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A lo largo del año 2017, la Fiscalía anunció en repetidas ocasiones que abría nuevas líneas de investigación por corrupción en el caso Odebrecht.
En efecto, las pesquisas permitieron ampliar de manera significativa el número de acusados. Odebrecht confesó los sobornos que se divulgaron en diciembre de 2016 pero las otras ramificaciones y las consecuentes imputaciones corrieron por cuenta de la Fiscalía.
Por un contrato celebrado entre el Acueducto de Bogotá y Odebrecht en 2009 para la descontaminación del río Bogotá en el sector Tunjuelo-Canoas, fue imputado por soborno el ex alcalde Samuel Moreno Rojas, nieto e hijo de amigos de lo ajeno y él mismo uñilargo conocido y condenado. Por peculado y otros delitos derivados del mismo contrato fueron imputados un subcontratista, Orlando Fajardo Castillo, y el interventor, Jaime Buenaventura Quintero Sagré. También fueron cobijados por imputaciones de soborno y peculado Paola Fernanda Solarte Enrique y Carlos Alberto Solarte, miembros del consorcio adjudicatario del contrato.
Otra investigación penal que no hizo parte de la confesión inicial de Odebrecht, fue la relacionada con el contrato de estabilidad jurídica que el gobierno nacional firmó en 2012 a favor de Odebrecht para eximirlo de los nuevos impuestos que habrían sido aplicables a la compañía al entrar a regir en 2013 una reforma tributaria. Reforma tributaria es el nombre engañoso y falaz que se le da en Colombia a los aumentos de impuestos. El contrato en sí no está prohibido por la ley pero para «afianzar el trámite» (léase aceitar la maquinaria), Odebrecht despachó $4.000 millones desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, beneficiando, entre otros a su lobista Federico Gaviria, y a senadores.
También fue notable cómo las pesquisas de la Fiscalía llevaron a la quiebra de una sociedad comisionista de bolsa. No mucha gente cayó en cuenta de este hecho, que sin implicar una estafa que hubiera lesionado a inversionistas del mercado de valores —como sí sucedió con Interbolsa— sí representó una revelación más de cómo en la bolsa de valores los ilícitos y la mala fe están a la orden del día.
La entidad que sucumbió se llamaba Compañía de Profesionales de Bolsa. El delito que descubrió la Fiscalía consistió en que la comisionista firmó un falso contrato de asesoría financiera y banca de inversión con el concesionario de la Ruta del Sol para el cierre financiero de la vía Ocaña-Gamarra. En teoría el concesionario desembolsó casi $10.000 millones a favor de Profesionales de Bolsa por esos servicios especializados, pero en realidad el contrato era ficticio o simulado. No se encontraron comprobantes ni soportes técnicos sobre los trabajos contratados. Sencillamente la comisionista se prestó para firmar un contrato que sirvió para justificar un gasto a cargo del concesionario y sin prestar la asesoría pactada facilitó sus cuentas para hacer pagos a los verdaderos beneficiarios de la maniobra.
Cuando el presidente de Profesionales de Bolsa, Gustavo Adolfo Torres Forero, fue capturado por la Fiscalía en julio de 2017 y se le acusó de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la comisionista no tuvo más remedio que inactivarse, que en la jerga de la bolsa de valores significa que no siguió operando. Luego la comisionista decidió liquidarse voluntariamente, tras operar en bolsa desde 1987. Las inversiones del público fueron devueltas o pasaron a otra comisionista. Según la Fiscalía, Profesionales de Bolsa distribuyó parte de los sobornos girados por Odebrecht a Otto Bula, es decir, una parte de los 4.6 millones de dólares que le correspondieron al ex senador.
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Otra línea de investigación impulsada por la Fiscalía afectó a una figura del sector financiero mucho más importante que el presidente de Profesionales de Bolsa. Se trata de José Elías Melo Acosta, que fue superintendente bancario y dirigió una de las filiales financieras fundamentales del Grupo Aval controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo. A Melo se le dictó medida de aseguramiento en agosto de 2017 y aunque recuperó la libertad en enero de 2018 no ha sido declarado inocente.
Según la prensa colombiana, Melo fue enterado por el presidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno, sobre el soborno pagado al viceministro Gabriel García Morales para asegurar el contrato de la Ruta del Sol 2. En este contrato Odebrecht participaba con el 62% y Corficolombiana con el 33%, por medio de una filial llamada Episol.
La Fiscalía acusó a Melo de dos delitos: soborno (cohecho) e interés indebido en la celebración de contratos. «Se hicieron pagos de sobornos para beneficiar a Odebrecht y a Episol, filial de Corficolombiana en cabeza de Melo Acosta, adjudicación llevada a cabo por el exviceministro García Morales, pagos exigidos a José Luiz Bueno Junior, presidente de Odebrecht en Colombia», argumentó la Fiscalía.
La fuente de la Fiscalía para la imputación contra Melo fue la propia Odebrecht, de acuerdo con este comunicado oficial de la Fiscalía:
Según las declaraciones entregadas por funcionarios brasileños de la firma Odebrecht, el señor Melo Acosta sabía claramente de los pagos irregulares hechos por medio de la firma Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol), que alcanzan una cifra superior a los 16 mil millones de pesos.
La Fiscalía también adujo el testimonio de un ex presidente de Episol para acusar a Melo:
Según [Mauricio] Millán, al preguntarle al señor Melo Acosta sobre estas cantidades de dinero, este le manifestó que no debía preocuparse, que eran gastos operacionales, por concepto de consultorías; lo que le causó aún más sospechas porque no existían los estudios técnicos al respecto.
La defensa de Melo se refirió a un soborno pagado por Odebrecht que le fue reembolsado a Odebrecht por la sociedad concesionaria de la Ruta del Sol 2, Consol. En Consol participaban, como se dijo, Odebrecht como socio mayoritario y Episol como minoritario. Según se divulgó, Luiz Bueno dijo haber discutido el tema del reembolso con Melo. Este alegó que en la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo no era fácil hacer giros clandestinos pues todas las decisiones tienen múltiples controles.
La columnista María Jimena Duzán divulgó la existencia de un documento firmado por Bueno y por otros dos directivos de Odebrecht, según los cuales le contaron a Melo que García Morales exigió un soborno. Los otros dos fueron Luis Antonio Mamery, director de Odebrecht para América Latina, y Luis Eduardo Da Rocha Soares. Habrían acordado, según esos ejecutivos, pagar el soborno exigido por García Morales entre Odebrecht y Corficolombiana con cargo a las cuentas del contrato.
No han aflorado pruebas contundentes e irrefragables sobre la participación o conocimiento de Melo en cuanto al soborno de 2009 o en cuanto al reembolso del soborno. No se sabe si aparecerán en el juicio.
A Melo lo defendieron públicamente varios ex ministros de Hacienda —Hugo Palacios Mejía, Rudolf Hommes, Luis Fernando Alarcón y Alberto Carrasquilla—, así como un abanico de economistas muy conocidos, como Salomón Kalmanovitz, Armando Montenegro y María Mercedes Cuéllar. No dijeron en carta pública que Melo fuera inocente y que existían las pruebas para demostrarlo, sino que confiaban en que la justicia lo encontrará inocente. Resaltaron que Melo ha sido un «funcionario de larga y limpia trayectoria en el sector público y en el privado».
Sí dieron a entender que Melo era víctima de los delincuentes de Odebrecht que lo acusaban para exculparse y para cumplir los acuerdos de colaboración con los fiscales:
El país con razón está indignado con tantos escándalos de corrupción. Uno de los peores ha sido el de la empresa criminal montada por los dueños de Odebrecht para corromper a lo largo y ancho de América Latina. Algunos de los comprometidos procuran extender su responsabilidad a otras personas. Una de las víctimas de esta situación ha sido José Elías Melo. Proveniente de una familia modesta, se graduó con honores de la Universidad Javeriana. En el Gobierno del Presidente Barco ya era secretario de la entonces Junta Monetaria y se convirtió en el asesor indispensable de varios ministros de Hacienda. Discreto, diligente y muy inteligente, se ha caracterizado además por su férrea fe religiosa y un compás moral y ético que siempre han guiado sus actuaciones. Sin queja alguna a través de sus cargos en la vida pública de viceministro de Hacienda, Superintendente Bancario, Presidente del Banco del Estado y Ministro de Trabajo, en todos ellos dejó buen nombre de funcionario eficiente y recto. Esa misma fama de éxito y probidad lo acompañó en su vida privada como Presidente de Megabanco y, así lo creemos, como Presidente de Corficolombiana.
Las pruebas documentales irrefutables que demuestren que Melo sí sabía del soborno o que lo autorizó no se conocen, o tal vez no existen. Es posible que solamente exista la prueba testimonial de los ejecutivos de Odebrecht que lo acusan. Por lo demás, Melo se declara inocente. Alega que Odebrecht tenía una estrategia mundial de sobornos a funcionarios oficiales, por lo que no necesitaba a Melo para ese efecto. Aduce también que la Fiscalía tiene pruebas del pago del soborno a Gabriel García Morales pero no de que Melo estuviera enterado o hubiera participado en la coima.
Lo que sí llama poderosamente la atención es cómo el mismo aval generoso y cálido que le extendieron varios ex ministros de Hacienda a Melo no lo recibió de Corficolombiana, entidad que Melo presidió hasta mayo de 2016 durante diez años y la cual se limitó a desear que su ex presidente «pueda probar su inocencia» y a precisar que el ex funcionario se retiró por razones personales que no tenían relación con los delitos cometidos por Odebrecht.
Corficolombiana, que es el mayor operador y constructor de carreteras con peajes en Colombia, dejó abierta la puerta a una posible actuación ilícita de alguno de sus agentes: «Si alguna persona procedió de manera ilícita, lo hizo a nombre propio y en claro abuso de la confianza depositada en su gestión».
Ya desde marzo de 2017 Corficolombiana —que invierte en infraestructura, agroindustria, hoteles y energía, además de sus negocios financieros— se había declarado indignada por las coimas y había manifestado que las juntas directivas de Corficolombiana y de su filial Episol no se enteraron ni participaron «en los actos de corrupción cometidos, que se dieron entre Odebrecht y algunos servidores públicos en torno al contrato». Expresaron que tampoco habían autorizado a persona alguna a proceder de manera ilícita y que si alguien pretendió hacerlo a nombre de Corficolombiana o de Episol actuó abusando de la confianza depositada.
Corficolombiana se enteró de los sobornos de Odebrecht por informaciones de prensa y por las revelaciones de la Fiscalía, declaró la entidad financiera. «En forma categórica, CORFICOLOMBIANA condena cualquier práctica corrupta. Su junta directiva jamás conoció ni autorizó a Odebrecht para ofrecer y pagar suma alguna en relación con el referido contrato», indicó la corporación financiera.
Corficolombiana informó que cuando se conoció públicamente la corrupción de Odebrecht realizó investigaciones internas exhaustivas que permitieron «descartar, con absoluta certeza, que CORFICOLOMBIANA hubiese efectuado pagos ilícitos a funcionarios públicos o a intermediarios. Por lo tanto, cualquier especulación acerca de supuestos pagos ilícitos realizados por CORFICOLOMBIANA es absolutamente falsa e irresponsable».
¿Por qué afirmó Corficolombiana que como entidad financiera no hizo pagos ilícitos pero no negó categóricamente que los hayan realizado sus ex colaboradores? ¿Los ex colaboradores pudieron acaso haber cometido actos ilícitos con sus propios recursos?
Corficolombiana señala que se enteró de las coimas por la Fiscalía y por las revelaciones de prensa divulgadas a partir del 21 de diciembre de 2016, fecha del acuerdo de culpabilidad de Odebrecht con autoridades de los Estados Unidos.
Pero ya en junio de 2015 cuando la policía federal de Brasil capturó a Marcelo Odebrecht, Corficolombiana pidió a ejecutivos de Odebrecht que vinieran a Colombia a explicar lo sucedido. Los ejecutivos viajaron y dieron a Corficolombiana todo tipo de garantías plausibles. Nadie sospechó que la corrupción en Odebrecht se desbordaría hasta Colombia, según Corficolombiana.
Estas afirmaciones las hizo en febrero de 2017 Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, en rueda telefónica con los inversionistas de esa compañía en los Estados Unidos. Grupo Aval se cotiza en la Bolsa de Nueva York. Si llegara a demostrarse en el juicio contra José Elías Melo que Corficolombiana sí fue cómplice del pago de la coima, o que tuvo conocimiento del soborno, o que fondos de Corficolombiana se utilizaron para el ilícito, Sarmiento Gutiérrez habría cometido un delito según las leyes federales de los Estados Unidos al suministrar información falsa a la Comisión de Valores (SEC, Securities and Exchange Commission). Por ese motivo, se puede pensar que no se encontrarán pruebas de la complicidad de Episol o de Corficolombiana en el soborno para conseguir el contrato de la Ruta del Sol 2 que se le pagó a Gabriel García Morales. Subsistiría entonces una única duda: ¿Asumió Odebrecht la totalidad del pago del soborno de 6.5 millones de dólares pese a que en la concesión tenía solamente el 62% de las acciones? Planteado en otros términos: ¿Odebrecht hizo una erogación con cargo a un contrato que no era exclusivamente suyo sin buscar luego un reembolso de parte del socio Corficolombiana?
Hay que tener presentes las palabras de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, pues se consideran virtualmente hechas bajo juramento:
Como absolutamente no tuvimos conocimiento de las actuaciones ilegales de nuestro socio, oficialmente solicitamos que se nos reconociera en el proceso penal como víctimas de los actos de Odebrecht.
El original en inglés dice: «Because we had absolutely no knowledge of our partner’s illegal actions, we officially requested to be made part of the case as victims of the actions of Odebrecht».
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Frente a la actividad investigativa desplegada por la Fiscalía desde cuando explotó el escándalo Odebrecht el 21 de diciembre de 2016 y frente a las nuevas líneas de investigación que con posterioridad fueron desarrollando los fiscales, hay que anotar que fue notable, que estuvo marcada por la celeridad y que es ejemplo de lo que debería ser siempre la Fiscalía. Empero, hay una línea de investigación que no se ha explorado y que es tan importante como las otras que han desembocado en capturas, imputaciones y juicios. Es la que podría llevar directamente a la Casa de Nariño. Sabiéndose como se sabe que los dos senadores que fueron cruciales para la reelección de Juan Manuel Santos, Musa Besaile y Bernardo Elías, recibieron sobornos muy elevados para sus campañas y para las campañas presidenciales, como lo ha reconocido el Ñoño Elías, no puede quedar en el aire la posible conexión entre esos fondos negros y la reelección del Premio Nobel de Paz. La pregunta es muy sencilla: ¿Con los sobornos de Odebrecht se compraron votos en Córdoba y en otros lugares para la segunda vuelta de la elección presidencial de 2014?
La Fiscalía no puede investigar a los senadores, que tienen un fuero o juez especial, que lo es la Corte Suprema de Justicia. Pero sí puede investigar los delitos electorales, concretamente el de corrupción de sufragante, que consiste en entregar dinero o dádiva al votante:
El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de doscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para que se pueda decir que en Colombia la Fiscalía investigó todos los delitos derivados del escándalo Odebrecht, sin ánimo de encubrir a nadie, procede destacar una comisión de fiscales a Sahagún para que establezca si el 15 de junio de 2014, fecha de la segunda vuelta, hubo compra de votos por parte de Musa Besaile o del Ñoño Elías, o si por el contrario la elección fue pulcra, transparente y legítima. Ese día en Sahagún se vieron personas humildes, con ropa remendada o mal vestidas, que se bajaban de camionetas de $400 millones frente a puestos de votación y luego de votar subían a los mismos vehículos para regresar a sus barrios o lugares de origen. ¿Ninguno de ellos recibió un solo billete? ¿Solamente el transporte como dijo el Ñoño Elías?
La Corte Suprema de Justicia inició en febrero de 2018 una indagación contra 230 congresistas para verificar si vendieron sus votos en el parlamento a favor de proyectos de ley presentados por el gobierno de Juan Manuel Santos a cambio de cupos indicativos o de otros beneficios. Con esta decisión judicial que arroja sospechas sobre el gobierno, la Fiscalía no puede dejar de investigar si hubo compra de votos para la reelección que se decidió por obra y gracia de Musa Besaile y Bernardo Elías y por cuenta, parcialmente, de los sobornos de Odebrecht.
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