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Nación tendrá que pagar $200 millones por toma a La Calera

Las autoridades de La Calera pidieron durante cinco meses refuerzos militares y policiales a la Fuerza Pública y nunca fueron escuchadas. Pese a las advertencias, en julio de 1994, las Farc destruyeron parte del pueblo en una toma y alcanzaron "hasta a tomar gaseosa" antes de retirarse por su propia cuenta. 

09 de mayo de 2008 – 06:41 a. m.

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Esa actitud fue calificada como "negligencia y falla del servicio" por el Consejo de Estado que condenó a la Nación y al Ministerio de Defensa a pagar 200 millones de pesos al municipio de La Calera, por los daños ocurridos durante la toma. Hasta un noticieron alcanzó a transmitir en directo antes que llegara alguna autoridad.

Con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, la sección Terecera del Consejo de Estado confirmó una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en que se responsabilizaba a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por los daños y perjuicios que su falta de operatividad les causó a algunos ciudadanos.

El día de la toma, cerca de 50 guerrilleros de los frentes 53 y 54 de las Farc se tomaron violentamente el municipio de La Calera y con bombas y granadas atacaron el puesto de Policía, la sede de la Caja Agraria y del Banco de Colombia.

Durante dos horas, los guerrilleros también causaron daños significativos a la vivienda de Álvaro Herrera González.

"Durante el ataque, los guerrilleros ingresaron en varias oportunidades a los billares para tomar gaseosa y para tranquilizar a los clientes afirmando que el ataque no estaba dirigido contra ellos; después de un tiempo los subversivos le pidieron a los clientes que se retiraran del billar porque iban a ‘volar’ el banco y luego se escuchó una gran explosión que dejó el lugar en llamas", recuerdan los magistrados en su falllo.

Antes que la Policía o cualquier otra autoridad llegara a la población, transmitieron en directo los periodistas del Noticiero QAP, luego arribó el cuerpo de bombertos y sólo un rato después llegaron las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, los magistrados consideraron que "las autoridades militares y de policía no adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población frente a esta clase de atentados terroristas, a pesar de tener conocimiento de la posible ocurrencia de los hechos".

"El ataque guerrillero que se pretendía ejecutar en los municipios cercanos al Distrito Capital fue un hecho previsible para la Administración y que, por tanto, ésta debió adoptar un plan de reacción inmediata para cuyo efecto debió acudir a todos los elementos tanto instrumentales com opersonales de la Fuerza Pública, esto es, de la Plicía Nacional, del Ejército Nacional y dela Fuerza Aérea, de manera que hubiese sido posible acudir oportunamente al lugar de los hechos, bien por vía terrestre, bien por vía aérea o ambas", dice la providencia condenatoria.

Por esa razón se decidió condenar al Estado a pagar los daños causados por una toma guerrillera que se hubiera podido prevenir.

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