‘No buscamos ser protagonistas en el proceso de paz’

En los últimos meses la Sección Tercera del Consejo de Estado ha emitido dos condenas contra la Nación para que repare integralmente a las víctimas del conflicto. Igualmente, le ha solicitado al Gobierno que involucre temas tan esenciales en los diálogos de paz en La Habana (Cuba) como las minas antipersonas y que lleve ante organismos internacionales, como las Naciones Unidas, las violaciones a los derechos humanos que han cometido las Farc, para que no exista impunidad”, como lo dice el magistrado de esta corporación Jaime Orlando Santofimio. En entrevista con este diario se refiere a temas como la reparación integral y agrega que el alto tribunal no quiere protagonismo, sino que está cumpliendo con su deber por la paz.

¿Cuál es la importancia de estos fallos que se han proferido y que muestran al Consejo de Estado comprometido con el proceso de paz?

En nuestras manos tenemos todo el tema de la reparación integral. Verdad, justicia y reparación es una carga nuestra en relación con todos los temas que tratamos en la Sección Tercera, principalmente con los derivados del conflicto interno. Y el tema de la reparación incorpora el problema de lograr la verdad. Estamos invitando al Ejecutivo a que nos colabore en la consolidación del concepto de verdad, porque desafortunadamente las pruebas que hay en los expedientes no logran consolidar el concepto de verdad.

¿Cómo sería eso?

En el caso de las minas hemos visto —dentro de un contexto de fallos que se han producido en el Consejo de Estado— que son reiteradas las demandas en relación con la responsabilidad del Estado por el no desminado o por el mal manejo de los desminados, y no tener precaución a la hora de la aplicación de los procedimientos que corresponden con el fin de quitarle a la población civil todos esos elementos de guerra no convencional. Entonces, al invitar al Gobierno muy respetuosamente a que acuda a instancias internacionales, a que lleve el tema a las negociaciones, a que en la medida de lo posible se conozca el mapa de los sitios donde están las minas, pues se lograría consolidar la verdad. No es que estemos actuando como protagonistas ni que nos estemos tomando facultades que no tenemos.

¿Qué están haciendo entonces?

Adicionalmente en el caso de las minas está la Convención de Ottawa que es una norma vinculante. Hay todo un tema de convencionalidad en relación con minas, no solamente de responsabilidad, sino de obligaciones para el Estado que hacen que éste tenga que cumplir irremediablemente con esas disposiciones que le generan obligaciones inevitables y entonces les estamos diciendo ustedes no cumplieron, ustedes son condenados. Que hagamos eso y que exhortemos al Gobierno para que lleve estos temas a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para qué un fallo donde sólo se condene al Estado a pagar una indemnización porque no se le colabora al país dentro del proceso de paz. ¿Y dónde termina eso? En tribunales internacionales.

¿Qué están buscando con los fallos?

Nosotros no tenemos por qué esperar a que la justicia internacional lo haga, porque tenemos la capacidad, los mismos estándares —o incluso superiores— en administración de justicia. Ese es todo el problema. Entonces ya con este tipo de justicia se está consolidando, afianzando el Estado de derecho, porque le estamos diciendo a la gente mire qué pasó en el país, quiénes sembraron las minas, por qué las sembraron, qué pasó con sus muertos, fue que el Estado no respondió. Ya son varios los fallos que hemos sacado en materia de minas y seguirán llegando casos por una elemental razón, porque esas minas no son minas que se procesen o el ambiente las procese, sino que permanecen, pueden durar 50, 100 años, según las estadísticas.

De una u otra forma el Consejo de Estado está previniendo a las autoridades…

Claro. Le sale más barato al Estado todo un proceso de educación, de formación de sus funcionarios, que lo que tiene que pagar por condenas. Acá no nos inventamos las condenas, las condenas llegan porque hay actuaciones antijurídicas.

Usted hizo parte de la discusión del fallo en el que se exhorta al Gobierno a acudir a las Naciones Unidas para denunciar las violaciones cometidas por las Farc…

En este caso, el de Piendamó (Cauca), se recoge una línea jurisprudencial del Consejo de Estado. Y es que, cuando rompimos el hecho de que se eximiera al Estado por haber sido un tercero el responsable del hecho, lo rompimos por una razón, porque ese hecho generaba impunidad. Por un lado, no se condena al Estado cuando pudo haber incurrido en una falla en el servicio, y por el otro, se deja a un actor protagónico del conflicto sin un pronunciamiento. Es una locura.

¿Por qué?

En la medida en que avanzamos por caminos de imputación objetiva, determinamos la responsabilidad que le queda al Estado por la falla, pero no abandonamos el tema del particular, en este caso el grupo insurgente que comete hechos violatorios de los Derechos Humanos. Nosotros no podemos juzgarlo a él, pero sí podemos solicitarle al Estado para que a través de sus canales acuda a instancias internacionales para que tengamos pronunciamientos de esas instancias en relación con la violación de DD.HH. Cuando las víctimas sepan cuál fue el actuar de las fuerzas insurgentes, se le está colaborando a la paz del país. Entonces, en esa línea no es que nos hayamos desbordado, no es que estemos pensando que podemos tener un papel protagónico en el proceso de paz. No. Estamos actuando para que esos actores no queden impunes.

¿Qué pidió con el caso de Piendamó?

Decimos, actúe señor Estado, acuda a instancias internacionales, no para que juzgue a los dos o tres guerrilleros implicados en el hecho, sino para que se pronuncien sobre las Farc, sobre el Eln. El pronunciamiento internacional debe ser sobre ellos o de lo contrario no hacemos nada, seguimos siendo un organismo tranquilo, pasivo. Yo creo que le estamos haciendo un gran favor a Colombia en eso.

A veces las falencias investigativas de otros entes terminan siendo subsanadas por el Consejo…

No, es posible que la justicia penal haya tenido otra dinámica probatoria, entonces, sencillamente, exoneran a las personas que causaron los daños. Pero esa responsabilidad personal es independiente y diferente a la responsabilidad del Estado. Nosotros vamos a mirar si el Estado o sus agentes causaron un daño antijurídico. Al Estado no se le juzga desde la perspectiva penal, sino desde la perspectiva de la responsabilidad institucional.

El Consejo de Estado ha avanzado en las reparaciones simbólicas…

Nuestra responsabilidad como institución no es condenar y dar una indemnización, sino condenar y reparar. O sea, hay una distancia muy grande entre indemnizar, que es platica, y reparar. Y hay cosas que no se reparan con dinero: la memoria, el hecho que ocurrió, la violación profunda de los derechos humanos, las masacres. Significa más y tiene más presencia en la memoria ciudadana que exista un monumento, como ocurrió en el caso de El Salado. Ordenamos, por ejemplo, que se pidan excusas, que estas sean transmitidas por televisión, que se fijen carteleras, que la sentencia sea montada en internet. Es un lenguaje que el Consejo de Estado no comenzó a hablar ahora, lleva muchos años haciéndolo. Ahora se nota porque son más los grandes casos de violaciones de los derechos humanos.

jjimenez@elespectador.com

@juansjimenezh