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Durante las últimas dos semanas, a la vicefiscal Martha Mancera, y a su equipo de trabajo, le correspondió una tarea nada fácil, que le tocó resolver en medio de un aguacero político, cuyo protagonista era nada más y nada menos que su jefe, el fiscal Francisco Barbosa. Con lupa en mano, la abogada le puso su ojo investigador a un expediente que ocasionó una polémica de proporciones mayores, pues el presidente Gustavo Petro compartió la publicación de un portal que aseguraba que la Fiscalía encubrió y no hizo nada para evitar más de 200 asesinatos atribuibles al Clan del Golfo.
El propio presidente señaló que el fiscal del caso, Daniel Hernández, era el culpable del encubrimiento. Barbosa salió en su defensa, y en el de la institución, y ahí fue Troya. Petro exigió información a la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter. Luego dijo que era el jefe del fiscal, desconociendo el principio intocable de la separación de poderes. A su turno, Barbosa dijo que la actitud del presidente era de dictador e, incluso, aseguró que lo iba a denunciar. Entre tanto, en el búnker, Mancera y sus asesores lograron llegar a la conclusión clave que habría podido evitar este capítulo de la ya turbulenta agena política: no existen esos 200 homicidios.
En diálogo con El Espectador, Martha Mancera dio detalles de cómo llegaron a ese resultado. Habló de la importancia de las pruebas documentales, de no apresurarse a concluir qué es una prueba y que, solo hasta ayer, el gobierno pidió oficialmente la información que tanto le interesaba a Petro. Eso sí, aclaró que lo hicieron por el canal incorrecto. Mancera, con su análisis más pausado, no ocultó su preocupación por el hecho de que el presidente acuse directamente a los funcionarios, pues ella misma ha sido testigo del peligro que corren. Por eso, tildó de irresponsables las palabras del mandatario.
¿Cómo se dieron cuenta en la Fiscalía de que, en realidad, la información que se está divulgando no era cierta y no existían esos 200 homicidios?
Inicialmente, decían que era una investigación en la que daban cuenta de 200 homicidios y que tenía que ver con el Clan Golfo. Nosotros vimos que la información salió de un “Informe final de investigador”, que es el formato en el que los investigadores le entregan a los fiscales los resultados. Vimos que el número del documento correspondía a un caso de 2008. De inmediato empezamos a hacer mesas de trabajo con el titular del caso, el fiscal Daniel Hernández. Nos indica que es un caso que inicia ese año, con unos hechos que tienen que ver con una extorsión y que fueron anunciados por una fuente humana. Esta, le entregó unos números para interceptar al fiscal que le había correspondido el caso en ese entonces. Comenzaron a hacer las interceptaciones de todos los abonados que requerían la investigación. Según cuenta nuestro fiscal, cerraron el ciclo de intervención telefónica el 5 de marzo de 2010.
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¿Cuándo Daniel Hernández comienza a tener conocimiento de este caso?
Diez años después. Cuando el investigador del caso, que era el que había escuchado las líneas, indicó que había suficientes pruebas para que se lograra la judicialización de esa organización. El expediente se trae a Bogotá y Daniel arranca a partir de ese momento. La primera actividad que ordena es la reescucha de la información de las interceptaciones para establcer si lo que dijo el investigador sí está en expediente. Los informes no son prueba, son lo que dice el investigador y lo que encuentra dentro de su investigación. Eso se lo comunica al fiscal para que él pueda establecer si es cierto o necesita más material para llevar el caso ante un juez.
¿Qué dijo Daniel Hernández sobre su reescucha?
Fue muy enfático en decir que no hay ninguna lista de 200 personas. Pero lo más grave es lo siguiente: Si el mismo investigador fue el que escuchó en tiempo real las llamadas de 2008 a 2010, y según eso, había esas personas en peligro, él ha debido ser el primero en alertar que podían matar a una persona.
¿Qué saben de ese investigador?
Pues no mucho. Es un investigador del cuerpo técnico.
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Después de todo el terremoto que causaron las declaraciones de su jefe y el presidente Petro, quedó en el aire que el propio mandatario le había pedido a la Fiscalía información sobre esta investigación. Ustes ha dicho que están dispuestos a entregársela por los canales institucionales. ¿A qué se refiere?
El artículo 251 dice que, por cuestiones de orden público, el presidente puede pedir esta información. Pero ese suministro debe cumplir unos requisitos. No puede ser por redes sociales. Al señor Presidente le hemos entregado los censos semanales donde le decimos las cifras sobre homicidios, en donde sube la tendencia del número de masacres. Eso también es un insumo, desde lo procesal, para que el señor Presidente pueda tomar las decisiones que correspondan con su Gobierno. Por eso, ventilar una investigación donde hay víctimas, donde se señalan personas como ejecutoras, y unos hechos en redes sociales, es un tema que le puede preocupar a cualquier colombiano. Y en ese sentido, nosotros seremos siempre respetuosos de la aplicación de la ley y del procedimiento.
¿Ustedes han tenido algún contacto con él a raíz de este episodio?
No. Pero seguimos suministrando información de la que nos piden por los canales institucionales.
¿Pero no les ha pedido la información por los canales institucionales?
No. Supimos que el pasado jueves, un miembro de su gobierno pidió la información ante el Consejo Nacional de Política Criminal, pero esa tampoco es la instancia donde debe hacerlo.
¿Cuál es?
La instancia es el Consejo Nacional de Seguridad.
¿Cómo ve que un presidente ponga de forma tan pública la labor de un fiscal, simplemente con la publicación de un portal?
Las investigaciones van más allá de quién puso a quién. Nosotros solamente tenemos que hablar es qué sucede en las investigaciones. Cuando investigamos un homicidio en una zona rural, donde hay influencia y presencia de un actor al margen de la ley, se hace mucho más difícil; o cuando nosotros pedimos que la comunidad sea testigo y que señale quién fue el que asesinó a esa persona o a ese líder social en ese territorio. A partir del momento en que esa persona de esa comunidad testifica se vuelve objetivo de esa organización. Y si nos acusan de estar protegiendo a un grupo, ¿cómo va a reaccionar el otro?
¿A qué se refiere con esto?
Le contesto con una pregunta: si acusan a la Fiscalía se encubrir a A o B organización, ¿cómo creen que eso se entiende en las zonas rurales? ¿Cuál sería la respuesta de las organizaciones criminales a las cuales supuestamente estamos beneficiando o no estamos beneficiando? Esto es muy delicado en Colombia. Solamente lo pregunto porque somos fiscales que nos ha tocado investigar en situaciones muy delicadas en Colombia.
Durante la rueda de prensa de esta semana, usted explicó que en 2008 ni siqueira se hablaba del Clan del Golfo y este caso es de esa época. ¿Esto quiere decir que en toda esta historia, ni siquiera es claro que esa es la organización criminal responsable?
Lo que dijimos fue que recordaran que esta investigación no se ha cerrado y se están haciendo los análisis contextuales. Hasta que no terminemos, no sabremos de qué organización se trata, tampoco si hay evidencia o no. Eso es lo que estamos tratando de decirle a todas las personas: Somos rigurosos y, antes de terminar este año, tenemos que decir qué hay acá. En este momento sería irresponsable decir cosas que sucedieron hace 10 años.
¿O sea, hoy no tenemos claro si eran del Clan del Golfo?
No, yo no me atrevería hasta que no tenga las pruebas que me lo respalden.
¿Quién está buscando esas pruebas? ¿Daniel Hernández?
No. En este momento hay un equipo de investigadores que son los que escuchan. Una vez escuchan, tienen que ir a una mesa de trabajo donde van documentando hechos, sí es que los hay. Luego, debemos hacer la corroboración en el terreno donde hayan ocurrido.
Hoy sabemos que no son 200 homicidios. Pero ustedes han logrado identificar que hay 21 casos relacionados con el famoso informe y que ya resolvieron 12. ¿Los otros están en indagación?
Están en indagación. O sea, estamos priorizando, después de que conocimos los chats o los whatsapps de la información que le habían mandado a Daniel Hernández. A partir de ahí, empezamos a hacer una priorización para la categorización de cada una de las víctimas, el territorio y la temporalidad.
¿A qué hacían referencia esos otros homicidios?
Algunos son por hurto, otros son las riñas, o por motivos distintos. Pero después de haber conocido todo esto, entran a un estado de priorización, en donde vamos a verificar el territorio donde ocurrieron y ser mucho más explícitos en si había o no una estructura atrás.
Usted ha dicho que estas explicaciones que hoy le da a la opinión pública las hace porque se trata de información que le preocupa a cualquier colombiano. Pero más allá de esa preocupación legítima, esta polémica se atizó por los trinos del presidente Petro y el debate que generaron. ¿Qué opina usted de que, como vicefiscal, le toqué frenar toda su agenda para hacerle frente a esta situación?
Podría decir que uno de los temas más delicados que puede tener la Fiscalía es la desinformación, porque somos un ente que investiga delitos. Si situaciones como estas se dejan pasar por alto, podemos comenzar a confundir a todos los colombianos frente a nuestra actividad. Lo que sí hemos defendido y seguiríamos defendiendo es la autonomía, independencia, reserva y contundencia ante los jueces; y nuestro trabajo como fiscales. La desinformación es lo que hace que, en un momento dado, tengamos que salir a aclarar.
¿Usted teme hoy por la seguridad de Daniel Hernández?
Esto es un tema muy delicado, porque en Colombia expresar situaciones de auxilio o de beneficios contra una organización, pues genera toda clase de situaciones en la calle. Daniel es una de las personas que viene de una situación de conflicto y de violencia. Toda la vida ha vivido escoltado, porque una organización criminal mató a su padre.
Se refiere a que el padre del fiscal fue uno de los funcionarios judiciales asesinado en la masacre de La Rochela (Santander) en 1989…
Claro. Él fue uno de los que testificó en el caso. Además, es una persona que ha luchado por los derechos de las víctimas en esa masacre. Por supuesto que, una situación de estas, va a generar también que él deba tener unas seguridades mucho más altas. Y qué decir de los fiscales que están investigando las otras estructuras. Entonces creo que, más allá de los riesgos, es que esto es lo que se vive realmente en Colombia.
¿Y teme por su segurdiad?
Sí, porque en Colombia la presencia de los grupos territriales está haciendo mucho más expansiva; asimismo, porque hay control territorial de municipios y veredas, en las que muchas veces nosotros tenemos que hacer presencia por el compromiso que tenemos para el esclarecimiento de las acciones delictivas de estas organizaciones. También porque el mensaje en las redes sociales era que el fiscal general, la vicefiscal y Daniel Hernández beneficiamos al Clan del Golfo, eso nos pone a nosotros en una situacion de mucho más alto riesgo, no solo ahora, sino apenas cumplamos nuestro periodo en los cargos.
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¿Le ha tocado algún caso de algún compañero asesinado?
Claro. Jairo Martínez, lo asesinó a una estructura criminal en Cali. Fue muy doloroso, porque fui su jefe. Su asesinato lo ordena el líder de una organización criminal por haber apelado la decisión de absolución que el juez de reemplazo había hecho y que, indudablemente, las pruebas iban encaminadas a que esa persona había asesinado a varias personas en Cali. También lo vi de cerca con María Victoria Madriñán, una fiscal que la matan, junto a su esposo, dejando las dos gemelas en el colegio. Son temas de los que uno dice que detrás hubo una organización criminal que los ejecutó.
Y casos como el de ahora terminan poniendo toda la situacion más sensible, ¿no?
Por supuesto. Es lo que nos ha tocado vivir. Yo soy servidora pública porque creo en mi servicio público y porque creo que desde la instancia nuestra, y con nuevas metodologías, podemos dar mejores resultados. Entonces, esa es mi convicción y por eso sigo aquí.
¿Qué se nos escapa?
Quiero dejar un mensaje muy claro: no somos partícipes, ni mucho menos, del Clan del Golfo y que le hemos dado golpes muy duros. Colombia ha cambiado. Por eso que nos digan a nosotros que participamos y que estamos favoreciendo una estructura criminal, realmente no da cuenta del cambio investigativo que hizo el actual fiscal general. El doctor Francisco Barbosa ha hecho un trabajo juicioso contra las estructuras criminales y eso es un ejercicio que hay que hacer en el territorio para saber quién es el que ordena las muertes de esa comuna o de esa localidad. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces decir que nosotros estamos favoreciendo q una estructura criminal, eso es un tema preocupante e irresponsable.
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