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“Dada la forma como se presentaron los hechos, así como los antecedentes en la zona, la evidencia indica que este hecho está relacionado con el proceso de restitución en el que vienen trabajando las comunidades y el Gobierno”. En un comunicado, Acnur y un grupo de 10 ONG internacionales repudiaron el crimen contra Manuel Ruiz y su hijo de 15 años Samir, cuyos cuerpos aparecieron en un río cerca de Mutatá (Urabá antioqueño).
El cuerpo de Manuel presentaba signos de tortura. Como ya es de dominio público, a él y a Samir los bajaron de un medio de transporte público el viernes pasado, los mantuvieron secuestrados y luego los mataron con tiros de gracia. “La muerte de este importante dirigente no puede frenar el proceso de restitución porque eso es, precisamente, lo que quieren los violentos que lo asesinaron”, dijo en ese momento el ministro Germán Vargas Lleras.
Así las cosas, Acnur y la coalición de ONG que trabajan con víctimas en el país respaldaron la tesis de que al amenazado líder Manuel Ruiz le segaron la vida por estar promoviendo la restitución de tierras en las comunidades chocoanas de Jiguamiandó y Curvaradó. Señalaron que el homicidio ocurrió precisamente tres días antes de que Manuel se uniera a una comisión interinstitucional que iba a realizar la verificación de unos linderos, en el marco de un proceso de restitución.
Para esta oficina de la Onu y las ONG que la acompañaron en su comunicado, lo más preocupante es que Manuel hacía parte del programa de protección del Ministerio del Interior pero “las medidas de protección adoptadas por las autoridades resultaron insuficientes para impedir la ocurrencia del hecho”. Dejaron entrever que les inquieta la suerte que puedan correr otros líderes como Manuel, que tienen niveles altos de riesgo y que cuentan con medidas similares.
El asunto, consideran Acnur y la coalición de ONG, va mucho más allá de este homicidio: son los esfuerzos porque el país dé un paso en camino hacia la paz los que están en juego. “No es posible garantizar el respeto por la vida, la seguridad de la población y la no repetición cuando estos procesos se dan en medio de un ambiente de amenazas y miedo, donde los responsables quedan impunes y los que generaron el despojo no han sido investigados”.
De esta manera, las organizaciones solicitaron no sólo que se esclarezca el crimen de Manuel Ruiz y su hijo, sino que se revisen “los mecanismos y metodologías de representación y participación existentes, teniendo presente que las decisiones de la Corte (Constitucional) se enmarcan en la protección de los derechos étnicos y colectivos de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó”.
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