguaron que desde el año 2000, son víctimas de actos de violencia, incluyendo masacres de gran magnitud en la región de Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño. Incluso, un año antes, en 2015, el Secretario de Gobierno de Antioquia calificó la situación como de “estado crítico” afirmando que la tasa de homicidios en Segovia “por cada 100 mil habitantes es de 116 durante el 2015″.
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Por David Escobar Moreno
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