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El pasado 28 de julio sucedieron dos grandes hechos judiciales en proporciones distintas. Primero, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal, pues se demostró, en primera instancia, que manipuló testigos para resultar favorecido en procesos judiciales. Al mismo tiempo, un juez de la República, en este caso Sandra Liliana Heredia, le otorgó total credibilidad a los testimonios del condenado criminal Juan Guillermo Monsalve, quien llevaba años alertando que emisarios de Uribe lo quisieron torcer para que callara lo que dice saber sobre la relación entre la familia Uribe y la creación del Bloque Metro de los paramilitares en Antioquia.
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La sentencia contra Uribe, de más de 1.000 páginas, es el primer documento oficial en el que se toma por cierto hechos que Monsalve ha alertado a la justicia desde hace más de una década. Pasó de ser el “testigo estrella” de un juicio, a representar una de las pruebas directas de que el expresidente determinó personas para callarlo y enlodar al senador Iván Cepeda. Entre quienes presionaron al testigo estuvo el abogado Diego Cadena, también en juicio, quien quedó retratado en una grabación de reloj espía, gestionada por el mismo Monsalve, ofreciéndole beneficios para lograr la manipulación.
Pero ese reloj espía cumplió otra función: grabar a Enrique Pardo Hasche, compañero de patio de Monsalve en La Picota, quien a nombre del expresidente lo presionó para que cambiara de versión. Una tesis que sostiene indistintamente del procesado. Por ejemplo, en noviembre de 2020, en audiencia ante la Corte Suprema revelada por El Espectador, Monsalve confesó que un viejo amigo suyo, Carlos López alias Caliche, también lo contactó para que se torciera y, como si no fuera suficiente presión, le tocó soportar que esas gestiones se realizaran con la presunta dirección del representante a la Cámara y ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, quien también está en juicio.
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La credibilidad para Monsalve fue total tras el juicio Uribe. No se comprobó, como alegaba la defensa de Uribe, que hubiese testificado por tener amplios beneficios en la cárcel La Picota, donde cumple una condena a 44 años de prisión por secuestro extorsivo. No se advirtió “una sola contracción”, como lo sentenció la jueza Heredia. Es decir, no pudieron manipular su testimonio. “Nótese que en manera alguna varió un aspecto medular de su declaración. Por el contrario, en lo que interesa a este proceso, se ha mantenido consistente. De hecho, previendo el ataque del que iba a ser objeto, para darle robustez a su declaración, optó por grabar las presiones sobre él cernidas”, concluyó la jueza, en primera instancia.
El expediente Uribe Vélez, en su conjunto, tiene uno de sus orígenes en un patio de la cárcel de Cómbita (Boyacá), en 2011. Ese año, Monsalve, quien ya pagaba los primeros tres años de su extensa condena, vio por televisión un caso de desaparición en Antioquia, en el que quiso ayudar, aportando la ubicación de los cuerpos de unas víctimas. Como explicó en su audiencia de testimonio en el juicio Uribe, el 27 de febrero pasado, un fiscal de Medellín se ofreció a escucharlo, pero cuando se dio cuenta de que Monsalve tenía información sobre un expresidente, apagó la cámara y lo sacó corriendo de la entidad. Hoy, esas mismas palabras marcaron el rumbo del juicio más importante en la historia de Colombia.
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Era inicios de 2011, cuando Monsalve ya pagaba cárcel por secuestrar a tres personas en Valparaíso (Caquetá), a cambio de $40 millones, en nombre de Los Rastrojos. En ese momento, Monsalve quiso hablar sobre otro secuestro, que terminó en masacre y que podía esclarecerse con su ayuda. En la Fiscalía de Medellín le preguntaron cómo había empezado su carrera criminal. Monsalve contó que en su juventud había integrado el Bloque Metro paramilitar, el cual había sido creado, presuntamente, por los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, en la hacienda Guacharacas, durante los noventa.
El fiscal de Medellín lo devolvió a la cárcel sin siquiera escucharlo, ni en lo concerniente a los Uribe, ni a los desaparecidos. Monsalve, agregó en el juicio Uribe, sintió que un desencuentro así con la justicia podía haberle acarreado la muerte, por lo que buscó ayuda en el senador Iván Cepeda, ese 2011, a quien le pidió una cita en la cárcel de Cómbita. Pasó un mes cuando el entonces congresista del Polo Democrático llegó al penal y recopiló la información. Los datos resultaron de máxima relevancia para Cepeda, pues Monsalve aseguró, como está comprobado, que era hijo de un antiguo trabajador de los Uribe Vélez en San José del Nus, Antioquia.
Parte de la versión que Monsalve le contó a Cepeda la presentó el congresista en un debate en el Congreso en 2012. Fue la primera vez que el país supo la historia de Monsalve y su versión sobre la supuesta participación de los Uribe en la creación de grupos paramilitares. La reacción inmediata de Uribe fue denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda. Una denuncia que terminó jugando en su contra, pues esa alta corte encontró en 2018 que, en realidad, el expresidente fue quien pudo haber manipulado a testigos, lo cual confirmó la Fiscalía en 2024 y que terminó en un fallo de primera instancia este 28 de julio.
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La Fiscalía tiene indicios de que esa primera cita entre Monsalve y Cepeda también representó un riesgo de muerte para el interno, como quedó claro en el interrogatorio del juicio Uribe. En audiencia del pasado 27 de febrero, Monsalve contó en Cómbita lo apuñalaron dos internos por “sapo”. Ante el intento de asesinato, fue trasladado a la cárcel La Picota en 2012. Allí, tiempo después, en la cocina cercana a su celda, las autoridades encontraron un veneno. “Desde entonces yo preparo mis propios alimentos”, expresó. A lo largo de su estadía en La Picota, además, sufrió un infarto en 2024 y, faltando horas para el veredicto de Uribe, sufrió una afección al corazón que lo mandó a urgencias.
El paso de Monsalve por La Picota fue trascendental en el expediente Uribe, pues desde allí el interno le contó el episodio Guacharacas a la Fiscalía. Y no solo eso, también le confesó a la Corte Suprema de Justicia que, para inicios de 2018, el abogado Diego Cadena, enviado de Uribe, lo buscó hasta la saciedad para que se retractara de esos señalamientos sobre el Bloque Metro. Denunció que estaba cansado de ver su vida amenazada y de las mentiras que se gestaron en su contra. Por ello, le pidió a su entonces pareja, Deyanira Gómez, que le consiguiera el famoso reloj espía. “Me tocó porque era mi palabra contra la de él”, agregó en juicio.
Así se gestó el “embotellamiento” y la “emboscada” de Monsalve, de acuerdo con la jueza que sentenció a Uribe. Quedó demostrado, en primera instancia, que el expresidente utilizó varios frentes para presionar a Monsalve a cambiar lo que le dijo aquella vez a Cepeda, en 2011, y que permanece consignado ante la justicia. De esa manera, la jueza Sandra Liliana Heredia fue declaró por ciertos algunos de los argumentos que Monsalve ha hablado por años. Incluso, el paso por la hacienda Guacharacas, pues “desde su infancia se relacionó con la familia y predios del presidente”. En conclusión, que sus afirmaciones “no contienen situaciones difíciles de creer o que se adviertan falaces”.
Y, en una consideración más a fondo, Heredia concluyó que la vida de Monsalve, para ella, “no ha sido fácil”. Que buscar ayuda en Cepeda hace 14 años, mantenerse firme en lo que dice saber sobre un expresidente y no torcerse ante las presiones de sus emisarios, concluyeron en que afrontara “la insensibilidad, ingratitud y desprecio de su propia familia. También de amigos y compañeros de prisión, que prefieren mostrarlo como un delincuente sin freno con el único propósito de salvaguardar la inocencia de quien hoy afronta este proceso”. A la luz de las consideraciones de la jueza, y hasta que la segunda instancia no diga lo contrario, el testigo Monsalve sigue siendo medular para el proceso contra expresidente.
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