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Diego Antonio Arrieta era un campesino tradicional del Urabá, quien había tomado actividades de liderazgo en la junta de acción comunal de la vereda El Porvenir, de Tulapas, en Turbo (Antioquia). En el sector era conocido por haber finalizado el trabajo de su padre, el fallecido Diego Arrieta Pastrana, quien en 2014 tocó las puertas de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) con una petición muy sensible para su familia: recuperar la finca “Hermanos Arrieta”, de su propiedad desde 1983 y que, con los años y tras la incursión paramilitar, terminó englobada en una gran hacienda de explotación de teca. Arrieta recuperó la tierra de su familia en julio pasado, cuando el Tribunal Superior de Antioquia los reconoció como víctimas y ordenó la restitución.
Sin embargo, a Diego Antonio Arrieta no le alcanzó la vida para retornar a la finca que la guerra le quitó. Fue asesinado el pasado 16 de diciembre y su cuerpo fue hallado en un corregimiento de Necoclí. Él es uno de los nueve reclamantes asesinados este año por tratar de recuperar lo que es suyo. Del caso, lo único que se sabe, por ahora, es que fue citado en ese corregimiento y no regresó. Las pistas permanecen ocultas, como suelen estar las verdades que impliquen justicia en zona controlada por el Clan del Golfo. “La Fiscalía está indagando, pero le quieren dar otra mirada: están preguntando si tenía otra pareja, como si esto fuera un lío de faldas”, le dijo una líder social de la región a este diario. Su nombre no puede publicarse por seguridad.
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La entrega material del predio está fijada para el próximo 9 de febrero de 2024. Para entonces, habrán pasado 29 años desde que el paramilitarismo desplazó a la familia Arrieta. En 1995, el fallecido Diego Arrieta, padre, había pagado 33 hectáreas del predio, con arduo trabajo del campo. Nunca firmó compraventa, pues era común que negocios del campo se hicieran de palabra. Al tiempo, crímenes apenas descriptibles se avecinaban desde la cercana vereda Isaías, donde los paramilitares de Guido Vargas estaban labrando su terreno, pero a sangre y fuego. Así, los Arrieta terminaron desplazados, mientras la dueña notarial del predio, Dominga Urango, fue obligada a vender la finca a un comisionista de los criminales.
La finca de los sueños de los Arrieta, en pocos años, terminó convertida en parte de la hacienda “La 24″, que terminó convirtiéndose en una base militar de las autodefensas de los hermanos Castaño. En 2006, tras la desmovilización, los predios ya englobados quedaron en manos de un grupo de ocho empresarios: Hernando Álvarez, Álvaro Diego Pérez, Cristina Botero, Gregorio Mejía, Óscar Medina, Juan Medina, Carlos Restrepo y Andrés Isaza Uribe. Años después, durante el proceso en el que la familia Arrieta le pidió a la justicia que le regresara su tierra, ninguno de los empresarios pudo probar que compraron la finca de buena fe.
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“Entre 1997 y 2005, la subregión de Tulapas fue una base paramilitar deshumanizante al servicio del despojo por los intereses de poderosos grupos empresariales”, ha explicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre ellos, el Fondo Ganadero de Córdoba, que no solo sirvió como fachada para cientos de despojos para la acumulación de terreno, sino también para convertir a este territorio del Urabá Antioqueño, entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en la retaguardia perfecta para los planes criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según cálculos de la Unidad de Restitución de Tierras, en las 58 veredas que componen esta zona del país fueron despojadas hasta 40.000 hectáreas de tierra durante el conflicto.
Esa cifra incluye la finca de la familia Arrieta, cuyo principal reclamante fue acribillado hace 12 días. En la región, la comunidad siente la indignación del enfoque que le está imprimiendo la Fiscalía al caso. “¿Quién les hace el mayor daño a los reclamantes? Los que tienen las tierras. Hay que ponerle el ojo a eso”, agregó una fuente consultada. Por su parte, Paula Villa, directora jurídica de la URT, agrega que en 2023 van dos asesinatos a reclamantes en la jurisdicción de Urabá y, en total, nueve en toda Colombia. “A Diego, una sentencia le reconoció su derecho. Ese es el contexto. Ya las responsabilidades de tipo penal son materia de investigación de la Fiscalía. Para nosotros es muy importante que pueda haber una investigación lo más profunda posible”, puntualizó.
Al final, regresar a la finca “Hermanos Arrieta” tampoco ofrecía garantías para Diego Antonio Arrieta. De hecho, la única manera en la que le podían entregar el predio era con el acompañamiento de la Policía del Urabá, que permanece diezmada, dicen en la zona, ante el poder territorial del Clan del Golfo. “Para nosotros poder entrar al territorio, nos toca pedir permiso a los grupos armados. Eso es así. La autoridad se canaliza con los presidentes de las juntas de acciones comunales, a quienes les dicen qué podemos hacer y qué no”, agrega la lideresa consultada. De esta historia queda el reflejo de dos grandes sombras de la justicia nacional: quienes mueren esperando respuestas, como Arrieta padre, y a quienes matan buscando respuestas, como Arrieta hijo.
La situación es compleja, no solo en el Urabá, sino en los contextos en que fueron asesinados los otros reclamantes de tierras, que, con Diego Arrieta, son nueve. Según Carlos Zapata, director del Instituto Popular de Capacitación (IPC), una organización que trabaja en postconflicto, paz, verdad, justicia, Reparación y no repetición, “los procesos de restitución avanzan lentos y cuando se logra realmente tener una sentencia, se encuentran muchas veces los reclamantes con la intimidación”. Además, coincide con el reclamo de apuntar las investigaciones a quiénes se han beneficiado económicamente de la tierra. “El tema de los reclamantes de tierra es el ejemplo de cómo el empresariado se ha beneficiado de las actividades violentas”, afirma.
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“Vemos intereses económicos, legales o no, en esas tierras y todo aquel que se oponga es objeto de ser eliminado”, añade Zapata respecto a las amenazas contra los reclamantes de tierras. Según la URT, en todo el 2023 son, presuntamente, 279 hechos intimidantes, de los cuales, 196 recaen sobre hombres y 83 sobre mujeres. Por su parte, Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, fue quien le confirmó a este diario que en 2023 se han presentado nueve asesinatos. “Desafortunadamente, han sido asesinados por actores al margen de la ley”, dijo Yule. El primer caso ocurrió el 5 de enero y la víctima fue el reclamante Gregorio Morales Ramírez. “Goyo”, como le decían de cariño, tenía 74 años y murió al recibir un disparo cuando se transportaba en un bus en el sector de Marialabaja.
Con un grito y carteles de “Queremos justicia” sus vecinos de San Pablo (Bolívar) protestaron, días después, en su nombre. Un mes después, el 11 de febrero, fue el turno del indígena Moises Marcos López. Según Indepaz, un grupo de hombres armados lo abordaron mientras se desplazaba desde el municipio de Mallama hacia Ipiales (Nariño), a una reunión de comunidades indígenas con el Ministerio del Interior. López fue gobernador del Resguardo Gran Mallama en 2021, concejal en 2019 para el municipio de Mallama (Nariño) y, para inicios de este año, el representante por ese departamento para el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Para junio, la Fiscalía judicializó a quienes dispararon, pero no se sabe quién pudo dar la orden.
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El contexto de liderazgo, como lo decía Zapata, se agudiza. Tan solo entre enero y noviembre de 2023, la Defensoría recopiló información de 163 líderes y defensores de derechos humanos que fueron asesinados. Por su parte, Indepaz, tiene un conteo de 185 personas. En los dos registros hay algo en común: en su mayoría eran personas que estaban en cabeza de procesos relacionados con la tierra: líderes campesinos y comunitarios. “Por ejemplo, en Putumayo y Cauca hay reclamaciones territoriales, étnicas, indígenas o negras, que son de unas proporciones altas, donde hay una disputa clara por el uso y la destinación que se le va a dar a la tierra”, explicó la directora jurídica de la Unidad de Restitución, Paula Villa.
Además del factor étnico, los asesinatos coinciden en que ocurren en esas zonas del país donde delinquen los principales grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, y organizaciones del crimen organizado. “La tierra es un factor determinante de la conflictividad armada y, precisamente, se ha asesinado y desplazado gente por acumular más tierra. Los principales factores de riesgo para los reclamantes son empresas opositoras, el sector agroproductivo y grupos armados ilegales”, dice Zapata. A la lista de personas que murieron esperando una sentencia o la entrega de un predio, se sumó Luis Alberto Quiñonez Cortés, quien presidía el consejo comunitario La Voz de los Negros, de Magüi Payán, (Nariño), y había salido desplazado al Valle por amenazas.
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Al parecer, previo a su asesinato había recibido nuevas amenazas, situación que fue puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque su hogar realmente era el municipio de Magüi Payán fue desplazado forzadamente hacia el Valle, según señaló en un comunicado Indepaz. Fue en Cali cuando, el 4 de abril, hombres armados acabaron con su vida en un establecimiento comercial. La víctima siguiente fue Gilberto Antonio Rivera López. Era un líder comunitario y fue asesinado en la vereda La Peña de Abejorral (Antioquia) el 21 de abril de 2023. Después fue Emiro Nel Sánchez Medrano, también líder. Fue secuestrado en Arboletes (Antioquia), el 11 de junio, cuando asistía a un evento de restitución.
Más tarde, fue encontrado sin vida en San Pelayo (Córdoba). Se suponía que era protegido de la UNP y ejercía como presidente de la de la Fundación de Restitución de Tierras, Fuvirtcan. A Emiro, le sigue José Ilder Díaz Benavides, líder social que fue asesinado en medio de una presunta riña y tras haber recibido heridas con arma blanca, el 23 de agosto de 2023, por un hombre desconocido en Policarpa (Nariño). Ese mismo mes, justo 10 días antes, la violencia se llevó también a Betulio Alfonso Muñoz Pérez, un reclamante que ya había sido golpeado por el conflicto armado. Los hechos ocurrieron entre los municipios de San Bernardo del Viento y Lorica (Córdoba), cuando ya la justicia había ordenado que la tierra por la que tanto reclamó sí debía ser suya.
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En 2022, Muñoz fue reconocido a través de un fallo judicial de restitución de tierras como víctima de abandono forzado de tierras, mediante un fallo que restableció sus derechos sobre cinco hectáreas ubicadas en el municipio de Colosó (Sucre). Los homicidios no pararon. A Diego Antonio Arrieta López, el último reclamante asesinado a la fecha durante este año, le antecede Luis Eduardo Timana García. El 4 de agosto de 2023 en Pradera (Valle del Cauca), el líder indígena y candidato político, quien supuestamente estaba amenazado por grupos armados ilegales, fue acribillado con arma de fuego. En todos estos casos, primero estuvo la muerte antes que las respuestas buscadas por estos nueve hombres. Todo por querer volver a la tierra. Su tierra.
Son lotes, fincas o grandes proyectos industriales que en nada se parecen a lo que fue suyo hace décadas y que, aparte de todo, siguen bajo el dominio de las criminalidades recicladas. “Necesitamos que las autoridades adelanten acciones contundentes. Nuestro trabajo en restitución en muchas ocasiones están teniendo unos ruidos en los territorios, que esperamos nosotros sean resueltas por las autoridades judiciales y la Fuerza Pública”, concluye la directora Villa. Estas nueve personas no pudieron reconstruir su hogar. Su disputa fue la búsqueda de justicia, pero esa también fue una lucha despojada.
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