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En poco más de tres semanas de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha su estrategia de seguridad contra las estructuras criminales anunciada durante la campaña. Y los resultados más polémicos no demoraron en conocerse: hasta la fecha cuatro menores de edad han muerto en los dos bombardeos ordenados durante los primeros días de su mandato. Un debate que ya es conocido en el país, pues hay evidencia de sobra de que estas víctimas han sido reclutadas por grupos criminales y terminan como víctimas de bombardeos o enfrentamientos con la fuerza pública. Pero ahora, la discusión plantea una situación todavía más compleja: no hay mayores avances en las políticas para prevenir el reclutamiento de menores de edad.
Las operaciones militares fueron en contra del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Catatumbo (Norte de Santander), el pasado 10 de agosto, y el otro contra las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” en Guaviare, el 27 de agosto. En el primero, murió un niño y en el segundo, según Medicina Legal, tres. Ante la reacción del país, el jefe de Estado, acompañado de su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de la cúpula militar, se pronunciaron asegurando que las operaciones militares se han adelantado bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El ministro Mora señaló que “el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
Sin embargo, señaló que estos menores “eran combatientes”. Una declaración que aviva la discusión sobre la distinción que debería hacer el Estado entre hombres en armas y menores de edad reclutados por grupos criminales. Sobre estas declaraciones, Elizabeth Dickinson, investigadora de la oenegé Crisis Group, dejó claro algunas pistas para entender mejor los alcances de las declaraciones del ministro Mora. “Los grupos armados, sobre todo las disidencias, se benefician del reclutamiento de menores y han aprendido a aprovecharse del cumplimiento del DIH por parte de la fuerza pública y saben que la preferencia es no bombardear menores de edad”.
La experta agregó: “Por lo mismo ellos han implementado una estrategia de utilizar niños y niñas como escudos de los cabecillas y mandos medios para hacer una táctica que se conoce como la cortina, es decir que alrededor de las posiciones tácticas, los niños rodean para que los primeros que sufran los ataques de otro grupo o de fuerza pública sean ellos”. Para Dickinson, la dificultad ante este panorama es enorme, porque el Estado no puede permitir que esas estrategias de guerra se sigan usando, pero al mismo tiempo, está en la permanente lucha por contener el crecimiento de los grupos armados, así como de su expansión territorial. “Hay que buscar una alternativa que no afecte a los niños”, puntualizó.
Ante este panorama, además, expertos coinciden en que, más allá de la muerte de menores de edad en operaciones militares y bombardeos contra estructura ilegales, el centro de la discusión y la atención de las autoridades debería estar puesta en prevenir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Un asunto en el que la sociedad civil también debería tener puestos los ojos. Jorge Mantilla, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario, señaló en diálogo con El Espectador que se deben fortalecer las estrategias para cuidar a la población civil. “Es fundamental fortalecer los mecanismos de autoprotección de las comunidades, de la mano del sector humanitario y de otros actores en los territorios, como la Defensoría del Pueblo o las personerías locales”, expresó.
Por su parte, el investigador Jorge Mantilla, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario, expuso que el gobierno del presidente De la Espriella, antes de seguir con las órdenes de bombardeos como lo ha hecho durante las tres semanas que lleva en la Casa de Nariño, debería evaluar la implementación de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna). Se trata de una ley sancionada en julio pasado por el expresidente Gustavo Petro que modifica las penas en contra de personas investigadas por el reclutamiento forzado de menores de edad y ordena fortalecer las medidas de protección y prevención ante esta problemática y robustecer la respuesta por parte del Estado.
La ejecución de esa ley, según explicó el profesor Mantilla, dependía hasta el gobierno anterior de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Pero ahora, con el anuncio del presidente De la Espriella de reducir los gastos del Estado por medio de la eliminación de algunas entidades y la fusión de otras, no es claro quién tendrá ahora en sus manos la implementación del Ciprunna. “Es bueno preguntar si este mandato legal va a quedar en cabeza de lo que han denominado el Alto Consejero para la Seguridad, o va a pasar a una instancia como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, explicó el experto. Elizabeth Dickinson, de Crisis Group, coincidió al respecto.
“Se requiere una política actualizada en contra del reclutamiento de menores de edad. Es algo que hace falta porque hay muchas partes del Estado que se encargan de diferentes aspectos de la problemática, como la Ciprunna, que tiene 19 instituciones involucradas. Hay muchos responsables y a veces nadie lo es. Hay que mejorar la política y apoyar mecanismos para recuperar a los menores de edad”, señaló la investigadora Dickinson. Agregó en qué temas puntuales como el acceso de niñas, niños y adolescentes se debe avanzar en el fortalecimiento de la estructura educativa, especialmente en departamentos como Cauca, Norte de Santander, Nariño y Antioquia, donde la problemática es mayor.
No en vano, la Ciprunna le ordena al Ministerio de Educación avanzar con urgencia en el fortalecimiento de sus capacidades en esos departamentos. “Los niños que entran a los grupos armados muchas veces no son raptados de sus casas sino que ingresan engañados por sus condiciones de vida. Se requiere un esfuerzo en las escuelas para prevenir que acepten esas propuestas engañosas”, explicó la analista Dickinson. Al final, más allá del cumplimiento del DIH en operaciones militares como los bombardeos, sobre lo que el Estado no puede obviar su atención son los problemas estructurales detrás del reclutamiento de menores, como su escasa presencia en zonas en las donde reina la gobernanza armada. “Un niño reclutado nunca es responsable por su reclutamiento”, concluyó la experta.
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