«No reconozco su autoridad»

La noticia de un segundo proceso disciplinario contra la excongresista Piedad Córdoba no la inquietó. Por el contrario, fue la oportunidad que tuvo para ratificar la ruptura frente al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de quien dijo tajantemente no reconocer su autoridad para investigarla ni sancionarla.

El pronunciamiento lo hizo a través de su abogado Luis Guillermo Pérez, luego de conocer el anuncio del nuevo pliego de cargos en su contra por sus presuntos nexos con las Farc. En esta oportunidad, el expediente está basado en evidencias, como correos y documentos encontrados en el computador del abatido jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, que supuestamente hacen alusión a Córdoba como presunta colaboradora del grupo ilegal.

El procurador general ya destituyó e inhabilitó a la exsenadora por 18 años, al estar convencido de que Córdoba sí formó parte del grupo guerrillero. Ese primer fallo disciplinario se basó en los documentos encontrados en el computador del también abatido jefe guerrillero Édgar Devia, alias Raúl Reyes. Sin embargo, dichos documentos, ante la justicia penal, actualmente carecen de validez, debido a que la Corte Suprema de Justicia los declaró ilegales por haber sido recaudados en territorio ecuatoriano y por militares que no tenían funciones de policía judicial.

Contrario al caso de Reyes, la legalidad de los documentos encontrados en el computador de alias Mono Jojoy por ahora no ha sido cuestionada, ya que la ‘Operación Sodoma’ fue en territorio colombiano.

Ni una prueba
“He hecho un proceso de ruptura frente al procurador general y no reconozco su autoridad a investigarme ni a sancionarme, sobre todo cuando públicamente ya ha prejuzgado en mi caso y frente a responsabilidades criminales que son procesos que competen exclusivamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, fueron las palabras de la exsenadora Córdoba al conocer la noticia.

De acuerdo con el abogado Pérez, la excongresista indicó que el procurador Ordóñez ya se había pronunciado públicamente y en privado sobre la información de los computadores de Mono Jojoy y de su intención de instrumentalizarlos como prueba en su contra. “Lo que está buscando es justamente tratar de cubrir la ilegalidad de las pasadas decisiones”, agregó.

“Este es uno más de los procesos arbitrarios del procurador y forma parte de esa campaña orquestada desde los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para darle muerte política y promover su asesinato. Por esta razón no vamos a aceptar ningún tipo de autoridad del procurador, porque ha violentado los derechos de la senadora y su debido proceso”.

“Además, no vamos a hacer reconocer su autoridad, porque acudimos ante un organismo internacional como la Comisión de Derechos Humanos, donde vamos a demostrar que todo lo que ha hecho el procurador general de la Nación viola los DD.HH. de la exsenadora Piedad Córdoba”, indicó Pérez.

El abogado agregó que están a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, relacionada con una tutela que está en revisión y que busca que revoque la sanción disciplinaria que le impuso el procurador Ordóñez a la exsenadora por los correos que se encontraron en el computador de Reyes.

La exsenadora se encontraba liderando una campaña para la liberación de otros secuestrados en poder de las Farc, pero tuvo que salir del país por supuestas amenazas.

Actualmente Piedad Córdoba se encuentra fuera del país “y va a regresar hasta que el presidente Juan Manuel Santos le garantice una entrevista. Justamente me encuentro redactando una carta para el primer mandatario, con el objetivo de insistir en una entrevista urgente”.

“Toda la inteligencia que se le hizo a Piedad Córdoba durante años, interceptando todas sus comunicaciones, óigase bien, nunca encontraron una sola prueba de que la comprometiera con actividades ilegales. Eso de los computadores de Reyes, de Jojoy o de cualquier miembro de las Farc no es responsabilidad de ella. Si ninguna autoridad penal ha demostrado eso, ¿cómo pretenden demostrar con pruebas ajenas y manipuladas?”, concluyó el abogado Pérez.

Tras el pliego de cargos, la Procuraduría anunció que próximamente la citará para que explique su presunta relación con el grupo ilegal armado. Sin embargo, Córdoba y su abogado ya anunciaron que no asistirán y que no ejercerá su derecho a la defensa, debido a la desconfianza en el jefe del Ministerio Público.