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¿Cuántos crímenes alberga un político del departamento de Córdoba? Más de uno, es la sensación que queda de recordar los casos de numerosísimos individuos de esa región acusados y condenados por paramilitarismo, proceso 8.000 y corrupción que el país ha conocido en los últimos dos decenios largos. Así como Córdoba tiene más reses que habitantes (2 millones de vacas vs. 1.700.000 cristianos) parece tener más delitos por metro cuadrado de congresista que otras regiones. Y adicionalmente Córdoba tiene un exceso de congresistas. El ex codirector del Banco de la República, Carlos Caballero Argáez, escribió en su columna de El Tiempo comentando el escándalo Odebrecht:
Se cae de su peso que Córdoba está sobrerrepresentado en el Congreso Nacional. Nueve senadores y seis representantes, cuando hay departamentos que no alcanzan a enviar al Congreso un senador. Y las mayores votaciones. El caso Odebrecht, con todas sus ramificaciones, ha sacado a relucir, una vez más, los efectos destructivos del clientelismo y la corrupción en la relación entre el poder central y los poderes locales. El problema se ha diagnosticado, pero no se hecho nada para resolverlo. Por eso, en vez de debilitarse, se ha agravado. En la actualidad, el sistema político es más clientelista y más corrupto de lo que era hace 10, 30 o 50 años. Y los problemas sociales, la desigualdad y la pobreza en las regiones han aumentado.
Musa Besaile es un ejemplo al canto. En 2017 se le descubrieron dos crímenes: pagar sobornos y recibir sobornos. Y ya venía de atrás una acusación por paramilitarismo. Si al comienzo del año se podía pensar que caería en la colada de los sobornos de Odebrecht, cayó primero por otro caso escandaloso, que se descubrió por casualidad cuando reventó el cartel de la toga.
A mediados de enero de 2017, cuando el escándalo Odebrecht no cumplía todavía un mes, la revista Semana afirmaba que la Fiscalía tenía en la mira a los senadores del partido de la U Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile. La sospecha emanaba del documento que Odebrecht entregó a la Fiscalía.
En febrero de 2017, cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló la declaración de Otto Bula según la cual Bula había pagado un millón de dólares al gerente de la campaña de Santos, se produjo la reacción de Roberto Prieto, que manifestó que Bula mentía y que él, Prieto, tenía «mucho susto pues esa mafia de Córdoba es tenebrosa».
En defensa de los políticos de Córdoba saltó Musa Besaile, que dijo al portal laventanadecordoba.com:
En el departamento de Córdoba hay mucha gente honorable y el hecho que una, dos, tres o varias personas hayan cometido pecados, o algunos errores en su vida, ello no puede ser insumo para que venga un señor a estigmatizar a todo un departamento. No olvidemos que los grandes desfalcos se han producido en el interior del país, y que la Costa Caribe Colombiana está llena de gente buena y honesta, solo que siempre el agua sucia desemboca en la Costa. Si un político obtiene una gran votación en el interior, es opinión, pero si esa votación la saca en la Costa, entonces es corrupción.
Es cierto que no se debe estigmatizar a todo un departamento, porque son en efecto los ciudadanos buenos y honestos de Córdoba, los campesinos, los desplazados, las mujeres y los niños, las víctimas principales de los políticos delincuentes de ese departamento, y las víctimas también del despojo realizado por los paramilitares, a veces en concierto con los políticos y con las autoridades. Si una población ha sufrido inconmensurablemente por cuenta de Salvatore Mancuso y de sus congéneres asesinos y por cuenta de los políticos que se roban el presupuesto, es la población de Córdoba. Pero una cosa son los campesinos vejados y asesinados y otra los bandidos de Córdoba que militan en el ejército de políticos y parlamentarios.
Aunque defendió a Córdoba, Musa Besaile aprovechó para denostar de Otto Bula, oriundo como él de Sahagún: «Cuando yo lo conocía era un pequeño ganadero, abarrotero, creo que era quesero».
En el mismo portal Besaile afirmó, como si no tuviera relación con Odebrecht: «En el caso de Odebrecht, ojalá se llegue hasta el final para que en verdad salgan los responsables, porque no se puede jugar con la dignidad de las personas».
Otro delito que Besaile albergaba, como se dijo, lo llevó a la notoriedad antes que sus nexos con Odebrecht. Todo empezó por azar. El 27 de junio de 2017, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló la captura por parte del CTI del hasta entonces Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera. También fue detenido el penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez, alias el Porcino, un alias que lo dice todo, como en la época de los bandoleros los alias como Sangrenegra revelaban más que el nombre y el apellido. ¿El motivo de la detención del fiscal anticorrupción? Una alianza criminal entre Moreno y Pinilla para obtener dinero del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de favores de Moreno para incidir en los expedientes que cursaban contra Lyons.
Como el ex gobernador Lyons Muskus consideró excesivas las exigencias del fiscal anticorrupción, su abogado Darío Bazzani habló con el fiscal general Néstor Humberto Martínez para denunciar a Moreno, nacido en Barranquilla en 1981. Se montó entonces una operación encubierta para grabar subrepticiamente a Moreno en Miami, donde se encontraba Lyons para evitar ser capturado. El 16 de junio de 2017 Moreno viajó a Miami en comisión oficial para dictar una conferencia sobre El Nexo de Narcotráfico y Lavado de Activos en la Lucha contra la Corrupción. ¡Ni más ni menos! Con motivo del viaje se reunieron él y Pinilla con Lyons dentro de un automóvil estacionado en el Dolphin Mall. La DEA grabó con cámaras y micrófonos ocultos la entrega de 10.000 dólares en efectivo a Moreno como parte del soborno pactado. Once días después Moreno fue capturado en Bogotá. «Sencillamente caí, me equivoqué», dijo en una carta en que aceptó su culpa y que contenía la siguiente frase afrentosa en un alto funcionario público, pues asimiló su traición a una enfermedad: «Hoy sé que a cualquiera de nosotros le puede pasar».
De la captura de Moreno surgió el cartel de la toga, la red de abogados, magistrados y ex magistrados que cobraban por archivar expedientes en la Corte Suprema de Justicia. El nombre de Musa Besaile se mencionó desde las primeras noticias sobre el corrupto fiscal anticorrupción pues se recordó que Besaile y Bernardo Elías impulsaron la candidatura de Lyons, antes un desconocido, a la gobernación. Elías es cuñado de Lyons, que se casó con su hermana Johana Elías.
Más adelante se descubriría que desde noviembre de 2016, un mes después de llegar al cargo, Moreno ofreció sus servicios a Lyons para engavetar los procesos. El procedimiento consistía en que Moreno abrumaría a sus subalternos con trabajo para que no pudieran concentrarse en las pesquisas contra Lyons.
Fue solamente a mediados de agosto de 2017 cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló específicamente el nombre de Musa Besaile como uno de los tres políticos mencionados por el abogado Pinilla. Los otros dos eran Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos.
En las grabaciones, Moreno y su socio el abogado Leonardo Pinilla, alias el Porcino, para demostrar sus habilidades ante el ex gobernador, mencionaron los servicios prestados a Musa Besaile para frenar una orden de captura en su contra. Besaile tiene varios procesos en la Corte pero el más antiguo, por nexos con paramilitares, estuvo inactivo durante más de diez años. Según las grabaciones, Pinilla y Moreno le habían cobrado $3.000 millones a Besaile. La cifra fue corregida luego cuando Besaile reconoció a finales de agosto de 2017 que pagó $2.000 millones. Lo confesó ante las autoridades y en entrevista con la periodista Vicky Dávila. Con un toque agudo, Semana describió el caso: «El senador reconoció que el expediente no estaba inocentemente dormido, sino que lo sedaron con 2.000 millones de pesos».
Mesa Besaile dio su versión de los hechos en declaración que rindió el 20 de septiembre de 2017 ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En primer lugar se refirió al lanzamiento de un libro de Gustavo Moreno, en septiembre de 2014:
Para la época de marzo de 2014 fui elegido senador de la República con la más alta votación de la costa caribe colombiana y del país, cuando obtuve la primera votación de toda la Unidad Nacional. Posterior a esa elección del 2014 fui invitado al lanzamiento de un libro en un club del norte de la ciudad donde se lanzaba el libro de los falsos testigos cuyo autor era el doctor Gustavo Moreno. A ese lanzamiento me dirigí con mi abogado el doctor Luis Ignacio Lyons. En dicho lanzamiento del libro me di cuenta que había magistrados, ex magistrados, fiscales, ex fiscales, procuradores, ex procuradores, senadores, ex senadores, representantes y ex representantes. En el centro del lanzamiento se encontraba Sigifredo López, el ex diputado del Valle del Cauca, estaba el ex almirante Arango Bacci, y precisamente al lado de mi silla se encontraba la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez. El doctor Gustavo Moreno termina su lanzamiento y se acerca a saludar a mi abogado el doctor Luis Ignacio Lyons, lo saluda, me lo presenta y aparte de eso me presenta a dos personas, me presenta al doctor Francisco Ricaurte y me presenta al doctor Leonidas Bustos.
Tiempo después del lanzamiento, Ricaurte, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre 2004 y 2012, invitó a Besaile a su apartamento, según la versión del senador, y le indicó que Moreno era el abogado que necesitaba para salir bien librado del expediente por parapolítica en su contra.
En diciembre de 2014 Moreno, por medio de Lyons —su abogado Luis Ignacio Lyons, no el ex gobernador Alejandro Lyons, aunque los dos Lyons son primos—, citó a Musa Besaile a una reunión en el hotel J.W. Marriott de Bogotá, según el relato del senador. Al comienzo estuvo presente Ricaurte pero luego los dejó solos y Moreno le pidió a Besaile sus celulares para que no se pudiera grabar la reunión, siempre según el senador:
Me dice: Yo solamente vine a decirle, su proceso está mal llevado, al igual que el proceso del senador Julio Manzur. Yo soy la única persona que lo puede ayudar. Ud. debía estar agradecido conmigo. En síntesis ese fue el contenido de esa reunión. El señor se para, coge su celular, me entrega el mío y se va. Salgo, hablo con mi abogado, le digo doctor Luis Ignacio le relato la reunión que tuve con ese personaje de Moreno y le digo doctor Luis Ignacio, usted y yo sabemos que ese proceso no tiene nada que ver, que es un proceso que lleva mucho tiempo, usted y yo sabemos cuántas solicitudes de archivo hemos presentado. Ud. sabe que no hay ningún testimonio. Me dice, eso es cierto doctor Besaile, yo vivo encima, pero más sin embargo doctor Luis Ignacio sé que vive encima del proceso, pero más sin embargo hágame el favor y vaya a la Corte revíselo nuevamente, el 27700. El doctor Luis Ignacio se dirige a la Corte revisa el proceso y nuevamente me dice senador no hay nada, no hay ninguna prueba que lo comprometa a usted, el proceso sigue en preliminar no ha tenido usted una investigación formal, entonces no hay de qué preocuparse, ese personaje de Moreno está diciendo mentiras.
En enero de 2015 fue capturado el ex senador Julio Manzur, por orden de la Corte Suprema de Justicia. Después de esa captura y antes de finales de marzo de ese año, Moreno citó a Musa Besaile a otra reunión, esta vez en el hotel Radisson de Bogotá, en la cual se repitió el procedimiento de decomisarle los celulares, según lo narrado por el senador:
Me dice, le voy a hablar claro, usted o me da 6.000 millones de pesos en efectivo aquí en la ciudad de Bogotá, no los voy a ir a buscar a ninguna parte del país, me los da a través de su abogado el doctor Luis Ignacio Lyons, no me meta más personas en esto, en efectivo antes de Semana Santa. Yo le dije, 6.000 millones de pesos ¿Ud. sabe lo que son esa cantidad de dinero? Yo no tengo esa cantidad de dinero. Me dijo no vaya a pensar que ese dinero es para mí solo, senador, ese dinero no es para mí solo senador, ese dinero es para mí, para mi papá, yo le pregunto quién es su papá, él me habla con la boca y me menciona el nombre de la persona y yo lo entendí, pero quise comprobarlo y ratificarlo y le pregunto quién es su papá, me lo escribe en un papel y me dice Leonidas Bustos el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La reunión siguió desarrollándose así, de acuerdo con el senador Besaile:
Me dice, usted que es un senador de la República, que es un hombre rico, que es un hombre que acaba de sacar la primera votación del país, usted que eligió al presidente de la República, si no los tiene le es muy fácil conseguir esos recursos, yo le dije pues no me es fácil y aún menos me es fácil cuando usted me está diciendo que los necesita antes de Semana Santa, y Semana Santa está a poco menos de un mes. Sí los necesito antes de Semana Santa porque mi papá y el equipo se van de vacaciones y necesito la plata aquí en efectivo. Le dije, pues doctor Gustavo Moreno proceda, proceda con la orden de captura que usted dice que está en contra mía, porque yo no tengo los 6.000 millones de pesos para dárselos. Me dice, deje de estar llorando como una niña, usted en vez debe de estar agradecido conmigo, siempre lo he sentido incómodo y molesto, es un problema para que usted asista a las reuniones, voy a hacer una cosa especial con u usted, se lo dejo en 4.000 millones de pesos y se lo vuelvo a repetir, en efectivo, en la ciudad de Bogotá antes de Semana Santa y me los manda a través de su abogado, el doctor Luis Ignacio Lyons. Yo le dije no tengo ni los 4 ni los 6.000 millones que usted me está pidiendo, humanamente me es imposible, y más cuando usted me está pidiendo una plata de una orden de captura injusta para mi concepto en un proceso que no tengo nada que ver, donde han pasado tantos magistrados titulares y suplentes, donde han pedido todas las pruebas, si usted lo conoce tanto como me lo dice sabe que no hay nada. Me dijo, senador yo no voy a perder el tiempo con usted. No me vaya a responder enseguida. Lo que le voy a decir se lo voy a decir inconsulto con mi papá y el equipo. No sé si me van a regañar, pero lo voy a hacer porque usted es un hombre creyente y yo también, algo así dijo, no me responda enseguida, se lo dejo en 2.000 millones de pesos, me los trae aquí a la ciudad de Bogotá me los manda con su abogado el doctor Luis Ignacio Lyons antes de Semana Santa porque mi papá y mi equipo se van de vacaciones, volvió a repetir.
El senador habló con su abogado después de la cita en el hotel Radisson con el futuro fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación:
Le conté y le narré todo al doctor Luis Ignacio, me dijo senador cálmese, estoy hay que tomarlo con cabeza fría. Yo me dirigí a mi departamento, me reuní con mi hermano mayor Jhony Besaile, le relaté lo que estaba sucediendo y mi hermano me dijo, vamos a denunciarlo, yo le dije yo también quiero denunciarlo pero ven y yo te explico quién es ese personaje. Le expliqué a mi hermano que era el actual asesor del fiscal general adscrito al despacho para temas de la Corte Suprema, que me hablaba que los recursos eran para él y su papá, y le dije quién era su papá, el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Leonidas Bustos. Que era un personaje que había escrito varios libros, que cogía un teléfono y le iban a creer más a él que a mí, que podía coger un teléfono y llamar a un periodista y le iban a creer más a él que a mí. Que si tu mirabas el internet, las redes, salía al lado de muchos magistrados, de muchos fiscales, y del procurador, y que a pesar que nosotros teníamos poder político, era insignificante en estos momentos al lado de él. Entonces fue cuando mi hermano me sugirió hacer un documento escrito relatando los hechos que le acabo de narrar y lo autenticamos en una notaría.
Con o sin documento, Musa Besaile se allanó a pagar el soborno a Gustavo Moreno.
La entrega de cuatro contados de $500 millones en efectivo de parte de Musa Besaile la corroboró su abogado Luis Ignacio Lyons España, el cual declaró que él, Lyons, llevó personalmente el dinero a la oficina de abogado de Gustavo Moreno, salvo la última entrega, que la hizo en un apartaestudio de Moreno, a la sazón convaleciente de una cirugía. Lyons precisó que el senador se atrasó en la última entrega que se debía hacer en Semana Santa de 2015 y que por la demora: «Ellos empiezan a amenazar con que van a devolver lo que les habían entregado y hacer efectiva la orden de captura y el doctor Musa se acelera y dice que ya va a mandar el recurso y es cuando antes del sábado santo o viernes santo hace entrega de los últimos quinientos millones de pesos».
Besaile siguió diciendo ante la Comisión de Acusación:
Moreno tenía doble personalidad. En la sociedad era una dama y un tipo de buenos modales. Pero en privado era un demonio. Era un tipo que sabía presionar, sabía extorsionar. Esa reunión del Radisson, una reunión horrible que la recordaré toda mi vida. Cómo el tipo me humillaba. Cómo el tipo quería hacerme creer que yo era culpable de un delito, que hoy digo que Dios me corte la vida si tengo algo que ver con parapolítica en este país. Y el tipo me quería hacer creer que yo era culpable, me llevaba hasta la mínima expresión, con palabras soeces, humillantes, sabía cómo seducir, no se descomponía, era un tipo que no era principiante. Y aquí lo demuestro en mi testimonio, no era la primera extorsión que el personaje hacía, ya había hecho muchas. Lo que uno a veces se pregunta, sabiendo todos estos delitos que había cometido no sé cómo lo nombran fiscal anticorrupción.
¿Seducir con palabras soeces? Tal vez el senador quiso decir intimidar con palabras soeces. Se seduce con halagos. Pero no viene al caso reprocharle a Musa Besaile un solecismo cuando se le pueden enrostrar conductas inmorales y fechorías de marca mayor.
Musa Besaile no solo no negó haber entregado $2.000 millones sino que confesó haberlos pagado en cuatro contados. Pero la interpretación que le dio al pago no se la creyó nadie. Dijo que él no era responsable de un soborno sino que había sido víctima de una extorsión de parte de Gustavo Moreno. Después Besaile desapareció durante unos días. La Corte Suprema de Justicia expidió el 25 de septiembre de 2017 la orden de captura por el soborno pero solamente se pudo hacer efectiva el 5 de octubre. Ese día se reveló un video en que Besaile aparece sentado en un sofá negro con sus tres hijos menores de edad y con su esposa, la cual afirmó que su marido lo único que hizo «fue denunciar a un bandido, a un extorsionista que ya fue judicializado en los Estados Unidos, cogido in fraganti, allá lo están pidiendo en extradición, y aquí hoy quieren llevar a mi esposo por un delito supuestamente de cohecho». La esposa, Olga Milena Flórez, señorita Sucre en 1999, agregó que Besaile se presentaba con la frente en alto «porque el que nada debe, nada teme». ¿Otro solecismo?
Tampoco fue creíble la queja que otro abogado del senador, Víctor Mosquera Marín, dijo haber presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tiempo irracional en la resolución de su situación jurídica por la acusación por paramilitarismo «pues lleva más de 11 años afrontando un proceso preliminar y que desemboca en una extorsión en los últimos tres años».
En los días previos a la orden de captura, a Musa Besaile se le apareció un abogado de oficio, el Excelentísimo Señor Presidente de la República, que lo incluyó entre los invitados de honor a la ceremonia en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para el encuentro con el Papa Francisco. Besaile fue fotografiado en la tribuna pero cuando se dio cuenta que lo habían visto abrió una sombrilla para ocultarse. Esto ocurrió el 7 de septiembre de 2017, cuando Besaile ya había confesado públicamente ante la Corte Suprema el pago de los $2.000 millones.
Ni la bendición papal salvó al senador. Ante la Corte Besaile argumentó que no hubo cohecho porque los $2.000 millones no se les entregaron a funcionarios públicos sino a dos particulares, el ex magistrado Francisco Ricaurte y el abogado Gustavo Moreno, insistió en que no era responsable por «insuperable coacción ajena» pues fue extorsionado por Moreno, y enfatizó la inexistencia de peculado. Este delito surgió cuando el ex gobernador Alejandro Lyons acusó a Musa Besaile de pagar los $2.000 millones con $600 millones que le correspondían al senador por el serrucho pactado entre los dos para saquear a Córdoba. Es decir, se pagó un soborno a un magistrado con un soborno departamental.
La Corte Suprema rechazó el argumento de la coacción, que exige el empleo de la violencia, la cual no se presentó por parte de Gustavo Moreno. «La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita», señalaron los magistrados. Estos precisaron:
El acto de pagar a los jueces es un acto ilegal y desestabilizador de un Estado cuya legitimidad se sustenta en la construcción del orden justo, algo que seguramente un Senador no puede ignorar. De modo que hacer de la intervención de la justicia la razón de ser de un pago ilícito será siempre inaceptable en cualquier circunstancia y más aún por quien tiene, dada su posición social y política, el deber de acatar las órdenes judiciales y la posibilidad de discutir por medios legítimos decisiones de esa naturaleza.
La Corte Suprema le dio plena credibilidad al testimonio de Gustavo Moreno pues la relación entre él y Musa Besaile:
No fue fortuita, ni el resultado de ocasionales coincidencias, y sus sórdidos pactos no fueron el producto de la «coacción» de un fugaz desconocido, sino la concertada negociación entre personas con indiscutible grado de confianza, en las que intervino, para conferirle cierto toque de seguridad, el ex magistrado Francisco Ricaurte, amigo cercano del doctor Gustavo Malo Fernández, quien como responsable del caso tenía la capacidad de maniobra procesal que un pacto ilícito de esa naturaleza requería.
Una declaración de Musa Besaile fue utilizada en su contra por la Corte Suprema de Justicia para desmentir la tesis de la coacción. En una reunión con Gustavo Moreno, el senador pidió hablar con el ex magistrado Francisco Ricaurte: «Yo quiero hablar con el dueño del circo y no con los payasos».
La justicia no le creyó a Besaile el cuento de que un tal José Miguel Ramírez Gómez le había prestado los $2.000 millones del soborno. Por el contrario, el peculado también quedó confirmado por la Corte Suprema con fundamento en una reunión que Besaile sostuvo con Alejandro Lyons frente a la Pescadería Jaramillo en el parque de la 93 en Bogotá en febrero de 2015. Besaile le contó a Lyons que le pedían una suma muy importante para evitar su captura. Días después en Montería, el senador le dijo a Lyons que había acordado el pago de los $2.000 millones para evitar su captura y le preguntó si podía darle mil millones de pesos. Lyons le contestó que podía entregarle $600 millones que eran la parte de Besaile en «unos acuerdos que teníamos en algunos temas que involucran corrupción administrativa». En febrero o marzo de ese año 2015 Lyons le entregó esa suma en efectivo al senador, de los cuales 400 millones de pesos los tenía en su casa y el saldo lo llevó Sami Spath, persona de confianza de Lyons para transportar efectivo. Lyons explicó que tenía un acuerdo con Musa Besaile para repartir por mitad las comisiones que cobraría el gobernador por los contratos de ciencia y tecnología financiados con regalías: se robarían $12.000 millones sobre contratos de $80.000 millones.
Para la Corte Suprema, la actuación de Musa Abraham Besaile Fayad tuvo un solo propósito: «Desarticular la justicia como esencia del Estado a partir de la previa defraudación de su patrimonio». Firmaron la decisión los magistrados Luis Antonio Hernández, José Luis Barceló y Fernando Alberto Castro.
Cuando en febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Besaile por peculado y cohecho, afloró la verdad, pero no la que tenía en mente el senador:
El único pecado que ha hecho Musa Besaile fue haber sacado la votación más alta del país y desde ahí me han venido anónimos, estigmatizaciones, han trapeado el piso con mi nombre, pero siempre aflora la verdad.
***
El soborno pagado por el aliado más votado del presidente Santos no significó que el senador no albergara culpa por Odebrecht. En julio de 2017 la Fiscalía estimó en más de $84.000 millones los pagos irregulares hechos por Odebrecht para la adjudicación de obras públicas. En esa suma estaban incluidos los US$11.1 millones confesados por la compañía desde diciembre de 2016 y $34.653 millones más dirigidos a obtener la adición de la ruta Ocaña-Gamarra. Esta suma en pesos fue pagada por las filiales de Odebrecht en Colombia utilizando contratos simulados, es decir, dineros que supuestamente representaban costos de la vía pero que servían para pagar coimas pues el objeto del contrato ficticio no se cumplió. Adicionalmente se investigaba a los beneficiarios finales de pagos simulados realizados en 2010 y 2014, con lo cual se alcanzaría la cifra global de más de $84.000 millones en coimas desembolsadas por Odebrecht. La Fiscalía hizo una precisión pertinente:
Todas las evidencias respecto a estos pagos han sido acopiadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el territorio colombiano y, como se advierte, NO corresponden a los pagos realizados desde el exterior por el Departamento de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT, es decir no hacen parte de los $11,1 millones reconocidos por la compañía ante autoridades extranjeras.
Por ese esquema de pagos descubierto en Colombia y que no fue objeto del plea agreement (acuerdo de culpabilidad) firmado en Nueva York, la Fiscalía ya había imputado a las siguientes personas o anunció que les formularía imputación:
– Eder Paolo Ferracuti, ciudadano portugués, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol.
– Marcio Marangoni, ciudadano brasilero, funcionario del consorcio constructor Ruta del Sol, Consol.
– Amilton Idekai Sendai, ciudadano brasilero, funcionario de la Constructora Norberto Odebrecht.
– Federico Gaviria Velásquez, asesor de Odebrecht. Aceptó lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
– Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos. Aceptó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
– Gustavo Adolfo Torres Forero, representante legal de Profesionales de Bolsa, sociedad comisionista de bolsa.
– Mauricio Vergara Flórez, funcionario del consorcio Sion.
– Gabriel Dumar Lora, funcionario del consorcio Sion.
– Básima Patricia Elías Náder, prima de Bernardo Elías.
Por las mismas coimas descubiertas en Colombia por fiscales colombianos no podía la Fiscalía acusar directamente a ciertas personas que tenían fuero, pero el comunicado de julio 25 de 2017 indicó que se consideraban en principio culpables de recibir los pagos ilícitos. El comunicado afirma:
Los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidencias testimoniales y documentales recaudadas, con destino a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Miguel ELIAS VIDAL, Musa BESAILE FAYAD, Plinio OLANO BECERRA y Antonio GUERRA DE LA ESPRIELLA, quienes han sido mencionados en las diligencias surtidas en la indagación, como presuntos beneficiarios de estos pagos.
El comunicado de julio de 2017 es particularmente relevante no solo en cuanto acusa a Musa Besaile sino porque constituye un desmentido rotundo de la Fiscalía frente al presidente Santos, el cual afirmaba que a Odebrecht en el país le había ido como a los perros en misa. Esto fue lo que afirmó oficialmente la Fiscalía:
Durante los años 2014 y 2015, desde Colombia y por conducto de las sociedades colombianas Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2) y el Consorcio Constructor Ruta del Sol-CONSOL, filiales de ODEBRECHT, se llevaron a cabo pagos relacionados con la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, a través de contratos simulados, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios que —según las evidencias recaudadas— no se habrían ejecutado ni prestado.
En el mismo sentido, el director jurídico de Odebrecht, Yezid Arocha, había declarado anteriormente en la Fiscalía que con el apoyo político que obtuvo Otto Bula se logró viabilizar la vía Ocaña-Gamarra pues la obra no tenía financiación estatal sino que se costeaba con los peajes y con la financiación que consiguiera el concesionario, para lo cual necesitaba unas cláusulas especiales. Esas cláusulas fueron las que se concretaron aceleradamente gracias a los sobornos.
Con el descubrimiento de los pagos ilegales realizados en 2014 y 2015 por Odebrecht por medio de contratos simulados o irreales o ficticios o inflados, la Fiscalía desautorizó y desmintió al presidente en relación con un discurso que Santos pronunció el 8 de marzo de 2017 en la inauguración de la nueva terminal internacional del aeropuerto de Cali:
Esa empresa Odebrecht quiso penetrar todos los países de América Latina. También en el África, corrompiendo funcionarios, ganándose licitaciones por la forma indebida, y haciendo negocios indebidos. Pero aquí es este gobierno se encontró con un muro. Por lo menos en mi gobierno a Odebrecht le ha ido como a los perros en misa. Pero alguien esta mañana dijo: ¿Por qué dice el Presidente que le fue como los perros en misa y qué tiene que decir con el otrosí de la carretera Ocaña-Gamarra? Qué bueno poder decir ahí también: no hubo absolutamente nada indebido. Porque este Gobierno se ha esforzado precisamente en eso, en que la ética y la moral imperen en cualquier decisión que toma el Gobierno.
***
Para recapitular, las acusaciones contra Musa Besaile provenientes del escándalo Odebrecht comprenden:
* Recibir dinero de las coimas pagadas por la ruta Ocaña-Gamarra, que sumaron más de $34.000 millones según la Fiscalía.
* Recibir coimas como miembro del grupo Los Buldócer para que el gobierno le garantizara a Odebrecht un sustancial ahorro de impuestos al eximirla de la reforma tributaria que entró en vigencia en 2013. El beneficio se consiguió a través del llamado contrato de estabilidad jurídica. El total de sobornos pactados a favor de los senadores fue de 2 millones de dólares.
Como la Fiscalía no puede investigar a los parlamentarios, corresponde a la Corte Suprema de Justicia la instrucción de los procesos contra Musa Besaile. A comienzos de 2018 esas investigaciones están todavía lejos de una sentencia definitiva.
***
Son muchas las coincidencias entre Musa Besaile y el Ñoño Elías. Ambos surgieron a la sombra de Juan Manuel Santos. Ambos fueron cruciales para hacerlo reelegir en 2014. Ambos fueron defendidos públicamente por Santos en 2014, en un tono beligerante, como personas que no habían hecho nada ilegal. Ambos nacieron en Sahagún. Ambos son ingenieros civiles de profesión. Ambos son menores de cincuenta años: Besaile nació en 1970 y Elías en 1976. Ambos fueron defendidos públicamente con una pancarta en Sahagún, después de revelados los sobornos, como «sahagunenses a mucho honor». Ambos presentaron ante el Honorable Senado de la República trascendentales proyectos de ley: Besaile para que Mocoa, Putumayo fuera Distrito Especial, Biodiverso y Ancestral; Elías para declarar patrimonio cultural inmaterial de la Nación la celebración de la Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna de Envigado, Antioquia, hoy ley 1812 de 2016. Ambos tienen nexos familiares con lo más selecto del peculado en el departamento de Córdoba. El Ñoño es cuñado del ex gobernador Alejandro Lyons, que saqueó las regalías y creó el cartel de la hemofilia, fraude destinado a robar los impuestos con ficticios pacientes. Musa Besaile es hermano de Edwin Besaile, sucesor del bandido Alejandro Lyons en la gobernación de Córdoba. Edwin Besaile fue suspendido por el procurador Fernando Carrillo por el mismo desfalco del cartel de la hemofilia: se hicieron pagos por tratamientos a pacientes inexistentes o con la firma falsificada de un hematólogo. La Fiscalía señaló: «Edwin Besaile como candidato y gobernador desangró las arcas públicas».
Es pertinente citar nuevamente al Premio Nobel de la Paz cuando en 2014 defendió al Ñoño Elías y a Musa Besaile:
Los congresistas no han recibido un solo peso de los proyectos que se han hecho en todo el país. Ellos no son los que reciben la plata. La plata la ejecutan los alcaldes y los gobernadores. Uno no puede condenar a una persona que no ha hecho nada ilegal.
***
Los magistrados y ex magistrados cuestionados por la venta de órdenes de captura —el llamado cartel de la toga— son varios: Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. El que intervino directamente para insinuarle a Musa Besaile quién podía ayudarlo para engavetar una orden de captura fue Ricaurte, aliado con Gustavo Moreno. Pero años atrás otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa, favoreció a Musa Besaile con una inverecunda decisión.
En el 2011 el magistrado de la sala penal Sigifredo Espinosa Pérez, que fue nombrado en la Corte Suprema de Justicia en 2004, absolvió de forma inusual a Musa Besaile por una acusación de soborno. Inusual y dudosa porque prevalido de su condición de juez utilizó la misma argumentación deleznable empleada por Juan Manuel Santos para defender a Musa Besaile y al Ñoño Elías. A saber, que los congresistas no reciben partidas del presupuesto. En términos coloquiales, que no existen los cupos indicativos ni la mermelada ni la regionalización del presupuesto.
La denuncia que llegó a la Corte Suprema sostenía que Musa Besaile le había pagado una coima de $700 millones a un representante a la Cámara del Amazonas por permitir que una partida de $7.000 millones fuera manejada por Besaile e invertida no en el Amazonas sino en Córdoba.
El magistrado Sigifredo Espinosa se negó a abrir investigación contra Musa Besaile porque «los congresistas no tienen la posibilidad de recibir partidas presupuestales específicas para invertir a su capricho en las regiones que representan». Lo mismo que sostuvo Santos, que los pulcros, pulquérrimos e integérrimos Ñoños y Musas no manejan dinero.
Sigifredo Espinosa también afirmó a favor de Musa Besaile:
Resulta un exabrupto que el denunciante pretenda hacer creer que el Gobierno Nacional tiene a disposición de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso, dineros o partidas del Presupuesto General de la Nación como costumbre clientelista para manejar el apetito de las mayorías afines al Gobierno. Ningún Congresista de la República de Colombia puede recibir partidas presupuestales para invertir en su departamento o autorizar traslados de los mismos a otras regiones. Los congresistas no tienen la posibilidad de recibir partidas presupuestales específicas para invertir a su capricho en las regiones que representan.
El magistrado Sigifredo Espinosa cometió un prevaricato al negarse a abrir la investigación. Si la denuncia consistía en que un representante a la Cámara por el Amazonas había recibido una coima de $700 millones por ceder una partida presupuestal, lo procedente era indagar si efectivamente se había producido un incremento en el patrimonio del congresista, que se llama Manuel Antonio Carebilla, y es un sujeto que se presta para falsificaciones y otros ilícitos. En lugar de indagar si se registró ese aumento patrimonial, que era lo que le correspondía como juez de instrucción, Sigifredo Espinosa le preguntó a Musa Besaile si había delinquido. Besaile contestó:
Enfáticamente tengo que señalar que a mí jamás me entregaron u ofrecieron partidas del Presupuesto General de la Nación para realizar algún acto correspondiente a mis funciones.
Espinosa le dio plena credibilidad a la respuesta de Besaile y anotó que desde la Constitución de 1991 los auxilios parlamentarios «se encuentran totalmente prohibidos y, por tanto, ningún Congresista de la República de Colombia puede recibir partidas presupuestales para invertir en su departamento o autorizar traslados de los mismos a otras regiones».
También están prohibidos el homicidio, el peculado, el hurto y muchas conductas más. Si están prohibidas no pueden existir y por lo tanto no se deben investigar. Esa es la tesis que plasmó Sigifredo Espinosa para no investigar al senador Musa Besaile.
La denuncia contra Besaile la presentó un ex asesor de Carebilla, Rafael Moreno Godoy, el cual afirmó que le oyó hablar a Carebilla de una coima pagada por Besaile. En 2016 otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier, sí procedió en forma legal cuando el mismo ex asesor denunció penalmente a Carebilla por recibir $260 millones a cambio del nombramiento de dos funcionarios en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Uno, José Ramón Becerra Osorio, logró con el nombramiento un aumento de sueldo (ganaba $2.200.000) y después se jubiló con pensión de $5.600.000. La funcionaria Amparo Ospina de Vacca con el nombramiento que le compró a Carebilla duplicó su sueldo a $6.700.000 y después se jubiló con una pensión de $11 millones.
Además, Carebilla nombró empleados ficticios en su UTL, que no iban a trabajar y cuyos sueldos percibían personas que estaban inhabilitadas. Uno porque teniendo pensión de invalidez no podía ser nombrado, otro porque fue sancionado por la Procuraduría. Uno más porque estaba embargado por el Citibank y no quería figurar con ingresos a su nombre. Los empleados ficticios sirvieron de testaferros para cometer el fraude a cambio de una comisión mensual que les pagaban los inhabilitados.
Manuel Antonio Carebilla tuvo que retirarse del cargo de gobernador del Amazonas, al cual fue elegido en 2016, cuando el magistrado Eugenio Fernández Carlier lo acusó formalmente por cohecho, falsedad y peculado.
Aparte de haber favorecido a Musa Besaile al abstenerse de investigar la denuncia, Sigifredo Espinosa acumulaba otro antecedente vergonzoso, como responsable de una de las más ignominiosas injusticias judiciales de que se tenga noticia en Colombia.
Como magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Espinosa confirmó una condena a 42 años y 10 meses de prisión contra una joven campesina de Abejorral, Antioquia, acusada de infanticidio en la muerte de su bebé en un parto que ella misma atendió sin ayuda de nadie porque ocultó el embarazo a su familia. El infanticidio también está prohibido por la ley, pero en el caso de Alba Lucía Rodríguez Cardona, Sigifredo Espinosa sí aplicó una condena y fue una condena mayor que las aplicadas a asesinos que dieron muerte a decenas de personas, como el negro Vladimir.
La joven fue violada en 1995. Tuvo el parto en un baño y perdió al bebé. El médico del hospital de Abejorral y el fiscal de la población la acusaron penalmente. Fue condenada en primera instancia, y el bárbaro Sigifredo Espinosa confirmó la sentencia. La abogada Ximena Castilla representó a Alba Lucía Rodríguez Cardona ante la Corte Suprema de Justicia en casación, que equivale a anular una sentencia, y logró que la joven fuera liberada y declarada inocente. Para la Corte hubo un parto mal asistido, el bebé se enredó en el cordón umbilical y murió. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobierno de Colombia reconoció que la condena fue injusta y en un acuerdo de solución amistosa se comprometió a indemnizar a la víctima. Además el gobierno aceptó pedir perdón a la joven, lo que se verificó en 2012 en ceremonia pública en Abejorral, cuando la ministra de Justicia Ruth Stella Correa Palacio afirmó que «el Estado lamenta profundamente los hechos y condena con firmeza las irregularidades en este proceso judicial».
Pero el magistrado Sigifredo Espinosa no pidió perdón a la víctima por la atroz sentencia que profirió y seguramente está disfrutando de una mal habida y jugosa pensión de jubilación.
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