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Este año, una tormenta política azotó la Casa de Nariño y el ciclón no se desvanece aún. Coloquialmente recibió el nombre de la ñeñepolítica y el origen es el audio de una conversación del 3 de junio de 2018, justo antes de la segunda vuelta para elegir presidente, entre José Ñeñe Hernández y María Claudia Daza: el primero, un ganadero de La Guajira que resultó inmerso en una investigación en la que aparecían también “Marquitos” Figueroa y su estructura criminal, y la segunda, una cercana colaboradora del senador Álvaro Uribe. “Estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”, dijo Hernández. “Eso es lo que estamos haciendo”, le contestó Daza. (El audio completo que originó el escándalo de la “Ñeñepolítica”)
Ese, del cual lleva hablando el país desde marzo de este año, tiene múltiples aristas. Una de ellas, en la que poco se ha ahondado, es en la historia de Carlos Rodríguez, el padre de Óscar Rodríguez, quien fue asesinado el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. Por ese crimen fue que el Ñeñe Hernández terminó con su teléfono interceptado a partir del 26 de mayo de 2018. Cuando la Fiscalía empezó a indagar por el asesinato, fue el propio Carlos Rodríguez quien apuntó primero hacia el Ñeñe Hernández: habían sido amigos mucho tiempo, pero, en ese instante, él le debía un dinero. Y esa deuda, dijo entonces Rodríguez, convertía al Ñeñe Hernández en sospechoso de la muerte violenta de su hijo.
Carlos Eduardo Rodríguez Gómez era un conocido sastre en Barranquilla. Su cercanía al mundo vallenato lo hizo el creador del guardarropa de cantantes como Diomedes Díaz y Rafael Orozco. También era prestamista, ganadero y, además, tenía acciones en Ciledco, empresa de productos lácteos con sede en la capital del Atlántico. En 2004, sin embargo, resultó implicado en una gran redada contra el narcotráfico: la operación Iniciativa del Caribe, que comenzó en 1999 y terminó cinco años más tarde con la detención de 330 personas en Colombia, Canadá, Estados Unidos, Bahamas y Panamá. Entre ellos, el Sastre, como era conocido Rodríguez en Barranquilla y por la justicia estadounidense. (Marquitos Figueroa: las demoras de la justicia en el caso del “terror” de La Guajira)
El abogado que representa a Rodríguez en el proceso por el homicidio de su hijo, Miguel del Río, le contó a este diario que el Sastre no fue extraditado a Estados Unidos, sino que él mismo viajó a ese país para entregarse. El indictment (acusación de EE. UU.) contra Rodríguez, conocido por este diario, se aprobó el 1° de junio de 2004. Tres meses más tarde, con Rodríguez ya enfrentando su proceso ante la Corte del Distrito Sur de Florida, este invocó su derecho a guardar silencio “con respecto a cualquier pregunta o interrogatorio, sin importar de qué asunto se trate”, dice un documento de la Corte. Rodríguez le pidió a la Fiscalía estadounidense que remitiera su decisión a todas las agencias del país.
Rodríguez terminó condenado a 46 meses de prisión, que luego se le redujeron a tres años. De acuerdo con la investigación que se hizo, el Sastre hizo parte de una organización de 21 personas (entre ellas los hermanos Elías, Vidal y Hernán Cobos Muñoz, Faser Fakih y Luis Chamorro Britton) que se concertó para ingresar drogas a Estados Unidos desde por lo menos el año 2000, para hacer transacciones financieras en territorio estadounidense, que derivaban de una “actividad ilegal específica” relacionada con narcóticos y para ocultar la “naturaleza, locación, fuente, propiedad y control de propiedades” de origen ilícito. (Los crímenes que le cerraron la puerta a “Marquitos” Figueroa en la JEP)
En 2007, Rodríguez Gómez volvió a Colombia y siguió con su sastrería GQ. “Él tiene muchos conocidos y llega mucha gente a contarle cosas”, contó una fuente de la Fiscalía. Fue en frente de esa sede, justamente, donde un sicario mató a su hijo Óscar. Fue un error, confesaría el sicario después. El objetivo era él, el Sastre. Tras el asesinato, Rodríguez cerró su sastrería, siguió con sus préstamos y negocios de ganadería y volcó su vida a esclarecer el asesinato de su hijo, quien el día de su muerte hizo algo que nunca hacía: manejar el carro de su padre. Fue en el vehículo donde lo acribillaron. Lo acompañaba un hombre llamado igual a él, Óscar Rodríguez, un técnico de aire acondicionado.
A ese técnico, dice hoy la Fiscalía, Carlos Rodríguez y su abogado, Miguel del Río, le habrían ofrecido un pago para que declarara en el proceso por el homicidio de su hijo. El segundo testigo que supuestamente trataron de sobornar fue Jorge Escorcia. El técnico habría visto en primera fila al sicario del hijo de Rodríguez y Escorcia era el suegro de Javier Mosquera, sospechoso del asesinato. Del Río, en diálogo con este diario, rechaza tajantemente que se haya querido sobornar a testigos: “Éticamente, no creo en la compra de testigos. Pero, además, esos testigos ni siquiera eran relevantes: el sicario se identificó pronto. Es una calumnia completa y coincide con la imputación de cargos”. (“Este caso no tiene que ver con la ñeñepolítica”: fiscal Daniel Hernández)
Del Río se refiere a la imputación que la Fiscalía hizo hace tres semanas en contra de dos investigadores de la Dijín, el sargento Wadith Velásquez y el mayor Yefferson Tocarruncho. La Fiscalía afirma que ambos usaron la investigación por el asesinato del hijo de Rodríguez para interceptar ilegalmente a cinco de sus compañeros de la Policía. Al tomarle una declaración, a finales de mayo pasado, a quien era la fiscal que tenía la investigación, Jenny Andrea Ortiz Ladino, esta aseguró que hace dos años supo del posible soborno de testigos. “Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué no dejó registro? Es un absurdo”, argumenta Del Río. (“La Fiscalía quiso ocultar los audios de ‘El Ñeñe’”)
Hace unos años, cuando el fiscal del caso por el asesinato de Óscar Rodríguez era otro (Ricardo Bejarano), Carlos Rodríguez tenía línea directa con la Fiscalía. En la Fiscalía, incluso, dicen que algunos interrogatorios se hacían en su casa. Ahora, tanto él como su abogado Miguel del Río están en el radar de la Fiscalía por el supuesto soborno de testigos, y ya hay copias compulsadas para que se determine si ambos deben ser investigados formalmente por ello. Del Río sostiene que esa es una estrategia para desbaratar la ñeñepolítica. La justicia decantará estos y tantos otros elementos que todavía encierran el expediente por la muerte de Óscar Rodríguez, por el que Marquitos Figueroa, “el terror de La Guajira”, ya va a juicio.
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