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En una audiencia reservada, la jueza segunda de garantías negó la solicitud de libertad presentada por la defensa del abogado Héctor Ruiz, procesado por su presunta participación en la manipulación de elementos materiales probatorios en el lugar donde murió el joven grafitero, Diego Felipe Becerra, en hechos registrados el 19 de agosto de 2011.
La funcionaria judicial no aceptó los argumentos esbozados por el abogado defensor, que indicaba que se había presentado un vencimiento de términos puesto que después de 120 días de la presentación del escrito de acusación no ha empezado el juicio en su contra.
En este sentido consideró que la audiencia preparatoria en este caso se ha aplazado en diferentes oportunidades por solicitud de la defensa de los procesados y las fallas en la remisión de los mismos por problemas de comunicación con el Instituto encargado para esto.
En su decisión llamó la atención sobre el hecho de que en la celebración de las audiencias preparatorias los abogados defensores hicieran la solicitud del descubrimiento de elementos materiales probatorios, entorpeciendo así el normal desarrollo de las audiencias y desconociendo las instancias del organismo judicial.
Consideró que este hecho como “una falencia” puesto que el nuevo sistema penal acusatorio tiene “estrados donde deben solicitarse las peticiones específicas. No entiendo por qué la defensa le pide este tipo de cosas al juez y a la Fiscalía”. Este tipo de situaciones ha provocado el aplazamiento continuo del proceso penal.
Ante esto consideró que los días contabilizados entre el 15 de agosto y el 13 de septiembre de 2013 no pueden contabilizarse ya que los organismos judiciales no tuvieron ninguna responsabilidad en estos aplazamientos.
Con estos argumentos se negó la libertad del abogado, quien fungió como asesor de la Policía Nacional, y quien tendrá que seguir privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
Ruiz es procesado por su presunta participación en los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada por el uso, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal y favorecimiento al homicidio.
La defensa del procesado presentó recurso de reposición en contra de esta decisión al considerar que se le han vulnerado sus derechos, puesto que ya se sobrepasaron los límites exigidos por la ley.
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