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La trata de personas, especialmente la que tiene como fin la explotación sexual, es uno de los delitos en el país que más carece de estudios y cifras que abarquen la complejidad del problema. La abogada María Helena Luna Hernández, magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esto se puede deber a varios factores que se reducen a una parálisis institucional.
Las razones de esa inacción, según la jurista, son varias, y se desatan en cadena: la cultura que normaliza e incentiva la prostitución, los factores de vulnerabilidad de las víctimas y las falencias de las autoridades para reconocer un caso de trata. El Espectador habló con la jurista sobre todo este complejo panorama y las acciones que hacen falta para erradicar este delito.
¿Cuál es el panorama de las mujeres víctimas de trata y los factores que generan este delito?
La trata de personas, especialmente si nos enfocamos en uno de los fines más recurrentes, que es la explotación sexual, se da en países que tienen factores como los que Colombia presenta. El primer factor es que hay una contradicción normativa, o que las autoridades no saben en verdad si están ante un negocio ilícito y si deben actuar. Hay una parálisis institucional.
Y si bien nuestra normativa es clara, por ejemplo, el Código Penal es superclaro con el delito de trata de personas, en el capítulo de explotación sexual, igual hay algunas decisiones contradictorias de la Corte Constitucional, que si bien no deberían generar impacto porque son decisiones de tutela, estas ya han sido utilizadas por grupos regulacionistas de la prostitución, que hacen ver como si por vía de la Corte Constitucional hubiese cambiado el panorama normativo. Son antinomias normativas y tergiversaciones que incluso se siguen propagando por parte de instancias ejecutivas.
El segundo factor es que hay una cultura bastante machista en Colombia, entonces hay hombres nacionales y extranjeros que creen que es su derecho poder comprar mujeres y niñas. Eso es lo que ocurre en Colombia, tanto así que se les llama clientes a quienes son prostituyentes, es decir, a quienes están en el primer eslabón de esa cadena de explotación sexual. Entonces, aunque haya una normativa que castiga la demanda sexual de menores, hace falta una normativa clara que castigue la demanda hacia toda la población, o sea, que pagar por sexo con mayores de edad también sea penalizado, y eso finalmente diluye la demanda.
¿Qué otro factor agregaría? ¿Hay alguna relación con el conflicto armado?
También existe un factor de las condiciones socioeconómicas y de las mujeres víctimas. Están las víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de violencia intrafamiliar. La violencia sexual es muchísima en Colombia, y se refleja en el porcentaje de los feminicidios. Entonces, entre más vulnerables sean las mujeres, más fácil son captadas para la trata con fines de explotación sexual.
El conflicto armado también agudiza las situaciones de vulnerabilidad de mujeres y niñas, quienes siempre resultan siendo la población más frágil frente a un conflicto que, por lo general, no es iniciado y propagado por ellas. Entonces, esta cadena de eventos desafortunados y también de la inacción estatal lleva a que Colombia sea un paraíso para explotadores y tratantes.
Señala que hay una parálisis institucional frente a la trata. ¿Por qué se da esto?
Va de un choque de conceptos. De llamar inducción a la prostitución, o a la prostitución, como trabajo. Son fenómenos indisociables. No es posible separar la trata de la prostitución, porque si la trata es el medio que responde a la demanda, pues sin el sistema prostituyente no va a existir trata, así de sencillo; eso es lo que pasa en Colombia.
¿Y por qué ocurren esos choques en las instituciones?
Es algo terrible. Desde el Ejecutivo se deberían generar políticas públicas que desincentiven la prostitución y que cumplan al menos lo que en parte sí está penalizado en el Código Penal, que es la inducción, tanto para mayores como para menores. Ahí sí tenemos un delito que castiga la demanda de explotación sexual con niñas y niños. Lo que se debería generar es un panorama totalmente distinto al que se está promoviendo hoy en Colombia. Hay todavía un entendimiento distinto de la dignidad humana cuando se trata de mujeres y niñas. Esto sería impensable si la mayoría de las víctimas fueran hombres y niños, pero no se considera con igual rigor lo que significa no cosificar a un ser humano cuando ese ser humano es una niña o una mujer.
Hay una dinámica de normalización de esa cosificación de mujeres y niñas que nos lleva, incluso, a considerar un fenómeno deseable, la prostitución, que incluso puede ser una opción válida hasta para menores de edad. Es tanta la normalización de esos fenómenos que hay una cultura que también promueve este tipo de actividades. Se supone que, desde la Constitución y las sentencias que ha sacado la Corte, el Estado tiene una obligación de no incentivar y, en un punto, erradicar la prostitución.
¿Cómo avanzan esas medidas? ¿Existen?
No, es totalmente contradictorio lo que tenemos ahora, porque, por una parte, las sentencias vinculantes de la Corte Constitucional, como la C-636 de 2009 y los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por Colombia, tienen un marco abolicionista, porque es un marco de protección de los derechos humanos que entiende la dignidad humana.
Bajo ese supuesto estaríamos totalmente obligados a esa erradicación de todas las formas de explotación sexual como la prostitución, pero ya vemos que por parte del Ejecutivo hay una directriz regulacionista contradictoria totalmente y eso también crea imaginarios sociales que impiden denunciar este fenómeno y prevenirlo, porque entonces si desde el gobierno y desde las instituciones se habla de trabajo sexual, la gente cómo va a recibir ese tipo de tergiversación, cuando debería ser una conceptualización clara. Es un grave problema que también llega a instancias de jueces.
Los pocos casos que llegan a la judicatura, porque la Fiscalía tampoco ve víctimas porque está supernormalizado ese imaginario de trabajo sexual. Esas directrices contradictorias se pueden ver, por ejemplo, desde la creación del Ministerio de la Igualdad con uno de sus Viceministerios para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, solo con esa política pública estamos yendo en contravía de todos estos lineamientos jurídicos. A partir de ahí se generan políticas públicas contradictorias, porque todas las que salen de este ministerio son regulacionistas, y ya hay una explícita creación de lo que ellos consideran trabajo sexual.
¿Y estas directrices bajo qué argumentos e intereses se crean?
Pienso que esos intereses deben ser económicos, porque de otra manera no tendría sentido alguno este desastre que está ocurriendo con los derechos humanos de las mujeres, y aparte de un claro negacionismo de la relación entre trata y prostitución.
¿Qué consecuencias trae querer diferenciarlas?
Uno de los factores que hacen posible el actuar de los tratantes y los explotadores es esa discordancia normativa, y eso lo tenemos en Colombia de facto. Colombia, siendo un país que se suscribe a una legislación o a unos tratados internacionales abolicionistas, de facto es un país regulacionista, y miren la contradicción.
Hace unos meses se conoció la historia de 62 mujeres que fueron desplazadas en el Catatumbo y denunciaron haber sido captadas por redes de trata que son manejadas por los mismos grupos armados. ¿Qué se ha investigado de la presunta relación entre la trata y los grupos ilegales?
Aunque esas son denuncias muy valiosas que se hacen desde corporaciones feministas, al menos en un escenario como la Corte Suprema no tenemos nada de eso. Esos casos ni siquiera llegan a esas instancias, porque si rara vez llegan a una ordinaria, ahora menos a una extraordinaria.
Con todo ese panorama, ¿qué es lo que debe comenzar a cambiar para visibilizar esa problemática de la trata?
Creo que la ciudadanía tiene que hacer unas denuncias mucho más fuertes y unas exigencias también más fuertes a las autoridades, porque ya vemos que esa parálisis institucional, pues al menos desde lo que hay en este panorama de gobierno, de instituciones, no parece que vaya a cambiar. Tiene que ser un cambio desde la ciudadanía, que haya también una exigencia a los funcionarios públicos, unas denuncias más activas, un rechazo frente a este tipo de delito.
El reproche social es bastante importante porque eso desencadena en que los legisladores aprovechen ese descontento social para proponer un avance legislativo en estos temas. Lo ideal sería también una presión frente al Congreso para que presente un proyecto abolicionista, es decir, un proyecto que incluya el restablecimiento de derechos de víctimas de la prostitución. Considerando la prostitución como el flagelo que es y sin discordancias frente a tratarlo como trabajo.
Se debe ser claro en esa conceptualización y, lo más importante, añadiendo en el Código Penal un delito que castigue a todos los prostituyentes, a los mal llamados clientes. Si esa es una búsqueda en la que puede unirse la sociedad, la presión haría un cambio, ya sea en la vía legislativa o en la vía ejecutiva, donde sea necesario.
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